VÍDEO | Los encontronazos de Medina y Luceño con el juez: “¿Le parece normal esa comisión?”

La declaración de Alberto Luceño y Luis Medina en la Fiscalía Anticorrupción fue un plácido paseo si se compara con el interrogatorio de este lunes en el juzgado de instrucción número 47 de Plaza de Castilla. Para muestra, la advertencia del juez Adolfo Carretero, quien recordó a los imputados en el 'caso mascarillas' que la pena máxima de todos los delitos por los que se les investiga podría suponerles una condena de hasta 23 años de cárcel. El magistrado insistió a Medina sobre la intermediación del primo del alcalde, le preguntó en qué se había gastado 400.000 euros de la comisión de un millón que se llevó por la venta de material de mala calidad y por encima de su precio de mercado y por qué no informaron sobre ellas al Ayuntamiento. A Luceño le preguntó en repetidas ocasiones si le parecía “normal” ocultar y cobrar esos porcentajes de comisión.

El juez retira el pasaporte a Medina y Luceño y les obliga a firmar en el juzgado cada quince días

Saber más

El papel de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde y el nexo entre los comisionistas y el Ayuntamiento de Madrid fue uno de los primeros rifirrafes entre Medina y un juez que afirmaba no entender el papel del familiar del regidor en todo este asunto. El instructor preguntó varias veces por esa versión del imputado. El hijo del difunto duque de Feria reconoció que no conocía “de nada” al primo de Almeida y que había sido una amiga en común la que le había dado su contacto. “Le dije [a la amiga] que teníamos mascarillas para poder vender, con quién podríamos hablar en el Ayuntamiento o en la Comunidad. No recuerdo si me lo pasa por email o por Whatsapp o cómo, me manda el teléfono [de Carlos Martínez-Almeida]”.

“¿Y por qué tiene que atenderle este señor a usted? Es que no lo entiendo”, le insiste el juez. Medina responde: “Al ser primo del alcalde imaginé que me podría dar con un contacto en el Ayuntamiento”. A preguntas de Carretero, el investigado indica que se presentó al familiar de Almeida como “Luis Medina, amigo de María”, y que le pidió que le facilitase “algún contacto del Ayuntamiento” porque él y su socio Alberto Luceño podían “proveerles de productos”. Según este relato, el familiar del alcalde le dio un email. “Creo que era de Elena Collado, como responsable de compras que habían puesto en ese momento para esto”.

Collado es la alta funcionaria que ejerce de interlocutora con Alberto Luceño desde el Ayuntamiento. Según la declaración de Medina, ni la responsable de compras ni nadie del consistorio supo en ningún momento el importe de las comisiones, que ascendió a seis millones, de unos contratos por valor de 11,9 millones. “¿Por qué Luceño no se lo dijo a la funcionaria? Si usted le hubiera dicho al Ayuntamiento que hay esta comisión, no habría habido ningún engaño”, le pregunta el juez. “Porque eso no es cosa del Ayuntamiento. No está obligado. La comisión la paga el vendedor. Se firma un documento de confidencialidad que te prohíbe informar”, explica el hijo del duque de Feria. Según la tesis del intermediario, las cantidades que se destinarían a comisiones se pactaron al final de la operación, mucho después de que se hubiera dado el precio de los guantes, mascarillas y test al Gobierno de Almeida.

Este argumento tampoco parece convencer al magistrado, que saca a relucir la conversación que Collado mantuvo por whatsapp con Luceño el 8 de abril de 2020, en el que le dice: “Nos han estafado, seguro”, después de comprobar que había guantes a ocho céntimos en el supermercado que estos proveedores habían facturado a dos dólares. Según Medina, la funcionaria se refiere a los guantes que el Ayuntamiento devolvió “porque al parecer lo que llega no es lo que ellos pensaban”. Con todo, el comisionista justifica en otro momento de la declaración que el material entregado fue lo que se estipuló: “En los contratos lo pone claramente... coinciden, otra cosa es que las expectativas del Ayuntamiento fueran otras”. A lo que no responde es al motivo por el que, entonces, se apresuraron a devolver cuatro de los cinco millones de euros facturados en guantes solo unas horas después de las quejas de la alto cargo de Almeida. . “Se lo puede preguntar a Alberto”, deriva Medina la cuestión hacia su socio.

