El presidente de la Sala Tercera del Supremo denuncia la maniobra para ser sustituido por un conservador

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Jose Manuel Sieira, se ha referido, aunque sin citarlas expresamente, a las presiones que el presidente de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lemes, estaría llevando a cabo sobre diferentes miembros de este órgano para evitar su reelección en el cargo.

Durante la exposición de su programa ante Comisión Permanente de la institución, que ha desarrollado este lunes junto a los otros tres aspirantes al cargo, Sieira ha advertido de que dicho órgano “no puede convertirse en un palacio de intrigas”.

El todavía presidente de la Sala III del Supremo ha dicho concretamente que “son demasiadas las cosas que se han dicho” y que pueden “dañar el crédito” del alto tribunal y de la profesionalidad de sus integrantes, en referencia al movimiento del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para que el Pleno elija a un allegado suyo, Luis Díez-Picazo, de claro corte conservador, según adelantó el pasado 29 de junio eldiario.es. De hecho, la expresión “palacio de intrigas” es una cita a un discurso del propio Lesmes.

Al término de la intervención en defensa de su programa, que se ha prolongado durante casi una hora ante los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ -que son los que proponen al Pleno a los candidatos a designar para la cúpula de la carrera-, Sieira ha advertido que iba a leer unas líneas porque no quería crear malentendidos sobre esta cuestión en concreto y pese a considerar dichas informaciones totalmente falsas.

Así, ha justificado su mención a la citada maniobra “en el respeto que debo a mis compañeros de Sala y a mí mismo, la convicción de que el respeto a las instituciones es fundamental en un Estado de Derecho como el que queremos vivir y de que el Consejo no puede convertirse en un palacio de intrigas”.

El modo de encarar la reforma de la casación a que obligará la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) recién aprobada en Cortes, y que entrará en vigor en octubre de 2016, ha centrado las intervenciones de llos cuatro aspirantes a presidir la Sala Tercera del Tribunal Supremo,  que además de Sieira son los magistrados de esa misma Sala Eduardo Calvo Rojas, Luis María Díez-Picazo Giménez y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.

Sieira, que ha defendido una amplia experiencia que le ha llevado a ser ponente de más de 2.500 sentencias en el ámbito contencioso-administrativo, ha incidido en el papel que debe jugar tras la reforma la Sección Primera de la Sala, que es la que entiende de las admisiones y de la que ha afirmado que le parece injusto que pueda hablarse de su exceso de dependencia del gabinete técnico, que conforman letrados.

Además de aumentar los asuntos sobre los que cabrá respuesta del Supremo -los magistrados tendrán que pronunciarse en asuntos que antes les estaban vetados por cuestión de cuantía, por ejemplo-, la reforma obligará a motivar las inadmisiones, lo que implicará a un estudio detallado de los asuntos y el conocimiento de las materias por parte de los magistrados de dicho tribunal.

Sieira quiere que se aumente su número a 13 y que se mejore la oficina judicial que da servicio a toda la Sala dado que el hecho de que el 30 por ciento de los funcionarios sean interinos incide en la celeridad de las resoluciones.

También ha advertido que su Sala es la que menos asuntos inadmite, un 28 por ciento frente al más de 70 por ciento que se rechaza estudiar en otras Salas como la de lo Civil, lo Penal o lo Social; y ha calculado que tras la reforma serán unos 20.000 los asuntos anuales que entrarán en la misma, por lo que será necesario limitar a unos 600 los admitidos para que los magistrados no tengan que elaborar hasta 5 ponencias a ala semana, lo que le parece exagerado. ambién ha propuesto mejorar las relaciones con los medios mediante encuentros entre periodistas y magistrados.

Sieira Míguez, que fue elegido presidente de la Sala Tercera en 2010 y concluye ahora su mandato, ingresó en la Carrera Judicial en 1973 y ejerció en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Aracena, Astorga, Torrelavega y Arcos de la Frontera. Letrado del Ministerio de Justicia, formó también parte del Cuerpo de Abogados del Estado y reingresó al servicio activo en 1994 con su nombramiento como magistrado del Tribunal Supremo.

Muchos de los puntos citados por Sieira deberían tener un enfoque muy diferente en opinión de Luis Díez-Picazo, del que se dice que es el candidato de Lesmes y que considera que los magistrados no deberían confirmar demasiado el éxito de la reforma al apoyo del gabinete técnico, en el que quizá se apoya en exceso el peso de asuntos como las admisiones de asuntos.

Se trata de un departamento cuya financiación no depende del Supremo y Díez-Picazo -quien tiene el perfil más internacional de los candidatos-, cree que el esfuerzo al que obligará la reforma debe ser fundamentalmente trabajo de los magistrados. “No tenemos derecho al fracaso porque la reforma ha tenido su origen en gran medida en propuestas de la Sala”, ha dicho.

Díez-Picazo es magistrado del alto tribunal desde 2008, año en el que accedió al mismo por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Abogado en ejercicio hasta entonces, cuenta con una amplia experiencia docente como catedrático de Derecho Constitucional en las Universidades de Málaga y de Castilla-La Mancha y como profesor de Derecho Público en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Es autor de diez libros, la mayoría relacionados con el constitucionalismo.

Este candidato ha hablado de la necesidad de unificar el estilo en el que se escriben las sentencias y en este punto ha coincidido con el aspirante y exmagistrado del Tribunal Constitucional Jorge Rodrígez-Zapata, que es el magistrado más antiguio del Supremo y de la Sala de lo Contencioso, además de ocupar actualmente el número 2 del escalafón de la Carrera Judicial.

Rodríguez-Zapata cree, al igual que el presidente Sieira, que debería evitarse que los magistrados mezclen en el tiempo las resoluciones que deben dictar por el sistema antiguo y las que lleguen tras la entrada en vigor de la reforma en la necesidad de un libro de estilo para redactar las sentencias. También coincide con los dos anteriores en que debería fijarse un máximo de sentencias que se pueden dictar al año.

Rodríguez-Zapata es magistrado del Tribunal Supremo desde 1991, con el paréntesis de los nueve años, de 2002 a 2011, en que fue magistrado del Tribunal Constitucional. Antes de acceder al alto tribunal por el turno de juristas de reconocida competencia fue letrado del Consejo de Estado. Profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Político en varios centros universitarios -CEU, UNED, ICADE y Universidad Europea de Madrid-, es autor de siete libros relacionados con el Derecho Administrativo y Constitucional.

El último en comparecer ha sido Calvo Rojas, quien ingresó en la Carrera Judicial en 1982 y ha servido en Juzgados de Priego de Córdoba, Lucena, San Sebastián, Málaga y Madrid. Especialista en el orden contencioso, estuvo destinado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hasta 2000, cuando fue nombrado presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En 2005 se incorporó al Tribunal Supremo.

Este candidato ha señalado que la aplicación de la nueva casación generará incertidumbre aunque su desarrollo, que obligará a realizar cambios organizativos singulares, tendrá seguramente un efecto “saludable”.