La Unión Progresista de Fiscales pide el cese de Marlaska por la tragedia de Melilla

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado este miércoles el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión en la tragedia de Melilla del pasado mes de junio, en la que murieron al menos 23 migrantes, y critica que “niegue la evidencia, al igual que hizo su antecesor”, el popular Jorge Fernández Díaz, por lo ocurrido en la playa del Tarajal en 2014, donde murieron 15 personas en su intento por entrar a nado en España.

“Los hechos producidos en la frontera sur de España en Melilla no son compatibles con los estándares de respeto a los derechos fundamentales que obligan a nuestro país. Ante esta acción denunciada (...) que se suma al escándalo por las devoluciones de menores en Ceuta que denunciamos el 14 de agosto de 2021, pedimos que el ministro del Interior sea cesado en el ejercicio de sus funciones”, indica la asociación en un comunicado. Su petición se produce después de una nueva investigación periodística haya constatado que hubo al menos un muerto en el lado español de la frontera, mientras Interior sigue insistiendo en que ninguna persona falleció en suelo español.

La asociación pide que el cese de Marlaska “suponga un punto de inflexión para que el gobierno implemente dinámicas de actuación en la frontera sur que sean respetuosas y compatibles con las obligaciones del estado español y que suponga la implantación de vías que posibiliten la petición de protección internacional”, añaden.

La UPF también lamenta que Interior “repita las mismas formas de respuesta” que se dieron en la tragedia de la playa del Tarajal en Ceuta en 2014, cuando gobernaba el Partido Popular. “El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, emulando a su antecesor, Jorge Fernández Díaz, se ha replegado en la negación de la evidencia, en discusiones imposibles acerca de la extensión del territorio español y su frontera o sobre el alcance del desempeño de la soberanía española sobre las mismas, hasta el punto de desplazar toda la responsabilidad del estado Español en las autoridades marroquíes”, concluyen.