Otro de los detalles por los que Carretero preguntó a Medina fue por el destino de los bonos bancarios, por valor de 400.000 euros, que compró tras el cobro de las comisiones, que en su caso ascendieron a cerca de un millón de euros. No es una cuestión menor, ya que este está acusado de un delito de alzamiento de bienes, ante la sospecha de que ocultó ese dinero para evadir un posible embargo. De hecho, cuando el juez instructor trató de retener sus bienes para poder hacer frente a una hipotética condena económica por este caso, solo encontró en sus cuentas algo menos de 250 euros.

Según el investigado, Anticorrupción nunca le dijo “explícitamente” que no podía disponer de esos bienes. Ante el juez, ha asegurado que vendió esos bonos, por valor de 400.000 euros, antes de su declaración ante la Fiscalía, pero no ha podido concretar en qué gastó el dinero que le pagaron por ellos. “En nada concreto. Distintos gastos”, respondió a preguntas del juez que, con tono de sorpresa insistió, “¿400.000 euros en nada concreto?”. “Ayudé a gente, préstamos”, añadió el comisionista, que llegó a corregir al juez cuando este mencionó el yate, por valor de 325.515 euros, que compró a medias con su hermano Rafael. “Un velero”, le interrumpió.

“Nada más y nada menos”

El instructor también fue muy incisivo al preguntar a Alberto Luceño por el contacto que estableció su socio con un primo del alcalde y, de ahí, al corazón del Ayuntamiento de Madrid. “Le dio Medina el teléfono, nada más y nada menos, que la coordinadora de recursos, no le dio el de la ventanilla, ¿no?”, le ha espetado el juez para después preguntarle: “¿Esto cree usted que es normal? ¿Cree que cualquiera podía llamar a esta señora?”.

La gestión de sus comisiones también ha llamado la atención del juez, que en repetidas ocasiones ha preguntado a Alberto Luceño si le parece “normal” todo el asunto y ocultar su comisión. El empresario ha dicho que “es normal” hacerlo así y el juez ha contestado: “Será normal para usted, eh”. Una pregunta similar le ha hecho sobre las cuantiosas comisiones que cobraron a partir de estos contratos ahora investigados. “¿A usted le parece normal una comisión del 81% en los guantes, un 71% en los test y un 60% en las mascarillas? ¿Le parece normal esa comisión?”. Luceño intenta hacer ver que esos porcentajes están mal.

También ha preguntado el juez si a Luceño le parece “normal” ganar un millón de euros “por una simple llamada telefónica”, como hizo Medina. A lo que el empresario ha contestado que sí lo es en su sector. “¿Cuál es su sector, de qué sector habla?”, ha preguntado el magistrado. “Commodities”, ha puntualizado Luceño. El magistrado no ha ocultado su sorpresa cuando el empresario ha expuesto todas sus compras con el dinero de la comisión pero explicando que eran inversiones de cara a su actividad profesional, entre ellas 12 coches de lujo (entre ellos dos Aston Martín, un Ferrari, un Lamborghini) que pretendía alquilar.

La hora de interrogatorios han servido para que el juez empezara a exponer las dudas que más tarde ha transformado en acusaciones en su auto de medidas cautelares. “En una época de pandemia donde el Ayuntamiento estaba necesitado de material, actuaba con angustia, no tenía mucho control...”, le ha reprochado su actuación a los comisionistas. “A lo mejor por eso puso usted un precio superior, como no había más remedio que pagarlo, pues claro”, ha reflexionado el magistrado. Alberto Luceño, sin mucho éxito por el momento, ha dicho mientras el juez hablaba: “El precio lo pone San Chin Choon [el empresario malayo que de momento se ha negado a colaborar con la investigación]”.

La declaración de Alberto Luceño y Luis Medina en la Fiscalía Anticorrupción fue un plácido paseo si se compara con el interrogatorio de este lunes en el juzgado de instrucción número 47 de Plaza de Castilla. Para muestra, la advertencia del juez Adolfo Carretero, quien recordó a los imputados en el 'caso mascarillas' que la pena máxima de todos los delitos por los que se les investiga podría suponerles una condena de hasta 23 años de cárcel. El magistrado insistió a Medina sobre la intermediación del primo del alcalde, le preguntó en qué se había gastado 400.000 euros de la comisión de un millón que se llevó por la venta de material de mala calidad y por encima de su precio de mercado y por qué no informaron sobre ellas al Ayuntamiento. A Luceño le preguntó en repetidas ocasiones si le parecía “normal” ocultar y cobrar esos porcentajes de comisión.

