Podemos ofrece a la jueza Victoria Rosell ser la número uno por Las Palmas
La jueza Victoria Rosell tiene una oferta para volver a la política dos años después después de dejar las instituciones tras ser imputada por una denuncia del exministro de Industria, José Manuel Soria. Según publica este jueves InfoLibre, Rosell sería número uno de las listas de Unidos Podemos en Las Palmas para las elecciones generales del 28A. Aunque fuentes del entorno de la jueza confirma a eldiario.es que tiene una oferta sobre la mesa, niegan que la decisión esté tomada.
Rosell abandonó su puesto en el Congreso en abril de 2016, después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que presentó contra ella José Manuel Soria. El exministro acusaba a Rosell de un retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho durante su etapa como jueza en Las Palmas antes de dar el salto a la política.
El Tribunal Supremo aseguró que la Fiscalía Provincial de Las Palmas se había excedido al tratar de preconstruir pruebas contra Rosell en la investigación que se abrió en el año 2015. Según el tribunal, el Ministerio Público invadió competencias reservadas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la tramitación de esas diligencias preprocesales y vulneró el derecho fundamental de defensa de Rosell.
La Fiscalía abrió la investigación contra Rosell el 23 de noviembre tras recibir “un sobre cerrado” y anónimo con un contrato para la transmisión de una frecuencia de radio entre Clan de Medios, la empresa periodística de Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza, y la productora audiovisual de la Unión Deportiva Las Palmas, el club de fútbol presidido por el empresario Miguel Ángel Ramírez, a quien la jueza investigaba por presuntos delitos fiscales vinculados a su actividad como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria.
Aunque ese contrato se firmó el 28 de octubre de 2015, el documento que llegó a manos de la Fiscalía era un borrador, fechado el 26 de octubre, del que sólo existía una copia a la que había tenido acceso, tras reclamársela al propio Ramírez, el exministro de Industria José Manuel Soria, rival de Rosell en aquellos comicios. A la jueza le habían concedido la excedencia el 22 de octubre, una semana después de que la pidiera.
El jefe de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Guillermo García Panasco, encomendó la investigación a Evangelina Ríos, que había mantenido varios encontronazos con Rosell durante la instrucción de la causa contra Ramírez en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. El Ministerio Público trataba de dilucidar si Rosell incurrió en un supuesto incumplimiento de su deber de abstención por las relaciones comerciales entre la empresa administrada por su pareja y las sociedades del presidente de Seguridad Integral Canaria. A la jueza le negaron el acceso a las copias de las actuaciones y su personación. El Consejo General del Poder Judicial acabaría archivando las diligencias preprocesales al concluir que la actuación de Rosell no merecía ningún reproche disciplinario.
A día de hoy, Salvador Alba está imputado por cinco delitos por los que piden hasta diez años de prisión.
