Unidos Podemos propone que comunidades y ayuntamientos puedan limitar el precio del alquiler en caso de “emergencia social”

El grupo de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado este jueves una proposición de ley para modificar la actual legislación en materia de arrendamientos urbanos con el fin de evitar que la burbuja hipotecaria, y su posterior estallido, tenga ahora una réplica en los alquileres. El grupo confederal ha presentado la propuesta acompañado de los concejales de vivienda de algunos de los principales municipios gobernados por Podemos, IU y sus aliados: Barcelona, Madrid, Córdoba, Zaragoza, Valencia, Coruña y Cádiz. Entre las medidas propuestas se recoge dotar a comunidades autónomas y ayuntamientos de mecanismos para intervenir el precio de los alquileres en situaciones excepcionales.

“Todos conocemos personas que viven con miedo a que se les acabe el contrato y le suban el alquiler 200, 300 o 400 euros”, ha arrancado la portavoz del grupo confederal, Irene Montero, la presentación de la propuesta.

La dirigente de Unidos Podemos, que antes de dar el salto a la política institucional participó de forma muy activa en la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH) de Madrid, ha recordado precisamente la burbuja inmobiliaria que España vivió a finales del siglo XX y principios del XXI y que estalló con toda crudeza a partir de 2008. Aquello supuso el desalojo de decenas de miles de familias. “No puede ocurrir lo mismo con los alquileres. No podemos volver a vivir situaciones de emergencia social”, ha asegurado Montero. “Queremos adelantarnos”, ha concluido.

Los últimos datos son esclarecedores en este sentido: Los desahucios por impago de alquiler suben hasta constituir el 60% mientras bajan los de hipotecas.

La portavoz de En Comú, Lucía Martín, ha explicado las líneas generales de la propuesta: volver a los contratos de cinco años, en lugar de los tres actuales; obligar a los grandes propietarios [empresas] a que prorroguen por otros cinco años los contratos cuando los inquilinos hayan cumplido con sus obligaciones contractuales; y dotar a comunidades autónomas y algunos municipios de herramientas jurídicas para puedan declarar áreas urbanas donde se pueda regular el alquiler.

Martín, que también proviene de la PAH de Barcelona, ha asegurado que esta última medida ya se ha puesto en marcha en ciudades alemanas como Berlín o Munich. Según ha explicado, serían los Gobiernos regionales los que deberían implementar la medida salvo en el caso de las ciudades de Madrid y Barcelona que, por su tamaño, sí podrían legislar sin depender de las comunidades autónomas.

La proposición de ley señala que “se podrán considerar aéreas urbanas con mercado de vivienda tensionado las zonas donde se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual”. La norma señala cinco motivos concretos para poder determinar estas zonas. “Que exista una fuerte demanda de vivienda en alquiler asequible no satisfecha”; “que haya disponibles menos viviendas vacantes asequibles en relación a la media del territorio de la Comunidad Autónoma respectiva en supuestos de incremento de fuerte la demanda”; “que las rentas de alquiler sean claramente superiores a la disponibilidad de renta de las familias” y, en cualquier caso, “cuando las familias deban dedicar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta de alquiler”; “que se esté produciendo un proceso de gentrificación que indique que hay una expulsión de los vecinos de la zona debido al incremento constante de las rentas de los alquileres”; y “que las rentas de los alquileres de vivienda habitual se haya incrementado un 15% o más en los últimos tres años”.

La proposición deberá ahora pasar su primer obstáculo: el veto del Gobierno. Los portavoces del grupo confederal han asegurado que “no supone incremento del gasto presupuestario”, el motivo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha aducido esta legislatura para impedir el simple debate de más de 50 propuestas de ley en el Congreso. Entre ellas se encuentra una proposición auspiciada por la PAH.

Una vez superado ese trámite, si lo hace, comenzará un largo proceso parlamentario hasta su posible aprobación final.