El consejero andaluz de Sanidad, tras la tercera causa judicial por los contratos a dedo: “Van a recibir el mismo palo” que Amama

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha echado mano de manual para minimizar la importancia de la apertura de una nueva investigación judicial en Córdoba contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) -la tercera en esta legislatura- por fraude y prevaricación en los contratos menores y de urgencia con la sanidad privada.

La respuesta es similar a la que ofreció la Junta cuando se abrieron diligencias procesales en las dos anteriores causas, una en Sevilla por los contratos de emergencia sin aparente amparo legal (donde está imputada la gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores); y otra en Cádiz por el fraccionamiento masivo de contratos menores, también con un alto cargo del SAS imputado.

El consejero de Sanidad y de Presidencia, Antonio Sanz, asegura que esta tercera causa judicial forma parte de una “estrategia desesperada del PSOE” -querellante y personado como acusación popular- “que no levanta cabeza políticamente”. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, que pilota José Luis Rodríguez Lainz, ha incoado diligencias previas “de carácter criminal” a partir de una querella presentada por el PSOE el pasado 30 de octubre, contra el Hospital Reina Sofía de CórdoAmaba, por tres posibles delitos administrativos: prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude en la contratación pública durante los ejercicios 2020 y 2021. En ese periodo dirigía el hospital cordobés la hoy gerente del SAS, Valle García, imputada también en la causa de los contratos de emergencia.

Sanz augura que esta nueva investigación judicial por irregularidades en la contratación del SAS quedará en nada, y ha vinculado la querella interpuesta por el PSOE con la denuncia que presentó hace dos meses Amama, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla que destapó el escándalo de los diagnósticos tardíos de cáncer, que afecta más de 2.317 mujeres (según cifras de la Junta).

“Se dedican a denunciar a diestro y siniestro”, ha lamentado Sanz, que augura que “esta denuncia tendrá el mismo palo que han recibido cuando han querido hacer otras denuncias, como las de Fiscalía en relación con la manipulación o la desaparición de pruebas”.

El consejero de Sanidad no ha citado explícitamente a Amama pero se refiere a la denuncia que la asociación llevó directamente ante el Ministerio Público -no el PSOE- para denunciar la desaparición y posible manipulación de pruebas diagnósticas a algunas mujeres en su historial digital, alojado en los servidores informáticos del SAS (Click Salud). La Fiscalía abrió una investigación en 24 horas, pero la archivó un mes después.

Sanz no entra en el fondo del asunto, esto es, la decisión de un juez de abrir una nueva investigación sobre la contratación del SAS con la sanidad privada, y carga duramente contra el PSOE “por entender que la única vía posible para ganar las elecciones son las denuncias en los tribunales”. “Es una gran pobreza política que la fuerza que se presenta como alternativa política en Andalucía cuya única capacidad política es denunciar en los tribunales sin ton ni son”, avisa.

El número dos del Gobierno andaluz ha refrendado su apoyo y “confianza” a la gerente del SAS, que también está imputada en otra causa, y ha mostrado “respeto” por las decisiones judiciales.

La causa que se acaba de abrir contra el SAS en Córdoba es un compendio de las dos anteriores. Una macroquerella donde el PSOE ha unificado los contratos de emergencia y el fraccionamiento de contratos menores, partiendo de la misma raíz: los informes desfavorables de los interventores provinciales del SAS que, entre 2020 y 2024, alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y a la de Hacienda de las irregularidades en la contratación pública con clínicas privadas.

El juez, “tan solo y de momento”, ha abierto diligencias por los tres primeros (delitos administrativos), pues considera “débil” -cuando no “sospechas u opiniones subjetivas”- los argumentos jurídicos que expone el PSOE respecto al resto de infracciones criminales.

Rodríguez Lainz, conocido por su meticulosa instrucción del caso Bretón, redacta un auto de apertura de diligencias de 52 páginas -inusualmente largo- donde purga la gran mayoría de contratos bajo sospecha que presenta el PSOE en su querella, realizando un “juicio de exclusión de los expedientes” donde no percibe “indicios de infracción criminal”, sino “meras irregularidades administrativas”.

Aun así, deja la puerta abierta a lo que vaya revelando la instrucción. “La posible imputación de otras infracciones criminales, como malversación y pertenencia a organización criminal, o a nuevos expedientes administrativos distintos a los descritos como objeto de esta investigación dependerá de la evolución de las actuaciones”, subraya en un auto fechado el 11 de enero, al que ha tenido acceso elDiario.es.

En ese escrito, el magistrado señala directamente a Valle García, actual gerente del SAS, por su condición de directora del hospital cordobés durante los años que se investigan. García, imputada en otra causa judicial por presuntas irregularidades en los contratos de emergencia del SAS, aún no está siendo investigada formalmente, pero el juez ha ordenado que “se ponga en su conocimiento la existencia de este procedimiento”, que le afecta directamente.

El magistrado también ha solicitado que se informe de la apertura de diligencias a los servicios jurídicos del SAS, además ha reclamado 12.000 euros al PSOE para poder mantenerse personado en la causa como acusación popular, y ha remitido a la Fiscalía las primeras actuaciones para que elabore su informe.