El magistrado que invalidó la prohibición de fumar en Madrid: juez y columnista sobre sus propios autos

Habitual en las tribunas mediáticas, en las que acostumbra a dar su opinión sobre asuntos jurídicos de actualidad, el nombre del juez Alfonso Villagómez Cebrián saltó el pasado viernes a las portadas de los periódicos por el alcance de una resolución suya que dejaba en el aire el plan de urgencia aprobado por la Comunidad de Madrid para hacer frente al último pico de la pandemia. El jueves —el texto se hizo público un día después— había rechazado ratificar las últimas medidas preventivas contra la COVID-19 acordadas por la Comunidad de Madrid, una de las autonomías más afectadas por los rebrotes. 

En un polémico y enrevesado auto, el juez denegó validar medidas como la prohibición de fumar cuando no se pueda mantener distancia de seguridad o el cese de actividad hostelera a la 1.00 de la madrugada. Argumentó que hacían referencia a una orden del Ministerio de Sanidad que era “nula de pleno derecho” porque no se había publicado en el BOE. La resolución incluía también una extensa valoración jurídica sobre el marco legal de la protección de la salud y la privación o limitación de libertades y derechos al tiempo que deslizaba que las medidas propuestas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso “no adquieren la categoría de limitación y afectación de los derechos fundamentales”.

El domingo, en un movimiento “inaudito”, según las fuentes consultadas, el propio magistrado publicó un artículo en el portal jurídico Confilegal firmado con su nombre y apellido en el que intentaba explicar esa resolución y reconocía implícitamente que no era competente para pronunciarse sobre esas medidas porque la Comunidad de Madrid erró al someterlas a ratificación. “La Comunidad de Madrid pretendió que el juzgado ratificara una disposición sanitaria de carácter general (...). No existe en nuestro derecho tal instituto de ratificación de una norma administrativa”, decía el artículo, que fue borrado de la página, y en el que el magistrado acusaba al Ejecutivo regional de hacer un uso “torticero” de la Justicia. 

En lugar de haber inadmitido la petición dada la falta de competencia, como daba a entender que sería su obligación en el artículo de prensa, Villagómez entró a valorarla y la rechazó, dejando las medidas en un limbo jurídico del que no se siente responsable según dejó dicho en otra resolución del pasado viernes. “No corresponde a este juzgador ”cogobernar“ con el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni tampoco determinar las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de la falta de ratificación de la Orden 1008/2020 por medio de una resolución de una claridad expositiva y resolutoria fuera de toda duda”, dice en el auto en el que rechaza la aclaración solicitada por el Ejecutivo regional.

Entre tanto, su decisión ha irritado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ya ha interpuesto un recurso y que le ha acusado de “extralimitarse”; pero también al central, que en un comunicado hecho público el viernes recordaba al magistrado que solo requieren autorización judicial las decisiones que impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental y que no corresponde a Sanidad publicar esas medidas en el BOE. Se trata de “una serie de actuaciones coordinadas en salud pública” para “controlar la pandemia” que no generan una obligación a los ciudadanos sino a las comunidades, que son las que tienen que encargarse de publicarlas, dicen fuentes del Ministerio de Sanidad.

Exasesor en Justicia con el PSOE

“Si pretendía ganar puntos con el Gobierno de Sánchez le ha salido regular”, dice una fuente sobre Villagómez, que trabajó como asesor de los exministros socialistas de Justicia Juan Fernando López Aguilar y Mariano Fernández Bermejo, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008). Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, es miembro de la carrera judicial desde 1991 y ha sido asesor del Defensor del Pueblo y letrado del Tribunal Constitucional. Antes de acabar en el Juzgado de lo Contencioso número 14 de Madrid fue miembro del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). 

La hemeroteca lo sitúa también como “eterno candidato” a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de jueces cuya renovación sigue pendiente desde diciembre de 2018 y que mantiene la mayoría conservadora de cuando el PP de Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. El nombre de Villagómez aparece vinculado a los aspirantes que designan de forma directa los partidos —el PSOE, en este caso—, formación en la que tiene valedores pero también detractores, según las fuentes consultadas. En todo caso, nunca ha pasado de estar en quinielas impulsadas por él mismo. En 2014 también se postuló sin éxito como candidato a presidir el TSJ de Madrid. 

Su proximidad al PSOE hizo que en junio de 2011 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aceptara por unanimidad apartarlo de un litigio sobre si el sorteo que había decidido la alcaldía del pequeño municipio de Os Blancos (Ourense) en las elecciones de mayo de ese año había sido válido o no. El PP de Galicia promovió su recusación y el tribunal la aceptó al entender que no aparentaba la imparcialidad que deben mostrar los miembros del poder judicial, según contó La Voz de Galicia. ¿Los motivos? Su anterior puesto de asesor de López Aguilar y Fernández Bermejo y una supuesta oferta para integrarse en la candidatura del PSOE a la alcaldía de Vigo que él nunca desmintió. 

Colaborador en medios

Un rápido vistazo al quiosco digital muestra que Villagómez es un habitual en las tribunas mediáticas, en las que ha mostrado su oposición a la politización y el “reparto de cromos” en la cúpula del Poder Judicial, ha alabado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado o, de manera más reciente, ha cuestionado la actuación de la Guardia Civil en la causa del 8M. Hay multitud de artículos suyos en cabeceras regionales como El Correo Gallego y también en periódicos de ámbito nacional como El País o El Mundo. Recientemente ha publicado en La Vanguardia. En elDiario.es publicó en junio de 2018 este artículo crítico con la llamada ‘ley mordaza’. 

Algunas personas que han tratado con él recuerdan que ese singular empeño por publicar compulsivamente en medios de comunicación le ha generado algún que otro problema. En mayo de 2014, el entonces Defensor del Lector de El País, Tomàs Delclós, tuvo que salir al paso de las quejas de un colaborador del diario y otros lectores que habían detectado que el juez había plagiado de otros textos de distintos autores frases completas de dos artículos publicados en el diario sobre los aforamientos y la reforma judicial. Según explicó Delclós, el juez pidió disculpas por el “error” cometido en el primer artículo y declinó hacer comentarios sobre el segundo. A las pocas semanas recuperó su frenética actividad en otras cabeceras de la prensa gallega, que acostumbran a postularlo para las puestos más diversos en la judicatura.