Las restricciones aumentan las penurias de los rohinyás en Bangladesh

Convencidos de que la operación militar en el oeste de Birmania (Myanmar) que comenzó el 25 de agosto contra la población rohinyá había bajado en su intensidad, un grupo de jóvenes de esta comunidad musulmana llegados a Bangladesh decidieron regresar a sus casas en su país en busca de sus pertenencias.

Según Mohammad Jafar Alam, uno de los líderes de la comunidad rohinyá en el campo de refugiados de Kutupalong, los jóvenes se equivocaron.

“Hemos oído que Myanmar mató a once de ellos. Si hubieran usado un teléfono tal vez se hubieran salvado”, dijo a Efe Alam.

El Gobierno de Bangladesh decidió el pasado fin de semana prohibir la venta de aparatos y tarjetas de móvil a los rohinyás, una medida que se suma a otras prohibiciones como la de no poder salir de los campos de refugiados o la de no poder arrendar una vivienda.

“Creemos que la decisión no es justa (...) mucha gente estaba a punto de encontrarse con sus familiares en Bangladesh. Si el Gobierno hubiera tomado la decisión después de que se asentaran tal vez no hubiera creado tanto problema”, dijo en alusión a la utilidad que tienen los móviles.

Khalid Mahmud, un portavoz del Gobierno local del distrito de Cox's Bazar, donde se encuentran los 480.000 rohinyás que han llegado desde el 25 de agosto y los más de 300.000 que se han ido asentando durante décadas allí, manifestó a Efe que las restricciones buscan garantizar la seguridad de la población.

“El Gobierno ha impuesto estas restricciones por la seguridad de nuestra propia gente, ya que ellos (los rohinyás) se están extendiendo por todo el país”, argumentó sin dar más detalles.

El subinspector de Policía de Chittagong SM Moniruzzaman declaró a Efe que desde que comenzó la llegada de refugiados y hasta hoy han detenido a 17.198 rohinyás fuera de los campos y los han devuelto a estos asentamientos.

“16.413 de ellos fueron detenidos en otras áreas del distrito de Cox's Bazar”, dijo el oficial de Chittagong, la segunda ciudad en importancia del país y situada también en el sur.

Explicó que las autoridades están tratando de ubicarlos en tres zonas: Ukhia y Teknaf, donde se encuentran los campos de refugiados que ya existían y los que han ido apareciendo en las últimas semanas, y en Naikhangchari, de Bandarban, en el norte del distrito.

“Si tratan de salir a otros lugares, tenemos 28 puestos de control, que trabajan las 24 horas, y hay algunos puestos temporales también”, precisó.

Moniruzzaman agregó que las autoridades han castigado hasta el momento a 239 bangladeshíes por diferentes crímenes relacionados con los rohinyás, desde el intento de abuso a la venta de tarjetas de móviles.

Incluso grupos de derechos humanos locales, como Odhikar, consideran que es necesario que se haga el registro de los refugiados y se limite sus movimientos.

Según Naciones Unidas, hasta el 25 de septiembre un total de 19.220 rohinyás habían participado en el registro biométrico que ha lanzado el Gobierno bangladeshí para tener control de todas las llegadas.

“Por razones de seguridad, su registro es importante (...) si se mantienen dispersos es un problema para ambos, para ellos y para el Gobierno”, dijo a Efe Nasiruddin Elan, director de Odhikar.

En su opinión, los rohinyás pueden estar en Cox's Bazar con su comunidad, y además pueden recibir la ayuda y materiales que se están repartiendo, algo que no podrían conseguir si se dispersaran.

“Tienen mujeres y niños, podrían encontrar dificultades para protegerlos, ya hemos visto que hay bandidos bangladeshíes robándoles el dinero”, expresó.

Preguntado por el acceso a los teléfonos, Elan señaló que lo importante ahora es determinar su estatus.

“Hasta ahora, son ilegales, si consiguen estatus de refugiado estoy seguro que algunas de estas restricciones serán levantadas, incluida la de comprar una tarjeta telefónica”, dijo.

De los entre 300.000 y 400.000 rohinyás que había en Bangladesh antes de la crisis que estalló en agosto pasado, solo 32.000 tenían estatus de refugiado.