El juez retira el pasaporte a Medina y Luceño y les obliga a firmar en el juzgado cada quince días

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El papel de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde y el nexo entre los comisionistas y el Ayuntamiento de Madrid fue uno de los primeros rifirrafes entre Medina y un juez que afirmaba no entender el papel del familiar del regidor en todo este asunto. El instructor preguntó varias veces por esa versión del imputado. El hijo del difunto duque de Feria reconoció que no conocía “de nada” al primo de Almeida y que había sido una amiga en común la que le había dado su contacto. “Le dije [a la amiga] que teníamos mascarillas para poder vender, con quién podríamos hablar en el Ayuntamiento o en la Comunidad. No recuerdo si me lo pasa por email o por Whatsapp o cómo, me manda el teléfono [de Carlos Martínez-Almeida]”.

“¿Y por qué tiene que atenderle este señor a usted? Es que no lo entiendo”, le insiste el juez. Medina responde: “Al ser primo del alcalde imaginé que me podría dar con un contacto en el Ayuntamiento”. A preguntas de Carretero, el investigado indica que se presentó al familiar de Almeida como “Luis Medina, amigo de María”, y que le pidió que le facilitase “algún contacto del Ayuntamiento” porque él y su socio Alberto Luceño podían “proveerles de productos”. Según este relato, el familiar del alcalde le dio un email. “Creo que era de Elena Collado, como responsable de compras que habían puesto en ese momento para esto”.

Collado es la alta funcionaria que ejerce de interlocutora con Alberto Luceño desde el Ayuntamiento. Según la declaración de Medina, ni la responsable de compras ni nadie del consistorio supo en ningún momento el importe de las comisiones, que ascendió a seis millones, de unos contratos por valor de 11,9 millones. “¿Por qué Luceño no se lo dijo a la funcionaria? Si usted le hubiera dicho al Ayuntamiento que hay esta comisión, no habría habido ningún engaño”, le pregunta el juez. “Porque eso no es cosa del Ayuntamiento. No está obligado. La comisión la paga el vendedor. Se firma un documento de confidencialidad que te prohíbe informar”, explica el hijo del duque de Feria. Según la tesis del intermediario, las cantidades que se destinarían a comisiones se pactaron al final de la operación, mucho después de que se hubiera dado el precio de los guantes, mascarillas y test al Gobierno de Almeida.

Este argumento tampoco parece convencer al magistrado, que saca a relucir la conversación que Collado mantuvo por whatsapp con Luceño el 8 de abril de 2020, en el que le dice: “Nos han estafado, seguro”, después de comprobar que había guantes a ocho céntimos en el supermercado que estos proveedores habían facturado a dos dólares. Según Medina, la funcionaria se refiere a los guantes que el Ayuntamiento devolvió “porque al parecer lo que llega no es lo que ellos pensaban”. Con todo, el comisionista justifica en otro momento de la declaración que el material entregado fue lo que se estipuló: “En los contratos lo pone claramente... coinciden, otra cosa es que las expectativas del Ayuntamiento fueran otras”. A lo que no responde es al motivo por el que, entonces, se apresuraron a devolver cuatro de los cinco millones de euros facturados en guantes solo unas horas después de las quejas de la alto cargo de Almeida. . “Se lo puede preguntar a Alberto”, deriva Medina la cuestión hacia su socio.

Otro de los detalles por los que Carretero preguntó a Medina fue por el destino de los bonos bancarios, por valor de 400.000 euros, que compró tras el cobro de las comisiones, que en su caso ascendieron a cerca de un millón de euros. No es una cuestión menor, ya que este está acusado de un delito de alzamiento de bienes, ante la sospecha de que ocultó ese dinero para evadir un posible embargo. De hecho, cuando el juez instructor trató de retener sus bienes para poder hacer frente a una hipotética condena económica por este caso, solo encontró en sus cuentas algo menos de 250 euros.

Según el investigado, Anticorrupción nunca le dijo “explícitamente” que no podía disponer de esos bienes. Ante el juez, ha asegurado que vendió esos bonos, por valor de 400.000 euros, antes de su declaración ante la Fiscalía, pero no ha podido concretar en qué gastó el dinero que le pagaron por ellos. “En nada concreto. Distintos gastos”, respondió a preguntas del juez que, con tono de sorpresa insistió, “¿400.000 euros en nada concreto?”. “Ayudé a gente, préstamos”, añadió el comisionista, que llegó a corregir al juez cuando este mencionó el yate, por valor de 325.515 euros, que compró a medias con su hermano Rafael. “Un velero”, le interrumpió.

