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Seguridad Nacional sospecha que hay campañas de desinformación contra la vacunación de la COVID-19

Una mujer con máscara usa el móvil // Claudio Furlan/Lapresse via AP

Irene Castro

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La lucha contra las campañas de desinformación -impulsadas por terceros países u organizaciones potentes- es uno de los retos que tiene por delante la UE y en el que España está colaborando desde hace dos años, según explican fuentes del Departamento de Seguridad Nacional a raíz de la polémica suscitada por la publicación en el Boletín Oficial del Estado de un procedimiento de actuación.

Las mismas fuentes sostienen, en contra de lo que han denunciado partidos como PP, Vox y Ciudadanos, que su protocolo no busca decidir sobre lo que es noticia o no sino detectar campañas desestabilizadoras de desinformación. Y el marco de ese análisis, existen sospechas desde el departamento de Seguridad Nacional de que en la actualidad hay en marcha campañas en contra de la vacunación frente a la COVID-19. El alcance de esa desinformación no se circunscribe solo a España, sino que tiene un radio más amplio.

Esas fuentes evitan dar detalles sobre ese asunto al ser delicado pero señalan que la Unión Europea ya está al corriente del problema y apunta a Rusia. Los antivacunas fueron identificados recientemente como una amenaza para la seguridad nacional en EEUU. En el caso de España, el departamento de Seguridad Nacional no descarta que haya que dar una respuesta a esos movimientos más adelante y que entonces precise de la colaboración de los medios de comunicación para difundir mensajes destinados a combatir las intoxicaciones. Ese es el motivo, explican los dirigentes consultados, por el que la Secretaría de Estado de Comunicación es una pieza clave del procedimiento publicado en el BOE, además de ser el enlace con el sistema de alerta rápida de la UE, el que pilota lo relativo a la desinformación así como el diseño de las comunicaciones.

Desde el Gobierno sostienen que el procedimiento de actuación contra la desinformación se oficializó en el BOE porque el Consejo de Seguridad Nacional lo aprobó formalmente hace una semana con la introducción de algunos cambios con respecto a lo que ya se venía haciendo hasta ahora: por ejemplo, el Ejecutivo tiene la intención de crear un foro de colaboración público-privada para avanzar en este asunto en el que estén representados los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

Además, sostienen que la lucha contra la desinformación es desde al menos hace dos años uno de los objetivos del departamento de Seguridad Nacional y que responde en buena medida al impulso que se le dio en la UE tras campañas observadas ya en 2014 durante el conflicto entre Rusia y Ucrania o por las injerencias rusas en las elecciones de EEUU de 2016. Desde el Gobierno sostienen que la UE instó a los estados miembros a impulsar mecanismos para evitar ese tipo de alteraciones con la vista puesta en las elecciones europeas de 2019. “El procedimiento aprobado tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país”, aseguró en esa línea Moncloa en un comunicado difundido el jueves, horas después de la publicación del BOE y cuando ya había estallado la polémica.

Dirigentes que conocen los resultados de los análisis realizados por Seguridad Nacional subrayan que en ninguno de los procesos electorales del pasado año en España se detectó ningún tipo de injerencia. Las mismas fuentes según apuntan que sí las ha habido en otro tipo de asuntos relacionados con la soberanía nacional.

“En ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones”, explicaba la nota enviada a última hora de la tarde después de la polémica suscitada por la orden publicada en el BOE, que fue rechazada inmediatamente por el PP, que pidió la comparecencia de Iván Redondo, como responsable de Seguridad Nacional en la presidencia del Gobierno, y de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, cuyo departamento fue el encargado de publicarla en el BOE. Vox calificó la iniciativa de “ministerio de la verdad” en referencia a la novela de Orwell 1984.

Sin embargo, el departamento encargado de la seguridad nacional, que pilota el general Miguel Ángel Ballesteros, asegura que la Administración en ningún caso se encargará de determinar si hay noticias falsas en los medios de comunicación sino que a lo que se enfrentan es a las campañas orquestadas por terceros en el extranjero que en general suelen ser mucho más sofisticadas que las fake news puntuales, a las que se seguirá la pista, no obstante, por si se trata de un elemento más de la campaña de desinformación. Además, esas fuentes aseguran que no se analizan cuestiones partidistas de la política interior sino que se focalizan en aquello que pueda dañar la seguridad del país.

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