Antes de cerrar, te dejamos un repaso de los temas que han marcado la actualidad de este martes:

Moncloa revisará la ley del “solo sí es sí” tras las sentencias que rebajan las penas de abusadores sexuales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abogado por estudiar “con detenimiento” tanto las sentencias que han reducido las condenas por abusos sexuales como la propia norma. El objetivo de esa revisión es evitar que se produzcan casos como los conocidos en las últimas horas, en los que la justicia ha rebajado condenas por abusos sexuales tras la modificación legislativa.

La primera reunión entre el sindicato médico y el Gobierno de Ayuso termina sin acuerdo con la contratación de facultativos como principal “fricción”. La huelga de sanitarios continúa y aún se está muy lejos de llegar a un acuerdo. La Consejería de Sanidad insiste en que no hay médicos para contratar mientras que desde Amyts recuerdan que es necesario mejorar las condiciones laborales.

Yolanda Díaz reunirá en Valencia a Podemos, IU y Compromís en un acto de Sumar. Todos los partidos valencianos a la izquierda del PSOE acudirán este sábado 19 a la presentación de Sumar aunque, de momento, los propios partidos piden cautela a la hora de sacar conclusiones sobre una unidad de acción en torno al liderazgo de la vicepresidenta.

En el terreno internacional, Polonia investiga la posible caída de misiles rusos en su territorio. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha convocado una reunión de emergencia sobre la posible caída de misiles en una localidad del país cerca de la frontera con Ucrania este martes, una jornada en la que Rusia ha bombardeado con decenas de proyectiles el territorio ucraniano.

Esto es todo. ¡Hasta mañana!

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán recurrirá el auto por el que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha denegado su petición de suspensión de la pena de seis años y dos días de prisión impuesta por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la defensa del expresidente autonómico.

En un auto emitido este martes, difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha resuelto las peticiones de suspensión de la pena de cárcel promovidas por las defensas de Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

Tales peticiones de suspensión de las condenas a cárcel esgrimían principalmente las solicitudes de indulto parcial elevadas por los condenados al Ministerio de Justicia y los incidentes de nulidad planteados ante el Tribunal Supremo, que ante sus recursos de casación contra la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia, confirmó plenamente las citadas penas de cárcel salvo en el caso de Juan Márquez, respecto al cual redujo la pena de cárcel de siete años y un día de prisión a tres años, al apreciar la atenuante analógica de reparación del daño.

Al margen de reducir la pena de cárcel de Juan Márquez, el Supremo confirmó las restantes penas de prisión, avalando los seis años y dos días de cárcel impuestos por la Audiencia de Sevilla a Griñán.

En ese sentido, la Sección Primera de la Audiencia admite en su pronunciamiento “la carencia de antecedentes penales de los condenados”, pero por otra parte señala “la gravedad y extensión de las penas por las que han sido condenados, que impide la suspensión de la ejecución de la pena en todas las formas recogidas en el artículo 80 y siguientes del Código Penal”.

La Audiencia de Sevilla da diez días a Griñán para su ingreso voluntario en prisión

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha alegado este martes que el delito de malversación por el que está condenado el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán no se aplica de manera “homogénea” y que hay “otras personas que se están paseando por la calle” por cometer el mismo delito.

En una entrevista en La Sexta, López ha esgrimido que las leyes no son “impecables” a la hora de su aplicación y ha puesto como ejemplo el caso de Griñán a quien la Audiencia de Sevilla le dio diez días este lunes para su ingreso voluntario en prisión tras ser condenado en el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.

Según ha explicado el portavoz socialista, a Griñán “le han dicho que tiene que ir a la cárcel por un delito que se llama 'In vigilando'” mientras que --ha continuado-- “hay otras personas que se están paseando por la calle por exactamente lo mismo”, ha dicho en referencia velada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Con información de Europa Press.

La Audiencia de Sevilla da diez días a Griñán para su ingreso voluntario en prisión

Los jueces de Madrid estudiarán el próximo 25 de noviembre los efectos que la nueva ley del 'sólo sí es sí' sobre delitos sexuales tiene en los casos ya sentenciados y en los que todavía están por estudiar.

Según fuentes del Tribunal Superior de Madrid esta reunión de presidencias de las salas penales de la Audiencia Provincial fue convocada hace tiempo y es habitual cuando existe un cambio legislativo de este calado en el Código Penal.

La reunión se ha convocado para unificar criterios y ha trascendido este martes, tras la publicación de varios casos de delincuentes sexuales cuyas condenas se han visto rebajadas por la aplicación retroactiva de la nueva ley. Una norma que, entre otras cosas, recoge condenas más bajas para determinados tipos de abusos y violaciones.

