El juez que investiga las amenazas a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un chat de policías municipales ha citado como testigos para este jueces a varios integrantes de ese grupo de WhatsApp. Juan José Escalonilla, titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, ha aceptado la petición de la defensa de dos acusados, que piden estas declaraciones para aclarar “la relación entre los integrantes” de este foro.
Tres agentes están siendo investigados por amenazar a uno de sus compañeros en ese chat, creado inicialmente para tratar una reivindicación laboral. Además en el foro se produjeron también amenazas a Carmena, además de a otros políticos y periodistas. Hubo hasta loas al fascismo y deseos de pegar palizas a inmigrantes. Todo se investiga en la causa abierta en los juzgados de Plaza de Castilla.
El juez abrió una investigación a finales del mes de noviembre y tomó declaración a C.C.P, I.A.A. y R.S.F., tres agentes de ese chat que fueron inmediatamente suspendidos de empleo y sueldo por parte de la Policía Municipal de Madrid. Tras escucharles, el juez desestimó su principal línea de defensa: que se trataba de bromas en el contexto de una conversación privada. Consideró que un chat con más de un centenar de participantes que muchos de ellos ni se conocen no puede considerarse una conversación privada.
Ahora, el juez escuchará a seis testigos propuestos por la defensa de los agentes, entre los que se encuentran dos policías municipales vinculados con sindicatos que restaron importancia a esos comentarios. La defensa de los agentes ha pedido que declaren para explicar, entre otras cosas, las “provocaciones” de algunos integrantes del chat, las relaciones “de confianza o desafección” entre esos agentes y “el criterio que los integrantes mantienen respecto a la difusión pública de parte de su contenido”.
Uno de los que declarará como testigo es Carlos Bahón, que ejerce como portavoz de la Asociación Policía Municipal Unificada (APMU), organización que aseguró que los mensajes de los agentes pertenecen a “su pensamiento y esfera privada, dentro de su libertad de expresión, siendo vulnerado su derecho a la intimidad”. Otro de los testigos será Julian Leal, exportavoz del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), quienes pusieron el foco en el denunciante, al que criticaban por “buscar en el tiempo comentarios aislados sin conocer el contexto”.
Leal dejó de ser portavoz de ese sindicato policial cuando se publicó que había participado en una protesta junto con el grupo neonazi Hogar Social. Unas semanas después también perdió su puesto de observador en el tribunal de las oposiciones que se estaban celebrando para la Policía Municipal.
Este último fue especialmente activo en el chat policial. Por ejemplo, fue quien envió una captura de la noticia sobre el día de la Hispanidad que desata la ira de algunos agentes contra la alcaldesa. “Hija de la grandísima puta roja de mierda mal parida” es una de las respuestas que recibe a su captura de pantalla.
Cuando la conversación giró de los deseos de que Carmena tenga una muerte “agónica” a los mensajes contra la inmigración, Leal interviene: “En toda España, ilegales FUERA…esa es la Ley. Sin miramientos. Y al que delinca, fuera”. Leal pide a lo largo de ese intercambio en en el grupo que las fronteras estén “bien cerraditas”, con vigilancia del Ejército, y aplaude a quien apuesta por electrificar la valla de Melilla. Cuando la charla adquiere tintes más violentos, este agente propone lapidar a los inmigrantes.
CCOO, el sindicato al que pertenece el agente que denunció el caso, ha propuesto que declare como testigo su secretario general en la policía de Madrid, Emiliano Herrero. Como el denunciante, también sufrió amenazas y se difundió una lista de las elecciones sindicales en la que se le señalaba.
Entre las diligencias que va a pedir el sindicato también está la declaración del primer administrador que tuvo el chat y que lo abandonó cuando se convirtió en un foro lleno de mensajes amenazantes y loas al fascismo. De hecho, entre las capturas del chat que maneja hay varios mensajes de este administrador lamentando el cariz que ha tomado la conversación.
Además, quieren que se investigue el acceso a los datos del denunciante desde una comisaría de Madrid. Un agente consultó su dirección y la matrícula de su coche cuando algunos integrantes del chat habían comenzado a amenazarle de muerte.