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El Gobierno andaluz revisa el contrato de 9.000 empleados públicos de la etapa del PSOE

Las auditorías encargadas por la Junta a las agencias públicas revelan duplicidades y gasto superfluo, pero nada de las "irregularidades" que anunció el presidente Moreno

La Junta mantiene que hay personal "colocado por el PSOE" en el sector instrumental pero admite que no se les puede despedir por esta razón porque "es inconstitucional" y recurrirían en los tribunales de lo Social

En las 12 empresas públicas auditadas hay 83 personas con contrato de alta dirección, de los cuales sólo el 30% tiene una titulación académica superior

La auditoría revela que sólo el 30% de los 9.461 trabajadores de estas agencias tiene una titulación superior, y la Junta se dispone a revisar sus contratos uno a uno para corroborar el principio de igualdad, mérito y capacidad profesional

El consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, junto al de Hacienda, Juan Bravo.

El consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, junto al de Hacienda, Juan Bravo.

La auditoría que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos encargó a la Intervención General de la Junta sobre 12 agencias públicas de la anterior Administración socialista ha revelado que sólo dos funcionan bien, cinco parcialmente bien y otras cinco mal. Es decir, sólo dos entes instrumentales -la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el Instituto de Patrimonio Histórico (IAPH)- cumplen con los tres requisitos legales que justifican la creación de un ente instrumental para desempeñar una función propia de una consejería (eso que el PP llamaba y llama despectivamente "administración paralela").

Estos tres parámetros, según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, son: que dichos entes cumplan las funciones para las que fueron creadas; que su cometido no genere una duplicidad con el trabajo que ya realiza otro departamento de la Administración pura; y que su mecanismo sea el más adecuado y eficaz para desempeñar el trabajo previsto. En estas 12 agencias públicas, sometidas a un mayor control financiero, trabajan 9.461 empleados públicos, de los cuales sólo el 30% tiene una titulación superior. El volumen de gasto de personal asciende a 283 millones de euros.

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, se ha apresurado a subrayar que sólo 498, el 5,2% de la plantilla, son funcionarios (el 93% de ellos se concentra en la Agencia Andaluza para la Dependencia). El resto de trabajadores (8.943) pueden ser los famosos "enchufados" que siempre ha denunciado el PP desde la oposición, "colocados por su filiación al PSOE" y al margen del principio de igualdad, mérito y capacidad profesional, dice Bendodo. "Vamos a tomar todas las decisiones que haya que tomar, de distinto tipo y cuando proceda", ha subrayado el número tres de la Junta, tras denunciar que el anterior Gobierno socialista gestionó el dinero público "como si fuera suyo, y no de los andaluces". ¿Significa que esos 9.000 trabajadores son enchufados y los van a despedir a todos? "No", sentencia Bendodo. "No a todos", ha matizado luego un alto cargo de la Secretaría General de Administración Pública, que ha pilotado la investigación.

El informe de auditorías de 585 páginas, al que ha tenido acceso esta redacción, revela que "a lo largo de los tres últimos años, de 2016 a 2018 se puede decir que prácticamente no ha habido variación ni en número de trabajadores ni en gasto de personal". En las 12 empresas públicas auditadas hay 83 personas con contrato de alta dirección. "Los sueldos no son desproporcionados, están a ajustados a la media", admiten en la Junta.

Altas expectativas

El primer Consejo de Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, reunido de forma excepcional y simbólica en Antequera el pasado enero, ya tramitó la solicitud de una auditoría a los entes instrumentales del Ejecutivo de Susana Díaz. Desde entonces, tanto PP como Cs se han encargado de generar grandes expectativas sobre las conclusiones de estos informes que, en teoría, iban a destapar las "irregularidades", "sacar los trapos sucios bajo las alfombras" y "descubrir el fraude" de los socialistas al frente del Gobierno andaluz. "En los órganos instrumentales es donde más casos de irregularidades hemos tenido, por eso, queremos que haya una auditoría (...) Los funcionarios de estos entes deben estar tranquilos, pero los enchufados sí deben estar temerosos", anunció Moreno en una de sus primeras entrevistas como presidente. 

Quien tiene en la mano el informe de las 12 auditorías es el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que se ha encargado de rebajar las expectativas sobre las conclusiones y separar el lenguaje político ("propio de cuando estás en la oposición") del lenguaje técnico. Lo primero que ha advertido Bravo es que "el cometido concreto de estas auditorías no abarcaba aspectos contables, sino saber si las agencias cumplen las funciones para las que fueron creadas". 

Las auditorías recomiendan definir mejor las competencias de los entes instrumentales para evitar duplicidades. En algunos casos se devolverán las funciones a la consejería responsable, en otros se cerrarán estas agencias. "Fraude constatado, no", dicen. Lo segundo: que el sistema de "supervisión continua" que estipula la ley para verificar que las agencias públicas cumplen los requisitos que justifican su mantenimiento "no está implantado en ninguna comunidad autónoma". "Nosotros seremos los primeros en hacerlo, pero eso no se lo podemos achacar al PSOE, porque nadie lo hace", admite.