Uno de estos casos ha sido el de un pedófilo cuya condena por abusar de su hijastra ha bajado de ocho a seis años de prisión. En su momento fue condenado a la condena mínima y la Audiencia de Madrid ha entendido que se le debe aplicar la nueva condena mínima establecida por Ley, dos años inferior.

Escribe Alberto Pozas.

Moncloa revisará la ley del “solo sí es sí” tras las sentencias que rebajan las penas de abusadores sexuales

El Ministerio de Igualdad ha desvinculado la rebaja de la pena impuesta a un pederasta por la Audiencia Provincial de Madrid de la ley del 'solo sí es sí' después de que ese tribunal redujera de ocho a seis años la condena de un hombre que abusó de su hijastra.

“El juez que revisa la sentencia no ha considerado que la Ley de Libertad Sexual en su artículo 181.2 establece las mismas penas que la ley anterior: de 5 a 10 años. Y no se puede rebajar un grado (como ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid) cuando concurre (art 181.4) prevalimiento de una situación de superioridad, convivencia o parentesco, como es el caso”, han señalado fuentes del ministerio. “El problema no es la Ley de Libertad Sexual”, han añadido.

Como te hemos contado en elDiario.es, los jueces de este caso explican que en su momento a este hombre se le impuso la pena mínima y que la nueva norma obliga, por tanto, a imponerle la nueva condena mínima establecida legalmente de seis años de presidio. 

Desde el ministerio que dirige Irene Montero también recuerdan que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) advertía del sesgo machista en las decisiones judiciales. “Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa”, lo cual tiene consecuencias en el derecho penal, ya que “dan por resultado que los perpetradores no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad”, asegura el comité.

Las claves de la ley del 'solo sí es sí': desaparece el delito de abuso y habrá centros de atención 24 horas

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este martes que la muerte de al menos 23 migrantes el pasado 24 de junio en el salto a la valla en Melilla “merece una investigación a fondo”, apuntando que “es posible” que en el desarrollo de las diligencias practicadas desde el Ministerio Público se pueda requerir “algún tipo de aportación probatoria”.

García Ortiz se ha referido de esta forma a la investigación abierta sobre lo ocurrido en Melillas después de que un documental de la BBC y un viaje de parlamentarios a la valla ha reabierto las críticas hacia la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que los socios del Gobierno y la oposición señalan por mentir.

El fiscal general ha precisado que están en fase “de análisis del material”, así como reclamar “otras diligencias si dicho análisis exige completar algo concreto”. Asimismo ha comentado que “no echa en falta nada” ahora, pero ha apuntado que es posible que en el desarrollo de las diligencias necesiten “algún tipo de aportación probatoria”.

“Eso no quiere decir nada, mas que seguimos investigando y lo intentamos hacer de la mejor manera posible para entender todas las difíciles circunstancias en las que se produjeron esos lamentables hechos”, ha precisado.

Como ya explicamos en elDiario.es, el Defensor del Pueblo cuestionó este lunes la versión de Interior sobre lo ocurrido en la valla de Melilla, al considerar que las imágenes oficiales evidencian que la Guardia Civil tenía conocimiento de la “situación de riesgo” en la que se encontraban los migrantes. La institución también considera que hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes.

Con información de Europa Press / elDiario.es.

El Defensor del Pueblo contradice la versión de Interior de la tragedia de Melilla tras ver las imágenes oficiales

El Pleno del Tribunal Supremo ha condenado a Banco Santander a pagar 5,7 millones de euros más intereses a una empresa por contratos de swaps encadenados contratados con Banco Popular, al considerar que, en el momento de ofrecer el producto financiero, la entidad no suministró a los demandantes la información necesaria para comprender lo que contrataban y sus riesgos.

Desde el despacho Zunzunegui Abogados, que ha defendido el caso, ha destacado que se trata de una de las mayores condenas del Tribunal Supremo por las prácticas de una entidad financiera y que, además, sienta doctrina sobre los swaps encadenados en perjuicio del cliente.

El Juzgado de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda contra Banco Popular en su sentencia de 28 de marzo de 2018, declarando la nulidad de los contratos financieros y la debida restitución recíproca de las prestaciones. La Audiencia Provincial confirmó el fallo y Santander, como sucesora de Popular tras su absorción, presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En su sentencia de 27 de octubre de 2022, el Tribunal Supremo ha determinado que la acción de anulabilidad de los contratos estaba caducada en el momento de interponer la demanda, al haber transcurrido los cuatro años establecidos en el artículo 1301 del Código Civil, por lo que ha procedido a examinar la acción subsidiaria ejercitada de indemnización de daños y perjuicios.

