El Constitucional suspende la comisión de investigación del Parlament que pretendía investigar a la Casa Real
El Constitucional ha decidido por unanimidad admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la creación de una comisión de investigación que pretendía analizar en el Parlament catalán las actividades supuestamente delictivas en el entorno de la Casa Real. La admisión a trámite supone, de facto, la suspensión de la citada comisión, de la que el Gobierno asegura que carece de competencias para investigar las actividades del rey y su entorno.
En su informe, la Abogacía del Estado ha considerado que la citada comisión vulnera el Estatut, el reglamento del Parlament y las facultades del Poder Judicial. El Constitucional ha debatido si la creación de una comisión de ese tipo supone solo una decisión política o comporta efectos jurídicos. La conclusión ha sido que con la puesta en marcha de esa investigación parlamentaria se podrían estar invadiendo competencias judiciales.
No es la primera vez que el Constitucional pone freno al desarrollo de comisiones de investigación parlamentaria. El pasado mes de enero, el TC corrigió el dictamen de la comisión que investigó en Galicia las responsabilidades por al accidente del Alvia en Santiago. En aquella sentencia se advirtió de cara al futuro que este tipo de investigaciones parlamentarias deben abstenerse de imputar delitos en sus escritos de conclusiones.
La decisión del TC se ha tomado con rapidez, apenas una semana después de que el ejecutivo hubiera presentado su recurso. Con el acuerdo se frenan en seco los trabajos de una comisión que se puso en marcha a principios de marzo con el apoyo de JxC, ERC, Catalunya en Comú y la CUP. Votaron en contra de su creación Ciudadanos, PSOE y PP.
Los trabajos ya habían comenzado con la propuesta de comparecientes. En ese listado figuraban Corina Zu Sayn-Wittgenstein y el comisario Villarejo. A ambos se les quería preguntar sobre la presunta existencia de cuentas irregulares en Suiza a nombre del anterior jefe del Estado.
Pese a su carácter suspensivo, la decisión adoptada no es firme. El Constitucional da un plazo de enmiendas para que el Parlament, el Abogado del Estado y la Fiscalía aporten las alegaciones que consideren de cara a la toma de una decisión definitiva en forma de sentencia.
