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La Junta de Fiscales respalda que Anticorrupción siga investigando el contrato del hermano de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a la explotación Agropecuaria El Espino.

Alberto Pozas

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La Fiscalía Anticorrupción seguirá investigando el contrato por el que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una comisión. Los fiscales de sala han decidido respaldar el criterio de Alejandro Luzón, que se niega a entregar toda la investigación a la Fiscalía Europea. Esto implica que Anticorrupción podrá seguir investigando en Madrid pero también que la Fiscalía Europea puede desarrollar sus indagaciones sobre la posible malversación.

La petición de la Fiscalía Europea llegó hace unos días a Anticorrupción. Este organismo, independiente de la Unión Europea creado el año pasado, reclamó al departamento que dirige Alejandro Luzón hacerse cargo de las pesquisas por un posible delito de malversación de caudales públicos relacionado con fondos europeos. Anticorrupción se negó y el Ministerio Público decidió llevar el asunto ante la junta de fiscales de sala para tomar una decisión.

Este mismo lunes la Fiscalía Europea ha emitido un comunicado en el que defiende que debe hacerse cargo de la investigación, pero también proponía un camino intermedio: poner la disputa entre las fiscalías española y continental en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo.

El decreto firmado hoy por la fiscal general, Dolores Delgado, refleja el cruce de peticiones de la Fiscalía Europea, que en uno de sus escritos de principios de marzo llegó a afirmar a Anticorrupción que “a la Fiscalía española no le está legalmente reconocida la potestad de examinar la competencia de esta Fiscalía Europea, sino que debe atender a la petición de remisión de la información sin dilación”.

La última palabra de la Fiscalía española es una negativa con un escrito en el que rechazan que los delitos que se investigan sean competencia de la Fiscalía Europea. “Se trata de comportamientos que afectan directa y esencialmente a intereses nacionales, lo que sitúa estas conductas en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración española y, por consiguiente, debe ser la Fiscalía nacional la que determine la suficiencia indiciaria para la eventual incoación de un procedimiento penal”, explica.

Está por ver cuál es el próximo movimiento del organismo que encabeza en España la fiscal Concepción Sabadell y si promueve esta consulta al TJUE tal y como ha propuesto esta misma mañana a la Fiscalía General del Estado. La decisión de la junta de fiscales de sala ha sido tomada por unanimidad tras una reunión que ha durado algo más de dos horas.

La Fiscalía Europea reclamó el caso después de entender que existía una posible malversación de fondos europeos, algo que entra dentro de sus competencias. El departamento que dirige Alejandro Luzón defiende que ese delito nunca ha estado encima de la mesa y que, por tanto, no existía ninguna razón para desprenderse del caso.

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