El PP rechaza la moción de censura que sugiere Vox mientras compara el Gobierno de Sánchez con un “régimen autoritario”

El PP sigue subiendo el tono contra el Gobierno tras las enmiendas que ha presentado para reformar el Tribunal Constitucional y solventar su bloqueo. Este sábado, la secretaria general de la formación conservadora, Cuca Gamarra, ha comparado el Ejecutivo de Pedro Sánchez con un “régimen autoritario” y ha considerado que el país se encuentra ante la crisis institucional “más grave de la democracia”. No obstante, preguntada por la nueva amenaza de moción de censura de Vox, que propone un candidato neutral, la dirigente se ha perfilado y ha dicho, como hizo el partido semanas atrás, que la moción que echará al Gobierno será la de las urnas.

En una breve comparecencia de prensa, Gamarra ha vaticinado que España vive la “crisis institucional más grave de la historia democrática”. Según su descripción de los hechos, desde el poder Ejecutivo se están “perpetrando ataques al estado de derecho” con el único fin de mantener a Sánchez en el poder. Según ha dicho, el presidente del Gobierno ha convertido el Partido Socialista en el “Partido Sanchista”, como ha dicho que ocurre en los “regímenes autoritarios”. “A Sánchez no se le pone nada por delante, ni su propio partido”, ha insistido. 

El enfado sigue a las reacciones airadas que ayer escenificaron los partidos de la derecha después de que elDiario.es adelantara en exclusiva la enmienda de PSOE y Unidas Podemos a la reforma del Código Penal para que los vocales o el presidente del CGPJ que bloqueen la renovación incurran en responsabilidades penales y para suprimir el requisito de verificación de los nuevos magistrados por parte del Tribunal Constitucional. La decisión ha acelerado los aspavientos de la derecha, que ya había cargado contra la posible reforma del delito de malversación para casos en los que no haya enriquecimiento personal. Es una enmienda de ERC sobre la que el Gobierno se mantiene en la ambigüedad. 

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer que su partido presentaría “los recursos de inconstitucionalidad que procedan” para frenar esa “deriva autoritaria”; hoy, Gamarra ha concretado el primero de ellos: un recurso de amparo contra el uso de la vía de la enmienda del que se ha servido el Gobierno para poner en marcha estas reformas. Según la secretaria general, lo presentará el Grupo Parlamentario “de manera urgente y en cuanto sea posible”. 

La crítica del PP se basa en que el Ejecutivo pretende acometer  esta reforma a través de una serie de enmiendas a la reforma del Código Penal que se tramita en estos momentos en el Congreso. El Ejecutivo ha planteado varias enmiendas que afectarían al Constitucional, aunque la que más preocupa a los populares es la que contempla cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden para reducirla a una mayoría simple. El Gobierno también ha propuesto responsabilidades penales a los vocales del Poder Judicial que bloqueen la renovación del tribunal de garantías. 

El Partido Popular, que lleva cuatro años impidiendo la renovación del CGPJ y en consecuencia la del Constitucional, cree que el Gobierno busca con esto “coaccionar a los jueces con cambios legislativos”. “Toda acción para frenar esta deriva autoritaria será tomada por el PP”, ha dicho Gamarra. 

El principal partido de la oposición, pese a considerar que España vive una crisis de magnitudes históricas, no considera necesario atender al órdago que ha anunciado Vox pero que todavía no ha concretado: una moción de censura con un candidato neutral. Para la formación, como ya hizo hace apenas un mes, ha considerado que la propuesta de la extrema derecha solo serviría para “dar oxígeno al presidente del Gobierno”. “Las urnas serán la moción de censura de Pedro Sánchez”, ha vaticinado, en una respuesta calcada a la que dio hace un mes, cuando la formación de Santiago Abascal propuso de nuevo una moción tras anunciar el Gobierno que reformaría el delito de sedición.