El juez levanta parte del secreto de sumario del caso Púnica

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado hoy el secreto de sumario de 19 tomos del caso en el que investiga la trama Púnica de corrupción, después de tomar declaración a decenas de imputados y testigos en los últimos meses.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez ha dictado un auto levantando el secreto de los tomos numerados del 2 al 18 y también del 24 y del 25, y ahora se procederá a su digitalización para que las partes puedan acudir a recogerlo al juzgado de Velasco.

El juez ha esperado para levantar el sumario a que se analizara parte de los 46,7 “terabytes” incautados en los diferentes registros realizados contra esta red de corrupción, desarticulada el pasado 31 de octubre con el arresto de 35 personas.

Entre los detenidos figuraban el exconsejero madrileño Francisco Granados y su amigo y socio David Marjaliza (que están en prisión), así como el expresidente de la Diputación de León Marcos Martínez (PP) y alcaldes de varios municipios madrileños.

En la operación se requisaron 63 discos duros, 46 “pendrives” y 58 teléfonos con información que podría ser relevante para la causa, que ocupa 46,7 “terabytes” de espacio (que se corresponden a 47.820 “gigabytes”) y se acabó de volcar y copiar poco antes de Navidad.

Mientras, Velasco ha seguido estos meses tomando declaración, bajo secreto, a numerosos imputados y testigos, entre empresarios y funcionarios, secretarios y concejales de diferentes ayuntamientos en los que la trama supuestamente operó para conseguir comisiones a cambio de contratos.

Estas declaraciones están previstas hasta abril, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, que han precisado que la investigación podría estar revelando la implicación en el caso de alguna persona aforada.

La Púnica operaba supuestamente en varios ayuntamientos y Comunidades Autónomas, sobre todo en Madrid, aunque se extendía por León, Valencia y Murcia.

Aunque abarca a varias comunidades, la intención del juez es mantener el caso en su conjunto y no partirlo en piezas dependiendo del territorio, ya que hay imputados, concretamente los llamados “conseguidores” de la trama -Marjaliza y el empresario Alejandro de Pedro- que operaban en todos ellos.

Uno de sus presuntos cabecillas era Granados, que fue número dos de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, pues ocupó la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior entre 2004 a 2011.

En la operación fueron también detenidos los entonces alcaldes madrileños de Parla, José María Fraile (PSOE); de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP); de Collado-Villalba, Agustín Juárez (PP); de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro (PP); de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP), y de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (Unión Demócrata Madrileña-UDMA).

Están imputados de pertenencia a organización criminal y otros 10 delitos de corrupción: blanqueo de capitales, falsificación, delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude a la Administración.

Están acusados, según el juez, de formar una “trama organizada con perduración temporal y reparto de roles” para lograr la adjudicación irregular de contratos públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de sobornos.

Tras las detenciones, el juez dictó prisión con o sin fianza contra 20 de ellos. Muchos han salido ya de la cárcel previo pago de fianzas, pero Granados y Marjaliza siguen aún en prisión.