IU presenta una propuesta de ley en la Asamblea para quitar los “privilegios” a los expresidentes extremeños

Del mismo modo, la proposición pide la desaparición de un salario para los expresidentes, un derecho al que han renunciado tanto Juan Carlos Rodríguez Ibarra como Guillermo Fernández Vara, mientras que defiende la instalación del despacho oficial para el expredidente dentro de las instalaciones del propio Parlamento de Extremadura.

En rueda de prensa en Mérida, el diputado del Grupo Parlamentario de IU-V-Siex, Víctor Casco, ha considerado que “haber sido presidente de la Junta de Extremadura no te da derecho a ser más, tampoco a ser menos que el resto de ciudadanos”.

Así, Casco ha pedido el voto a favor de todos los grupos parlamentarios en el Parlamento regional y ha mostrado su deseo de que, en el plazo de un mes y medio, se pueda debatir una iniciativa encaminada a “quitarle todos los privilegios a los presidentes que lo han sido en esta comunidad”.

“CRITERIOS DE AUSTERIDAD”

La propuesta de ley, que se compone de cuatro artículos, recoge que “es justo reconocer” a quien ha ostentado la “más alta representación” de una comunidad autónoma su labor, aunque matiza que dicho reconocimiento “debe hacerse desde los criterios de austeridad, transparencia y ejemplaridad”.

Según ha explicado Casco, “uno de los problemas” que existe con estatuto de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura es que “se estipulan los privilegios, pero no hay ningún tipo de control”.

“La Asamblea de Extremadura ha estado, aunque eso ya está paralizado en los últimos años, pagando dietas y kilometraje al expresidente Ibarra. Ha estado manteniendo cuatro puestos de trabajo de libre designación por parte de Ibarra, ha estado manteniendo su oficina, que costó 900.000 euros”, ha criticado el diputado regional, que ha indicado que “la información era absolutamente opaca”.

En este sentido, ha afirmado que los “únicos” que conocían la información eran los miembros de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, mientras que “el resto de los ciudadanos no lo conocían, ni siquiera el resto de los diputados”.

Además, ha declarado que el estatuto actual de expresidente “entraría en colisión con la ley de transparencia”, porque “el grado de opacidad que existe en el actual estatuto de los presidentes es contrario al grado de transparencia que se recoge en la Ley de Gobierno Abierto”.

A este repecto, ha dicho que el uso que han estado dando los dos expresidentes, “y fundamentalmente el señor Ibarra”, se desconoce “por completo”.

A preguntas de la prensa, Casco ha dicho que, en estos momentos se sabe que hay “una persona contratada por el señor Vara y tres personas, más un chofer, contratado por Ibarra”.

“Sabemos, porque lo han anunciado así en prensa, que las tres personas de libre designación de Ibarra están trabajando en su fundación, en la fundación que él ha creado dentro de su partido”, ha declarado Casco, que ha recordado que Juan Carlos Rodríguez Ibarra utilizó la oficina del expresidente de la Junta “hasta hace dos años, cuando saltó el escándalo a raíz de una información periodística que se publicó”.

OFICINA DEL EXPRESIDENTE

Por otro lado, Víctor Casco ha pedido que la Oficina del expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que en la actualidad se encuentra en “desuso”, pueda convertirse en la sede del Comité de Entidades de Representantes de Minusválidos (Cermi) de Extremadura.

Para ello, IU-V-SIEX pedirá en la Comisión de Salud y Política Social, a través de una propuesta de pronunciamiento, que se haga un convenio con el Cermi, una organización que según ha dicho desarrolla su labor en una sede “deficitaria”.

Así, ha indicado que la oficina, que se encuentra en Mérida, dispone de 342 metros cuadrados, “costó casi 900.000 euros” y es propiedad de la Asamblea de Extremadura, ante lo que ha defendido su uso “social”, teniendo en cuenta que “no se utiliza, ni por parte de la administración regional, ni por parte de la Asamblea de Extremadura”.

Por otro lado, Víctor Casco ha explicado, a preguntas de los periodistas, que desde septiembre de 2011 las tres fuerzas políticas “deberían de haberse reunido” para tratar un nuevo estatuto del expresidente, en el que “se quitaran algunos o todos los privilegios que actualmente tiene el que está en vigor”.

“Han pasado los meses, nosotros lo hemos intentado, que conste, nos hemos dirigido a las dos fuerzas políticas para pedirles que avancemos en esa línea, incluso estamos dispuestos a ceder (...), pero aún así no se ha avanzado, y por eso nosotros ya presentamos directamente la proposición de ley”, ha expresado en su intervención.