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Turull se las tiene con el fiscal sin olvidar que hay temas que es mejor no tocar

Jordi Turull mira al fiscal durante su declaración.

Iñigo Sáenz de Ugarte

Al poco de comenzar el interrogatorio del exconseller Jordi Turull, el fiscal Jaime Moreno lanzó una pregunta que no es la primera vez que se escucha en el juicio del procés: “¿Es usted socio de Omnium?”. Turull no podía negarlo –lo es desde hace más de veinte años–, y además comentó que es socio de Cáritas, Oxfam Intermón y el RAC. No era suficiente con la ironía y siguió: “Me sorprende que se me haga esa pregunta. No sabía que fuera delito. No lo era durante el franquismo”.

No todos los días un fiscal del Tribunal tiene que escuchar eso. No debe sorprenderse si los fiscales preguntan a varios consellers sobre su militancia política, por lo demás bien conocida.

El exconseller de Presidencia, antes al frente del grupo parlamentario de JxSí, se presentó combativo en su comparecencia. Aceptó responder a las preguntas del fiscal –no así después Raül Romeva– y fue contundente y polemizó siempre que lo estimó necesario. Pero cuando se tocaban temas más sensibles sobre la organización y ejecución del referéndum, no se dejó arrastrar por la belleza del combate verbal. Ahí llegó el turno de alegar desconocimiento.

Los defensores ya se habrán ocupado de dejar claro lo obvio a sus clientes: si quieren pringarte en algo potencialmente delictivo, que lo demuestre la fiscalía. Tú, callado. Puedes elegir entre 'no lo sé', 'no recuerdo' o 'no me consta'. Turull apostó por el primero.

En el espinoso terreno en el que se mueve la fiscalía, está claro que para conseguir condenas por delitos muy graves tiene que tirar de varios palos al mismo tiempo. No en todos se mueve sobre posiciones sólidas. Cuando hay resoluciones parlamentarias, contratos o adjudicaciones, trabaja sobre hechos concretos. Al intentar dibujar una gran estrategia conspiratoria responsabilidad de los políticos que están en el banquillo, se sumerge en interpretaciones y especulaciones políticas menos claras y que permiten a los acusados iniciar un animado debate. En este momento del juicio, eso le sirve a la acusación entre poco y nada.

Marchena pone orden

Como presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena no está aquí para organizar un buen espectáculo televisivo. En la sesión del martes tuvo que intervenir varias veces para marcar límites a las dos partes. Nunca de forma descortés. Para mantener la calma en este juicio, lo importante es que nadie se sienta ofendido.

Marchena fue firme para decir a Turull que no hiciera “juicios de valor” sobre las preguntas de la fiscalía (ya había hecho unos cuantos). “Vamos a evitar ejercicios especulativos sobre lo que podría haber pasado. Preguntemos lo que el acusado sabe o no”, comentó al fiscal Moreno para frenar una de sus expediciones a la caza de la respuesta que no iba a recibir. “Puede preguntar sobre eso, pero no puede aspirar a que la respuesta le satisfaga”, fue el comentario que recibió la abogada del Estado Rosa María Seoane. Hubo para todos.

En realidad, Marchena está dando un amplio margen a las acusaciones y las defensas. Eso no quiere decir que haya barra libre para eternizar el juicio.

“De abajo hacia arriba”

Cuando Turull estaba más lanzado, intentó dar una teórica sobre el origen del procés. “El movimiento independentista va de abajo hacia arriba y después hay políticos y entidades que quieren recoger este sentimiento y darle una salida política, pacífica y democrática”, dijo. Es precisamente la “salida política” lo que se juzga en el Tribunal Supremo, porque fueron los políticos los que tomaron las decisiones que cruzaron los límites de la ley, según la fiscalía. No fueron los ciudadanos de ideas independentistas los que trazaron la estrategia, sino los gobernantes elegidos en las urnas.

Sobre la supuesta intención de tener planeado elevar el umbral de conflictividad –la fiscalía intenta constantemente recurrir al presunto uso de la violencia–, Turull lo negó todo: “Los hechos lo desmienten. El Govern y el Parlament han buscado de forma insistente la negociación y el diálogo”.

El exconseller sí concedió una pequeña victoria a la fiscalía cuando le preguntaron qué se hizo tras recibir las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) para que no hicieran en el Govern lo que finalmente hicieron. “Hicimos un ejercicio de ponderación. Ponderar que el Govern se debe al Parlament, que estaba despenalizado el convocar referendos, que el voto nunca puede ser ilícito en una democracia, ponderar nuestro compromiso con los ciudadanos”, explicó Turull.

El listado de tareas pendientes antes de decidir si se cumple o no un auto del TC resultaba tan amplio que el tribunal habrá tomado nota de que cumplir las resoluciones del TC no era una prioridad para los acusados.

Ahí fue donde Turull disfrutó del momento de denunciar un doble rasero al introducir los incumplimientos de sentencias del TC por el Gobierno central. Un argumento de peso ante la opinión pública, pero irrelevante en este juicio. El tribunal no puede denunciar la hipocresía de algunos políticos ni juzgar a todo el sistema político, sino sólo a unos acusados en concreto.

“No lo sé”

Luego llegó el momento en que el exconseller se vio obligado a reconocer su ignorancia sobre hechos que tuvieron relación con él. Ese es el instante en que un abogado defensor está más atento. No es momento para errores.

Fiscal: “Cuando presentaron las urnas que se emplearon en el referéndum, ¿sabe quién las pagó?”.

Turull: “Ni idea”.

Fiscal: “Pero estuvo en la rueda de prensa en la que se presentaron esas urnas”.

Turull: “Fue la primera vez que vi la urna”.

“¿Quién dio la orden de crear un censo universal?” (para que la gente pudiera votar en cualquier colegio), preguntó la abogada del Estado. “Ni idea”. Otra pregunta de Seoane: “¿De quién dependían los resultados electorales?” (del referéndum). “No lo sé”, fue la respuesta.

Turull fue uno de los tres responsables de la Generalitat que anunciaron los resultados en rueda de prensa, pero dice desconocer de dónde salieron. En este caso, no ocultó que no iba a decir de dónde vinieron, porque “estamos en una causa penal”. Hay que insistir en que las acusaciones no pueden pretender que los acusados se incriminen a sí mismos o a otras personas.

Turull negó que saliera dinero público de la Generalitat para financiar el referéndum al tener las cuentas controladas por el Ministerio de Hacienda. En su escrito de acusación, la fiscalía hace referencia a facturas de la empresa Unipost por valor de 979.000 euros que finalmente no se pagaron. El exconseller respondió que la Generalitat no firmó ningún contrato con Unipost.

Fiscal: “En Unipost la Guardia Civil encontró material electoral”.

Turull: “Lo leí en la prensa”.

Fiscal: “Esas cartas llevaban el logo de la Generalitat”.

Turull: “No lo sé”.

Cuando la fiscalía te pide una pena de 16 años de prisión, es mejor tener claro cuáles son las cosas que no recuerdas.

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