Las entidades objeto de la auditoría son éstas: AVRA y el IAPH, las únicas refrendadas por la Intervención General. La Agencia del Conocimiento; la de Innovación y Desarrollo (IDEA); la de la Energía; la de Educación y la Agencia de la Dependencia son las cinco que incumplen los requisitos básicos para justificar su función como empresa pública. El trabajo que realizan y su personal podría ser absorbido por las respectivas consejerías o suprimido, en caso de que ya se esté realizando. Las otras cinco que son parcialmente válidas (sujetas a mejoras) son la Agencia de Cooperación Internacional; la de Obra Pública, la de Puertos de Andalucía; la de Medio Ambiente y Agua y la Agencia de Instituciones Culturales. 

Despidos en los tribunales

La famosa auditoría integral de todo el gasto del anterior Gobierno del PSOE era la punta de lanza del bloque de regeneración democrática del acuerdo político de PP y Ciudadanos. El objetivo, según la redacción, era "reducir o reorientar el gasto superfluo y suprimir entes envueltos en fraude". Y para eso está este informe, que ahora tiene 15 días para someterse a las alegaciones de las empresas reseñadas, y luego pasará a manos de un grupo de trabajo formado por cuatro viceconsejeros de la Junta y dos secretarios generales, y pilotado por la Consejería de Justicia y Regeneración Democrática, en manos del vicepresidente Juan Marín. Ese grupo es el que adoptará las medidas necesarias con cada una de estas agencias. "Extinguir, fusionar, liquidar y reducir", ha vaticinado Bendodo, adelantando que hay muchos entes innecesarios que duplican funciones de la Junta y que "vamos a eliminar".

La Junta va a revisar la naturaleza jurídica de estas agencias para decidir cuáles mantiene y cuáles no. En qué casos se devolverán sus competencias a la propia Administración (ya se han eliminado varios entes, con escaso presupuesto y bajo o cero personal, y este martes se ha anunciado la supresión de otros siete). Bravo ha explicado que en las 12 agencias públicas fiscalizadas hay un "amplio abanico" de situaciones, sin descartar que alguna incurra en fraude. "¿Si usted fuera el director de su empresa, mantendría al trabajador eficaz y eficiente o a uno que sabe que ha entrado por enchufe?", pregunta el consejero al periodista. En realidad, no es tan fácil que el Gobierno de PP y Cs acaben de un plumazo con 27.000 trabajadores públicos -la plantilla de los entes instrumentales- que durante años han venido llamando "enchufados".

Caso por caso

Con las conclusiones definitivas en la mano, la Junta tendrá que revisar caso por caso el contrato de esos casi 9.000 empleados públicos en las 12 agencias fiscalizadas, para determinar si tienen funciones asignadas (ellos y sus empresas) y si pueden demostrar su alta calificación profesional para estar ahí. "No puedes despedir sin más a 27.000 empleados púbicos sin ver sus contratos laborales, simplemente argumentando que son colocados del PSOE hace 30 años, porque es inconstitucional", aseguran fuentes de Presidencia, que admiten que podrían enfrentarse a una avalancha de recursos en los tribunales de lo Social y ganarlos ante el Constitucional. "No habrá despidos ideológicos, sino por funcionalidad, una vez se revise el cometido y el trabajo de cada uno", añaden. A largo plazo, la Junta baraja sacar a concurso público la plaza de estos trabajadores en unas oposiciones abiertas, aunque los de dentro tengan más puntos por experiencia para pelear por sus puestos.

Al contrario que otras veces, la Junta no ha dado muchos ejemplos de los de llevarse las manos a la cabeza para explicar estas duplicidades y despilfarro de dinero público con el que han azotado al PSOE durante años. Sobre la Agencia del Conocimiento, por ejemplo, sí han contado que su plantilla no sufrió el recorte salarial del 5 al 10% que el Gobierno de José Antonio Griñán sí aplicó a todos los funcionarios y al resto de entes instrumentales. Sobre duplicidades, el caso de la contratación de la obra de la autovía de la Almanzora a través de una empresa pública: no se ejecutó y supuso una indemnización de 16 millones de euros, un dinero que luego hubo que volver a gastar cuando ejecutó el proyecto directamente la Consejería de Fomento.

Bernat Soria, investigado

Caso aparte es el de la Fundación andaluza Progreso y Salud, que el Gobierno de Griñán puso en manos del ex ministro de Sanidad e investigador con células madre, Bernat Soria. "Es el trabajador de la Junta de Andalucía que más cobra", ha dicho Bendodo, tras confirmar que se ha abierto una investigación por posible fraude laboral si se confirma que Soria compatibilizaba su actividad privada con su trabajo en la fundación, algo que prohibían expresamente los estatutos de la misma. 

El ex ministro llegó a cobrar 1,2 millones de euros desde 2009. "El Gobierno del cambio va a actuar con firmeza ante posibles fraudes laborales a la Administración, con independencia de cómo se llame el responsable. No podemos tolerar que haya trabajadores fantasma ni sueldos astronómicos sólo por haber sido de un Gobierno anterior o de un partido. Para cobrar hay que trabajar, conforme a la ley, sin excepciones ni trampas", dice el titular de Presidencia. El próximo 2 de mayo habrá una reunión del patronato de Progreso y Salud donde se analizará si Bernat Soria pudo haber incurrido en un fraude de incompatibilidades.

 

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