A través de Europa Press.

El gigante estadounidense de la distribución minorista Walmart ha alcanzado un acuerdo para el pago de 3.100 millones de dólares (3.003 millones de euros) para resolver todas las posibles demandas en relación con la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, así como zanjar las posibles reclamaciones por parte de los gobiernos estatales y locales si se cumplen todas las condiciones.

En cualquier caso, la multinacional ha subrayado que el acuerdo no implica ninguna admisión de responsabilidad por parte de Walmart, que ha subrayado que “continuará defendiéndose enérgicamente” contra cualquier demanda que no se resuelva a través del marco de conciliación establecido.

De su lado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha señalado que el acuerdo zanja las acusaciones de que la compañía contribuyó a la crisis nacional de los opioides al no regular las recetas de estas sustancias en sus tiendas.

Además del pago de 3.100 millones de dólares, que se dividirán entre los estados y gobiernos locales firmantes para que se utilicen en el tratamiento, la recuperación y la reducción del consumo de opiáceos, el acuerdo incluirá una serie de requisitos que Walmart debe cumplir, incluyendo una mejora de la supervisión para prevenir la emisión de recetas fraudulentas y el control de recetas sospechosas.

“Durante décadas, la epidemia de opiáceos ha devastado comunidades aquí en Nueva York y en todo el país”, declaró la fiscal general de Nueva York, para quien las farmacias de Walmart desempeñaron un papel innegable en la crisis.

Con información de Europa Press.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha respondido este martes en el Senado a las críticas al PERTE del vehículo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien había pedido que se ampliara el plan de inversión de los fondos europeos a los vehículos de motor de combustión. “Lo que tiene que hacer el señor Feijóo primero es documentarse y leer”, ha replicado la también candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid.

“El vehículo electrificado es la primera opción de compra, llevamos dos meses consecutivos donde las matriculaciones de estos vehículos son la primera opción. El 13,2% de vehículos electrificados en las plantas españolas”, ha expuesto Maroto.

La ministra ha asegurado que “la opción de modernización es la ganadora”, frente a mantener la apuesta por el motor de combustión, como ha dicho Feijóo. “Fruto de ello hemos traído importantes inversiones y una gigafactoría en Sagunto por parte del Grupo Volkswagen”, ha recordado, para añadir otros proyectos derivados de los fondos europeos, como el del Grupo Maersk o Cisco System: “Estamos viendo los resultados”.

Escribe Aitor Riveiro.

Calviño plantea que el descuento a los carburantes se limite al ámbito profesional en 2023

Hacemos un parón en la narración de la actualidad para traerte algunas noticias que está dejando esta jornada:

Los transportistas suspenden el paro indefinido el día después de iniciarlo. Poco más de 24 horas ha durado la movilización convocada por la Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte, que ha asegurado haber sufrido “una persecución, acoso y coacciones inconcebibles por parte de distintas autoridades”.

El Supremo ordena repetir el juicio por desobediencia a la Mesa del Parlament por falta de imparcialidad de dos magistrados. Anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó a los cuatro ex miembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluis María Corominas, Ramona Barrufet y Lluis Guinó por un delito de desobediencia por el 1-O al considerar al considerar que dos de los tres magistrados habían exteriorizado sus posturas antes de dictar sentencia.

Calviño plantea que el descuento a los carburantes se limite al ámbito profesional en 2023. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos ha admitido que el Gobierno tiene que estudiar si mantener la bonificación general a la gasolina y el diésel o si limitarla solo al sector.

Alimentos como el azúcar y el aceite lideran la subida de la inflación mientras bajan la luz y el transporte público. La inflación se ha moderado en octubre, al situarse en el 7,3%. Sin embargo, a pesar de que ha bajado el coste de la factura energética y el transporte público, hay productos como el azúcar, el aceite y la mantequilla que lideran la subida del precio de los alimentos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este martes, ante la posible reforma del delito de malversación, que el Código Penal es un “equilibrio en sí mismo” desde las penas a la composición y ha señalado que forman parte de la “arquitectura del Estado”.

Cuestionado por los periodistas por si se puede modificar este delito sin tocar el resto del Código Penal, ha recordado que “los códigos penales son, dentro de la arquitectura del Estado de Derecho, dentro de lo que entendemos como aquellos bienes jurídicos que tienen que ser preservados, un equilibrio en sí mismo en todos sus aspectos, desde las penas, la composición y la propia sistemática del código”.

