Podemos cuestiona los motivos de los ministerios para ocultar cuánto dinero reparten en publicidad institucional
Unidos Podemos ha criticado este lunes el ocultismo de los ocho ministerios que han recurrido a la Justicia para evitar revelar cómo llevan a cabo el reparto de la publicidad institucional. La formación ha cuestionado los motivos para denegar la información y critican que la decisión de pleitear por la vía de lo contencioso-administrativo es una prueba de la “poca gracia” que “les hace la transparencia”.
“Les hace tan poca gracia la transparencia que algunos ministerios del Gobierno están dispuestos a poner una demanda por lo contencioso administrativo en la Audiencia Nacional para no revelar cómo reparten el dinero de publicidad institucional”, han remarcado desde el partido en una publicación de Facebook, que se pregunta también qué pretenden ocultar con su rechazado a aportar la información.
El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha incidido en la misma línea y ha cuestionado “por qué el Gobierno no quiere decir a qué medios paga” con publicidad institucional. “¿No será que...?”, finaliza.
Los argumentos de los ministerios
eldiario.es pidió en octubre de 2016 la información a los 13 ministerios sobre las inversiones en medios desde 2012 a 2015 a través del Portal de Transparencia. Ocho meses después, la única respuesta ha sido de Hacienda, que ha respondido sobre las campañas de la Agencia Tributaria y no de las suyas.
Los ministerios recurren a tres argumentos para denegar la información. El primero es que la información está accesible online, que esa información revelaría las tarifas de los medios y supondría un “perjuicio para sus intereses económicos y comerciales” y que el servicio está subcontratado a través de agencias privadas que deciden a dónde va el dinero.
Pero el informe anual de publicidad institucional colgado no distingue por medio de comunicación y no están los importes totales sino la cantidad de inserciones publicitarias. Por otro lado, el Consejo de Transparencia ha resuelto que el interés público está por encima de los intereses comerciales y también ha tumbado el último motivo, al argumentar que la Dirección General de Comunicación (dependiente del Ministerio de Presidencia) revisa cómo se ha hecho el reparto y deja constancia en el expediente de contratación. Tiene también capacidad de enmendar decisiones.
