El vicecanciller le dio al embajador de Uruguay la posición de Perú sobre el asilo de García

El vicecanciller de Perú, Hugo de Zela, entregó hoy al embajador de Uruguay en Lima, Carlos Barros, una nota diplomática de su país con la posición oficial sobre el pedido de asilo planteado por el exmandatario Alan García a ese país.

Barros acudió hoy a la sede de la cancillería peruana y sostuvo una reunión con el vicecanciller por unos 30 minutos, al cabo de los cuales dijo a la prensa que recibió la documentación y que la va a remitir de inmediato a su país.

Al ser consultado sobre el tiempo que le tomará a Uruguay dar respuesta a la solicitud de García, el embajador respondió “todo el tiempo que sea necesario”.

La información recibida por Barros “recalca que en el Perú impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales”, indicó la cancillería en una nota de prensa.

Asimismo, puntualiza que en Perú “no existe persecución política de ningún tipo”.

Igualmente, precisó que “el Poder Judicial y el Ministerio Público han actuado en el caso del expresidente García con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justicia”.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, adelantó ayer que “los argumentos de la posición peruana” serían presentados hoy en un documento ante las autoridades de Uruguay.

Vizcarra habló con su homólogo uruguayo, Tabaré Vázquez, tras conocer la solicitud de asilo de García, para pedirle que “pondere la opinión de Perú”, antes de decidir si otorga esta protección al exgobernante aprista.

El jefe de Estado también le recordó a Vázquez su participación en la Cumbre de las Américas, realizada en abril último en Lima con todos los gobernantes del continente, en la cual “tratamos el tema de la gobernabilidad y la corrupción, y suscribimos el acuerdo de Lima, donde nos comprometidos a luchar contra la corrupción, que no reconoce fronteras”.

Alan García ingresó a la residencia del embajador uruguayo en Lima el pasado sábado para solicitar el asilo, bajo el argumento de ser un perseguido político y sólo horas después de haber recibido el impedimento de salida del país por una investigación por colusión agravada y lavado de activos.

El fiscal José Domingo Pérez amplió las investigaciones contra García tras recibir indicios de que la empresa brasileña Odebrecht le pagó 100.000 dólares por una charla en Sao Paulo en 2012, un año después de que dejó su segundo gobierno.

El expresidente (1985-90, 2006-11) está investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyo jefe de obra, Carlos Nostre, declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno aprista.

Según el testigo, que se acogió a la colaboración eficaz (delación premiada), 14 millones de dólares estaban destinados para los altos funcionarios del Ejecutivo de García, partidas que gestionó el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, cuyo interrogatorio sobre este asunto está pendiente.

El fiscal Pérez aseguró hoy que “la Fiscalía cumple su labor dentro del rol que establece la norma, la ley y con autorización judicial”, al desechar las versiones de persecución política y abuso de autoridad en el caso de García.