La Abogada del Estado que defiende en el juicio al fiscal general, Consuelo Castro, ha cargado en la fase de cuestiones previas contra una de las diligencias clave del caso: los registros que la Guardia Civil ejecutó en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid en octubre del año pasado. “El instructor dio vía libre para copiar absolutamente toda la información del fiscal general en sus dispositivos personales y profesionales”, ha dicho antes de defender que todo ese material debe “excluirse del caso”.
La Abogada del Estado ha sido contundente: “El fiscal general ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto, sus derechos no han sido garantizados y no ha podido defenderse”.
La defensa de García Ortiz ya ha denunciado varias veces a lo largo de la causa que esta diligencia, la primera que Hurtado puso en marcha, fue nula, pero la Sala de Apelaciones avaló su legalidad a lo largo de la instrucción. “Resultó ser una incautación excesiva e injustificada”, ha dicho la Abogacía del Estado en esta primera fase de cuestiones previas.
Por Elena Herrera y Alberto Pozas