La auditoría que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos encargó a la Intervención General de la Junta sobre 12 agencias públicas de la anterior Administración socialista ha revelado que sólo dos funcionan bien, cinco parcialmente bien y otras cinco mal. Es decir, sólo dos entes instrumentales -la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto de Patrimonio Histórico (IAPH)- cumplen con los tres requisitos legales que justifican la creación de un ente instrumental para desempeñar una función propia de una consejería (eso que el PP llamaba y llama despectivamente “administración paralela”).