El fiscal general, que ha presidido la toma de posesión del nuevo fiscal jefe de Málaga, ha asegurado que “habrá que ver en qué términos, si se plantea, se plantea esa reforma” posible del delito de malversación, por lo que ha preferido “como jurista, en el momento y si es así, que el legislativo, que las Cortes Generales dicten o promulguen un nuevo Código Penal, pues será el momento de hacer un análisis jurídico de lo que pueda significar”.

Preguntado, igualmente, sobre la derogación del delito de sedición, García Ortiz se ha referido de la misma forma, indicando que “no hay ni siquiera la certeza de que vaya a haber una modificación legislativa, cuanto menos un texto sobre el que poder opinar”.

“Somos juristas, fundamentalmente, no elucubramos, no formulamos hipótesis; con los textos jurídicos, con los hechos y con la acomodación de los hechos a los textos es cuando emitimos opiniones, generalmente por escrito y después de reflexionar”, ha manifestado.

Con información de Europa Press.

El Govern ve “necesario” reformar el delito de malversación pero lo desvincula de casos de corrupción

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha criticado la estrategia del PP de querer que los barones socialistas “se rebelen” contra Sánchez ante la reforma del delito de sedición. “Es increíble que el PP intente una rebelión socialista contra Pedro Sánchez”, ha denunciado en un mensaje de Twitter.

Lambán ha destacado que él “está en contra de suprimir la sedición”, pero ha enviado un mensaje claro al partido que dirige Feijóo: “No cuenten conmigo para sus estrategias”. El presidente de Aragón ha asegurado que si el PP realmente fuese “alternativa” y creyese “en sí mismo” presentaría la moción. “No se atreven”, ha sentenciado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al presidente de China, Xi Jinping, que interceda con la influencia del país como potencia estabilizadora para que Putin ponga fin a la guerra en Ucrania. De ello ha informado Moncloa en un comunicado y ha dado detalles después la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En el encuentro, que ha durado 40 minutos y se ha desarrollado en los márgenes de la Cumbre del G20, también han abordado ambos mandatarios la necesidad de cooperar para dar con soluciones a la crisis que se ha derivado de la guerra y que afecta especialmente al ámbito energético y al alimentario.

Sánchez y Xi Jinping han hablado también de la próxima presidencia de España en la UE. En ese momento, ha dicho el líder del Ejecutivo español, espera que se dé un impulso a la relación de los 27 con China. Asimismo, ambos han tratado la importancia del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y de la oportunidad que supone para profundizar las relaciones entre ambos países. Una relación que pasa, entre otras cosas, por una mayor cooperación en cultura y turismo.

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha criticado la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid. “Abrir un servicio público de urgencias sin médico, se pongan como se pongan, es una auténtica barbaridad”, ha dicho en su rueda de prensa de este martes. Baldoví ha destacado la importancia de las urgencias de atención primaria: “Se lo dice una persona que trabajó tres años de celador en servicios de urgencias repartidos por diversas poblaciones valencianas”, ha dicho. “Teníamos un equipo de tres personas y el hospital más cercano a 30 km y vi cómo la atención inmediata y cercana salvó vidas”.

Baldoví ha subrayado que estos servicios de urgencias alivian el trabajo de los hospitales y ha puesto en valor la marcha de este domingo en Madrid, a la que acudieron 200.000 personas según Delegación del Gobierno y más de 600.000 según organizadores. “Creo que indudablemente fue una gran manifestación”.

Así, en ese punto, ha recriminado la actitud de Ayuso ante la huelga de los sanitarios y la protesta. “Frente a la estrategia de la presidenta, que creo que es la del calamar, hablando de repúblicas federales laicas o de ETA, yo me quedo con las palabras de la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, que ha dicho de manera muy tajante ”déjenos en paz, deje de intoxicar con mentiras y deje de utilizarnos“. Baldoví finalmente ha emplazado a la presidenta madrileña a centrarse en sus problemas ”como los de cualquier presidente o presidenta de comunidad autónoma se llaman sanidad y se llaman maltrato a la sanidad pública y a los propios sanitarios“.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la inflación se mantendrá cerca del 7% en noviembre y en diciembre, “y que en 2023 continuará la senda descendente”.

“La inflación se ha reducido en un tercio desde el pico de julio”, ha señalado Calviño, quien ha destacado que “la bajada del IPC en España [hasta el 7,3% en octubre según el dato confirmado este martes por el INE] contrasta con la tendencia alcista en el resto de Europa”.

“La energía sigue siendo el factor fundamental que explica las subidas de precios”, ha explicado la vicepresidenta. Aunque ha lamentado que los alimentos y los bienes industriales hayan tomado el relevo a la electricidad, el gas o los carburantes, como principales impulsores de la inflación“.

