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Rafael Hernando recupera contra Podemos un dosier de la guerra sucia que los tribunales desprecian

Podemos abandona el pleno tras no poder replicar a Hernando (PP)

Pedro Águeda

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, de acuerdo con sus respectivas fiscalías, han despreciado en los últimos meses el informe policial que acusaba a Podemos de financiarse con fondos procedentes de los gobiernos de Irán y Venezuela. Aun así, Rafael Hernando, portavoz en el Congreso del PP, ha recuperado el contenido del informe PISA para volver a lanzar acusaciones de financiación ilegal al partido de Pablo Iglesias durante el pleno de investidura de Mariano Rajoy.

“Ellos (los imputados y condenados por corrupción en el PP) quizá usaron las siglas de los partidos para enriquecerse, pero es que usted usó el nombre de España para ponerse a la venta de dictadores y de regímenes extranjeros como el de Venezuela y el de Irán”, ha dicho Hernando. Iglesias ha pedido la palabra por alusiones; la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha preguntado al portavoz del PP si retiraba su acusación, y éste ha contestado: “4 millones de dólares”.

Una cifra similar, 3,7 millones, aparece en el informe PISA como la que supuestamente entregó el Gobierno de Hugo Chávez a una fundación próxima a Podemos, antes incluso de que el partido existiera. Esa conclusión y todas las demás que aparecen en el informe policial fueron rechazadas por los tribunales, a donde Interior ni siquiera se atrevió a llevar el documento.

Fue Manos Limpias quien finalmente puso la querella sin que trascendiera cómo se hizo con el informe, filtrado anteriormente a medios de comunicación habituados desde 2012 a publicar otros documentos apócrifos contra independentistas catalanes. El líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, está hoy en prisión acusado de liderar una organización criminal.

El Ministerio del Interior reconoció el informe, realizado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía, el nido de la policía política durante el Gobierno del PP. Decidió entonces enviarlo a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) para que, con la información que contenía, elaborara algo con posibilidades de ser valorado por un tribunal. Eso nunca se llegó a producir, aunque el jefe de la UDEF se puso en contacto con jueces del Supremo ofreciéndose a explicarles el contenido del informe PISA que incluía la querella de Manos Limpias.

En un último intento por prolongar sus efectos contra Podemos, el Ministerio del Interior decidió enviar el informe PISA al Tribunal de Cuentas en marzo de 2016. Este organismo fiscalizador no se ha pronunciado al respecto desde entonces.   

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