Izquierda Plural pregunta a la Comisión Europea qué va a hacer con el amaño de las petroleras en España
La portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento europeo, Marina Albiol, ha preguntado a la Comisión Europea por los pactos entre cinco petroleras españolas sobre el precio del combustible, que ya ha valido una sanción de Competencia y que investiga la Audiencia Nacional. Albiol quiere saber si la Comisión tiene constancia de la información y, en su caso, si va a adoptar medidas contra las cinco operadoras.
“Pactaron los precios en las temporadas del año en las que más personas utilizan el transporte privado para desplazarse, las vacaciones de verano e invierno, fijando tarifas que favorecerían su propio enriquecimiento. Esto supondría un acuerdo para repartirse el mercado y fijar los precios, algo contrario a la legislación europea”, recoge Albiol en una pregunta escrita.
Son prácticas contrarias a los intereses de los consumidores que prohibe el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en los artículos 101 y 102, a los que se refiere la eurodiputada.
El 3 de septiembre, el juez Fernando Andreu dictó un auto en el que se declara competente para investigar un presunto delito de alteración de los precios del mercado, recogido en el artículo 284 del Código Penal. El juez admitía a trámite la querella presentada por una asociación de consumidores alicantina y otra de Manos Limpias, al tiempo que imponía la condición de querellados a Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp, así como a los máximos responsables de las citadas compañías. En la misma resolución advertía que todos ellos serían citados a declarar en la Audiencia Nacional.
Por los mismos hechos, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) multó en febrero con 32,4 millones de euros a las citadas petroleras. Competencia consideró probado que las compañías habían incurrido en intercambio de información, pacto de no agresión y coordinación comercial en materia de precios. Para adoptar la decisión se sirvió de los correos electrónicos y notas incautadas durante los registros efectuados por la Comisión Nacional de Competencia, su antecesora, en la primavera y el verano 2013. Esos mensajes y notas fueron incorporadas al citado informe confidencial y ahora son parte de la causa que instruye Fernando Andreu en la Audiencia Nacional.
El pasado sábado, eldiario.es publicó las notas y correos electrónicos en los que se centra la investigación de la Audiencia Nacional para demostrar que hubo amaño entre las compañías. En una nota incautada en 2013 al director de la Red de Estaciones de Servicios de Cepsa, este había escrito: “Pacto de no agresión. No se mueve. Argumento de protección del precio en estaciones para no competir a la baja. No se puede firmar”.
En 27 de diciembre de 2012, el director general de Meroil escribió un correo electrónico al director de Relaciones Institucionales de Disa quejándose de la diferencias de precio en la gasolina de 95 octanos. El representante de Disa quería saber si se trataba de un error o es “política de competencia”. Ese mismo día, dos después de la Navidad, recibe la siguiente respuesta: “Creo que es que hoy vamos lentos con los cambios por la resaca”.
