Un auto del juez Velasco detectó “irregularidades penalmente relevantes” en la adjudicación avalada por Cifuentes
El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco señaló el pasado 6 de marzo en un auto en el que imputó al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez y al empresario Arturo Fernández que existen “sólidos indicios” de “irregularidades penalmente relevantes” en la concesión que la Asamblea de Madrid hizo al Grupo Cantoblanco para que explotase la cafetería y restaurante de la institución.
Se trata del contrato avalado por la entonces vicepresidenta primera del parlamento autonómico Cristina Cifuentes, con asiento en el comité de expertos y quien además presidió la mesa de contratación. Ese doble papel en la adjudicación y las irregularidades detectadas son las que empujan a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a pedir que se investigue a Cifuentes por los delitos de prevaricación continuada y cohecho, algo que de momento descartan tanto el juez Velasco como el fiscal jefe de Anticorrupción Manuel Moix.
Esa es la posición de Velasco ahora, según han publicado varios medios de comunicación, que contrasta con una resolución razonada firmada por el mismo magistrado el pasado 6 de marzo, en la que además de imputar a dos personajes clave en la trama, Beltrán Gutiérrez y Arturo Fernández, autorizaba varios registros en domicilios particulares de distintos empresarios señalados por la Guardia Civil.
En ese auto, Velasco se explaya sobre las pruebas contenidas en el sumario Púnica de la financiación irregular del PP, del fraude en las subvenciones públicas y el amaño de contratos. El instructor de la causa lo dice con estas palabras: “Aparecen evidencias de que, a través de la cuenta corriente de citada fundación, determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleados para sufragar gastos electorales no declarados corno tales; detectándose en relación con los referidos hechos, sólidos indicios que acreditarían cómo algunos de esos empresarios con el más sintomático ejemplo de Arturo Fernández fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos vinculados con la Asamblea de Madrid en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas”.
El párrafo de Velasco alude sin mencionarla directamente a Cifuentes, al referirse a “los cargos públicos que participaron [en la adjudicación de la Asamblea de Madrid] que también pertenecían por entonces al Patronato de Fundescam”. Pese a lo que escribió el pasado marzo, el magistrado ha decidido en los últimos días no enviar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que investigue a Cifuentes, tal y como solicitaba el informe de la UCO.
Las dos fiscales de Anticorrupción asignadas a este caso también remitieron un escrito a la Audiencia Nacional el pasado 6 de marzo para avalar las entradas y registros de la Guardia Civil, en el que apuntaban que los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios a Arturo Fernández “presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas”.
En la página número 4 de ese informe, Anticorrupción hace suyas las tesis de la Policía Judicial y subraya que se han “identificado varias adjudicaciones en favor del Grupo de Arturo Fernández, quien siempre que se determinó a realizar una donación a Fundescam obtuvo la adjudicación de diversos contratos públicos de Vicepresidencia [del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde estaba Ignacio González] y de la Asamblea de Madrid en 2007, 2009 y 2011”.