Si la gasolina y el diésel dieron un respiro en septiembre, el mes pasado fueron las caídas del gas y de la luz los principales responsables de la bajada del IPC, exactamente de 1,6 puntos en la tasa interanual. Principalmente, por el efecto del “mecanismo ibérico”, según inciden en el Ejecutivo, y al no quedar más espacio para almacenar más gas mientras que no llegaba el frío. Sin embargo, subió el indicador en tasa mensual por el rebote de los carburantes y de los alimentos. Estos últimos se dispararon algo más de un 15%.

La relajación del IPC interanual en octubre también se debe a las otras medidas de choque del Gobierno para aliviar el daño de las subidas de precios. “Destacando [en el mismo mercado] la bajada de los impuestos en la factura del gas y de la luz o la reducción de los precios del transporte”, recalca el propio Ministerio de Asuntos Económicos. También influye el propio frenazo de la actividad económica en general, tras finalizar la primera temporada turística completa y sin restricciones desde 2019.

Informa Daniel Yebra.

La inflación bajó al 7,3% en octubre por la caída de luz y gas

Comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Interviene la ministra portavoz del Gobierno y titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, acompañada de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reconocido este martes que la sanidad pública tiene “un problema que es de máxima gravedad” y que “preocupa a los españoles”. Pero ha descargado toda la responsabilidad en el Gobierno central, pese a que la mayoría de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas.

Preguntada por la manifestación de Madrid contra la política de Isabel Díaz Ayuso, Gamarra ha dicho que “es un problema que preocupa a los españoles y debe tener una respuesta desde el Ministerio de Sanidad”. “Hay una ministra de Sanidad que ataca a las comunidades donde gobierna el PP. Hay unas competencias que deben desarrollarse y ejercerse desde el Gobierno de España para afrontar un problema que es de máxima gravedad. Esa es la responsabilidad del PSOE, no sacar la gente a la calle”, ha señalado.

Gamarra ha reclamado que Carolina Darias convoque el Consejo Interterritorial de Sanidad, tal y como reclamaron el lunes los consejeros del PP del ramo en una reunión para intentar cerrar filas con Ayuso. Y ha instado a los gobiernos del PSOE a hacer lo mismo.

Escribe Aitor Riveiro.

El juez Adolfo Carretero ha acordado levantar a Luis Medina la medida cautelar que le obligaba a comparecer los días 4 y 18 de cada mes ante el juzgado dentro del procedimiento en el que se le investiga por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar la primera ola de la pandemia.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se acuerda el alza de la citada medida, manteniéndose la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional. A dicha solicitud formulada por la defensa se opuso el Grupo Mixto del Ayuntamiento de Madrid, el PSOE y Mas Madrid, no oponiéndose el Ministerio Fiscal.

El magistrado aduce que han transcurrido siete meses desde la adopción de la medida, “sin que el investigado la haya incumplido, y, entregado su pasaporte, teniendo en cuenta que reside y tiene arraigo en Madrid, no existe el riesgo de fuga del investigado ni la posibilidad de manipular pruebas que determinaron la medida, por lo que procede su alzamiento, manteniéndose la retirada del pasaporte”.

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento Miguel Montejo ha calificado de “inaudito” que ante esta decisión del juez el Ayuntamiento “no se opone a esto ni a nada que pueda perjudicar a Medina o a Luceño”. “Parece que para Almeida el estafado no es el Ayuntamiento, ni su gestión, sino la oposición u otra ciudad. Exigimos quehaga algo para recuperar el dinero que él mismo perdió en una compra de material sanitario en pandemia basada en la confianza que le daba su primo”.

Informa Europa Press / elDiario.es.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado su presencia en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado del próximo martes 22 de noviembre, por lo que se volverá a someter a una pregunta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y otras dos cuestiones más de otros grupos parlamentarios.

De ello ha informado este martes la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces. Esta será la segunda vez que Sánchez y Feijóo se midan en una sesión de control, ya que las otras dos ocasiones en las que el jefe del Ejecutivo acudió al Senado desde que el líder de la oposición tiene un escaño fue a través de una comparecencia a petición propia.

El Grupo Popular había exigido públicamente que Sánchez volviera a retomar las sesiones de control más allá de sus comparecencias. “Vino a una sesión de control antes del verano y nunca más, está mucho más cómodo en debates donde el presidente puede hablar lo que le dé la gana y el líder de la oposición tiene el tiempo tasado”, indicó el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. Sobre esto, el PSOE respondió que la presencia del jefe del Ejecutivo en estos plenos “dependería de su agenda internacional más que de las especulaciones del señor Feijóo”.

Informa Europa Press / elDiario.es.