El juicio por la adjudicación irregular de VPO en Ceuta trasluce una ciénaga de corrupción

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta dejará vista para sentencia la próxima semana tras mes y medio de juicio oral la mayor macro causa de la ciudad autónoma, que sienta en el banquillo a más de cincuenta expolíticos, empleados públicos y ciudadanos anónimos por la presunta adjudicación irregular de viviendas de protección oficial, uno de los bienes más cotizados en la localidad norteafricana española, a cambio de dinero o tráfico de influencias. 

Con casi 300 años de cárcel para todos ellos en las conclusiones provisionales, es solo la punta del iceberg de la ciénaga de corrupción que se atisba en los más de 5.000 folios de un sumario preñado de escuchas que las defensas han intentado sin éxito anular a toda costa. “El Derecho termina en el Estrecho”, reza el tópico.

Durante años corrió por la ciudad el rumor de que había alguien en el puerto que era capaz de conseguir por billetes una VPO al margen de cualquier otro requisito. Lo mismo se ha dicho siempre sin pruebas sobre el acceso a la Policía Local o Bomberos. Al primer cotilleo la Udyco consiguió ponerle cara y nombre: Hamed A.M., el guardamuelles que ha puesto la Sala patas arriba dos veces desde finales de octubre tras alcanzar un pacto con la Fiscalía para librarse de la cárcel a cambio de su colaboración.

En su declaración como encausado, el hombre, a cuyo hermano en busca y captura también se acusa de “intermediar” entre quienes pagaban por casas y el supuesto “cabecilla” de la trama, el exdiputado autonómico del PP Antonio López, que se enfrenta a una petición de 26 años de cárcel, se dio la vuelta y empezó a señalar con nombres y apellidos a todos los que le dieron dinero para saltarse la lista de más de 4.000 demandantes de vivienda existente en la ciudad. 

Días después, tras escuchar a López argumentar a preguntas de su abogado que había ceutíes que le acosaban por un negocio fallido con relojes de lujo, el Ministerio Público solicitó un careo en el que exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa, las siglas que dan nombre al caso) descarriló en silencio. “Yo me ratifico en todo lo que he dicho. No me echo atrás para nada. Puedo decir todo lo que hemos hecho, lo que hemos hablado, de qué manera lo hemos hablado... Le he protegido, gracias a mí no le han metido mano y a todos los acusados les dijo que él había cogido el dinero y se encargaría de devolverlo... El único negocio fue el de las casas”, espetó.

El 'intermediario' y los 'compradores' confesos de casas que se beneficiarán de una rebaja de petición de condena de la Fiscalía por su colaboración y “dilaciones indebidas” se han convertido en la pieza clave de unas diligencias cuyas raíces se remontan a 2013, cuando la Policía Nacional escuchó por primera vez en sus pesquisas sobre un asesinato cotorrear a un vigilante de seguridad de las promociones que el Estado construía cerca de la frontera de qué manera comprar una VPO.

Aquel 'pinchazo' fue catalogado como posible estafa y archivado con dos palabras clave: “Dinero” y “casas”. En 2015, tras las elecciones autonómicas, cuando el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acabó con la carrera política de López, un periódico de Ceuta publicó una supuesta lista de adjudicatarios de 317 viviendas protegidas que la entonces consejera de Fomento, Susana Román, hoy encausada con una petición de 11 años de cárcel sobre sus espaldas, denunció de inmediato.

La Policía Nacional encargó a la Udyco de Ceuta el asunto y la jueza instructora, de la mano del inspector que entonces era su pareja sentimental, autorizó una pléyade de escuchas bajo secreto de sumario en las que no solo se oyen tejemanejes sobre viviendas, sino también empleos públicos, el otro objeto de deseo más cotizado en la ciudad, y en concesionarias de servicios de la administración. Incluso hasta de cómo acceder con privilegios a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario.

“De todas las conversaciones interceptadas, todas ellas van relacionadas a la búsqueda de 'chanchullos' o vinculadas a conseguir trabajos para los demás a base de tráfico de influencias o cohecho concluyeron los agentes tras oír a varios de quienes López ha descrito ante el tribunal como ”grandes conseguidores de votos“ para el PP de Ceuta.

La Audiencia Provincial deberá decidir si Antonio López, detenido en Marbella el día de los enamorados de 2017, era un águila de los negocios (ha atribuido su gran patrimonio a que “los problemas son una oportunidad” en el ámbito inmobiliario y de la bolsa) o un pirata que, aprovechándose de que el Gobierno de Ceuta dejó en sus manos durante años la gestión directa de la política de vivienda en la ciudad, sacaba hasta 20.000 euros por casa a necesitados con liquidez.

También tendrá que dilucidar si los expolíticos procesados, dos antiguas consejeras del Ejecutivo local (Román y Rabea Mohamed) y el líder de la oposición (Mohamed Ali) formaban parte de la trama mirando para otro lado desde la Comisión Local de la Vivienda, donde las técnicos citadas han reconocido que nunca se hizo ninguna alerta de ilegalidad.

Las sesiones de la vista, retransmitida por YouTube para garantizar su audiencia pública ante la falta de espacio en la sala con tanto acusado, han sido utilizadas por las defensas para poner contra las cuerdas la instrucción no solo por el supuesto afán de notoriedad que han atribuido a la jueza instructora y el inspector responsable de las pesquisas, quienes proyectaron con luz y taquígrafos la detención de todos los políticos encausados en el cénit de sus carreras frustradas, sino también con informes periciales que acreditan que el teléfono móvil intervenido a López ruló por media España cuando supuestamente debía estar en Ceuta.

“No iban detrás de López ni del supuesto 'caso Emvicesa', sino a por el pez gordo para crear una 'Gürtel de Ceuta”, aseguran fuentes cercanas al principal encausado, que en la vista ha declarado que el agente que le detuvo le prometió que esa misma noche podría cenar con su pareja si le daba “lo que quería” sobre la “financiación irregular” del PP regional, que gobierna la ciudad desde hace más de veinte años, ahora con el apoyo del PSOE.