Del Constitucional a los letrados del Congreso: las cuatro veces que fracasó la investigación parlamentaria al rey

El cuarto intento de investigar las finanzas del rey en el Congreso volverá a fracasar. El PSOE ha confirmado este jueves que no apoyará la creación de la comisión de investigación sobre el rey emérito que han solicitado ERC y el Grupo Plural (JxCat, Más País, Compromís, BNG) a raíz de las informaciones sobre la solicitud de datos que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción a Suiza por la presunta entrega de 100 millones de euros de Arabia Saudí a Juan Carlos I, que adelantó eldiario.es este miércoles. Unidas Podemos ya ha asegurado que la apoyará, pero el rechazo de los socialistas, unido al de PP y Vox, impedirá previsiblemente que la iniciativa prospere en la Mesa del Congreso, que será la encargada de calificarla en las próximas semanas.

El grupo que pilota Adriana Lastra insiste en que los letrados del Congreso siempre han rechazado la creación de esos instrumentos y que seguirá el criterio fijado por los servicios jurídicos del Parlamento. Fuentes socialistas sostienen, además, que el poder Legislativo no puede controlar a otro poder del Estado.

En los últimos años la Cámara Baja ha rechazado en varias ocasiones cualquier tipo de investigación del monarca y su fortuna, así como intentos de reprobar al anterior jefe del Estado. Siempre que grupos de izquierda o nacionalistas han planteado iniciativas similares a la presentada este jueves por ERC y el Grupo Plural los letrados del Congreso han justificado que el rey emérito gozaba de inviolabilidad en los años que se pretendían analizar, que coinciden con su mandato al frente de la Jefatura de Estado.

Cuando en 2017 se empezaron a publicar informaciones acerca de las grabaciones realizadas por el excomisario José Manuel Villarejo que demostrarían la relación del monarca con cuentas en Suiza, la Mesa del Congreso ya rechazó tramitar una petición de comparecencia registrada por En Comú Podem para que el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el general Félix Sanz Roldán diera explicaciones al respecto.

No obstante, Sanz Roldán sí compareció en el Congreso en julio de 2018 y a petición propia en la comisión de Secretos Oficiales que se celebró a puerta cerrada –y de la que sus asistentes tuvieron prohibido desvelar nada– tras las informaciones publicadas entonces por El Español y OKDiario en las que se aseguraba que la princesa Corinna Larsen da a entender en las citadas grabaciones que el rey emérito tiene cuentas en Suiza y que la utilizaba a ella como testaferro. La comparecencia de Sanz Roldán se sumó a la que había protagonizado el 19 de marzo de 2013 sobre este mismo asunto y en la que negó cualquier vinculación de los servicios de inteligencia con Corinna Larsen.

En 2018, la Mesa del Congreso rechazó hasta tres veces investigar a Juan Carlos de Borbón. En julio de ese año Unidas Podemos también registró junto a ERC, Compromís, PDeCAT y Bildu, una petición similar a la presentada este jueves para crear una comisión que investigara las supuestas actividades irregulares del rey emérito mencionadas en una conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo a Corinna Larsen.

El máximo órgano de gobierno de la Cámara Baja vetó la iniciativa en septiembre de ese mismo año con los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos. Entonces los tres grupos se remitieron también a los servicios jurídicos del Congreso, que consideran que el Parlamento no tiene competencias de control sobre el jefe del Estado. Unidas Podemos, entonces, recurrió asegurando que las investigaciones que realizaría la solicitada comisión afectarían a las actividades de Juan Carlos de Borbón a partir de 2014, cuando dejó de ser inviolable al abdicar en favor de su hijo, el actual rey Felipe VI. Pese a la matización, la Mesa volvió a rechazar la iniciativa en octubre, alegando de nuevo la protección constitucional de la Corona recogida por los letrados de la cámara.

Unidas Podemos lo volvió a intentar en noviembre de 2018 cuando presentó otro recurso en la Mesa del Congreso criticando que dicho órgano tratara de perpetuar la inviolabilidad del monarca con “efectos permanentes”. Pero la Mesa volvió a rechazarlo y forzó al grupo confederal a enviar una carta a Juan Carlos I para que compareciera en la sede de la soberanía popular a petición propia, algo que de momento no ha sucedido.

El fallo del Constitucional 

No solo los juristas del Congreso se oponen a que se investigue al rey en el marco parlamentario sino que el Tribunal Constitucional fijó jurisprudencia al respecto en una sentencia de octubre de 2019 en la que anuló la comisión de investigación sobre la monarquía que impulsó el Parlament de Catalunya. El tribunal de garantías se pronunció a partir de un recurso interpuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2019 al entender que fiscalizar a la jefatura del Estado excedía las competencias de la Cámara autonómica. En ese mismo sentido se pronunció con el intento de reprobación de Felipe VI por su discurso del 3 de octubre de 2017.

Además de considerar que ni la comunidad ni su cámara legislativa tienen capacidad de controlar a la familia real, el Constitucional consideró que la propuesta del Parlament vulneraba el artículo 56.3 de la Carta Magna que establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. “La inviolabilidad preserva al rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos, que se hallan fundamentados en su propia posición constitucional, ajena a toda controversia, a la vista del carácter mayoritariamente debido que tienen”, rezaba la sentencia.