“Nada más y nada menos”

El instructor también fue muy incisivo al preguntar a Alberto Luceño por el contacto que estableció su socio con un primo del alcalde y, de ahí, al corazón del Ayuntamiento de Madrid. “Le dio Medina el teléfono, nada más y nada menos, que la coordinadora de recursos, no le dio el de la ventanilla, ¿no?”, le ha espetado el juez para después preguntarle: “¿Esto cree usted que es normal? ¿Cree que cualquiera podía llamar a esta señora?”.

La gestión de sus comisiones también ha llamado la atención del juez, que en repetidas ocasiones ha preguntado a Alberto Luceño si le parece “normal” todo el asunto y ocultar su comisión. El empresario ha dicho que “es normal” hacerlo así y el juez ha contestado: “Será normal para usted, eh”. Una pregunta similar le ha hecho sobre las cuantiosas comisiones que cobraron a partir de estos contratos ahora investigados. “¿A usted le parece normal una comisión del 81% en los guantes, un 71% en los test y un 60% en las mascarillas? ¿Le parece normal esa comisión?”. Luceño intenta hacer ver que esos porcentajes están mal.

También ha preguntado el juez si a Luceño le parece “normal” ganar un millón de euros “por una simple llamada telefónica”, como hizo Medina. A lo que el empresario ha contestado que sí lo es en su sector. “¿Cuál es su sector, de qué sector habla?”, ha preguntado el magistrado. “Commodities”, ha puntualizado Luceño. El magistrado no ha ocultado su sorpresa cuando el empresario ha expuesto todas sus compras con el dinero de la comisión pero explicando que eran inversiones de cara a su actividad profesional, entre ellas 12 coches de lujo (entre ellos dos Aston Martín, un Ferrari, un Lamborghini) que pretendía alquilar.

La hora de interrogatorios han servido para que el juez empezara a exponer las dudas que más tarde ha transformado en acusaciones en su auto de medidas cautelares. “En una época de pandemia donde el Ayuntamiento estaba necesitado de material, actuaba con angustia, no tenía mucho control...”, le ha reprochado su actuación a los comisionistas. “A lo mejor por eso puso usted un precio superior, como no había más remedio que pagarlo, pues claro”, ha reflexionado el magistrado. Alberto Luceño, sin mucho éxito por el momento, ha dicho mientras el juez hablaba: “El precio lo pone San Chin Choon [el empresario malayo que de momento se ha negado a colaborar con la investigación]”.

La declaración de Alberto Luceño y Luis Medina en la Fiscalía Anticorrupción fue un plácido paseo si se compara con el interrogatorio de este lunes en el juzgado de instrucción número 47 de Plaza de Castilla. Para muestra, la advertencia del juez Adolfo Carretero, quien recordó a los imputados en el 'caso mascarillas' que la pena máxima de todos los delitos por los que se les investiga podría suponerles una condena de hasta 23 años de cárcel. El magistrado insistió a Medina sobre la intermediación del primo del alcalde, le preguntó en qué se había gastado 400.000 euros de la comisión de un millón que se llevó por la venta de material de mala calidad y por encima de su precio de mercado y por qué no informaron sobre ellas al Ayuntamiento. A Luceño le preguntó en repetidas ocasiones si le parecía “normal” ocultar y cobrar esos porcentajes de comisión.

El juez retira el pasaporte a Medina y Luceño y les obliga a firmar en el juzgado cada quince días

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El papel de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde y el nexo entre los comisionistas y el Ayuntamiento de Madrid fue uno de los primeros rifirrafes entre Medina y un juez que afirmaba no entender el papel del familiar del regidor en todo este asunto. El instructor preguntó varias veces por esa versión del imputado. El hijo del difunto duque de Feria reconoció que no conocía “de nada” al primo de Almeida y que había sido una amiga en común la que le había dado su contacto. “Le dije [a la amiga] que teníamos mascarillas para poder vender, con quién podríamos hablar en el Ayuntamiento o en la Comunidad. No recuerdo si me lo pasa por email o por Whatsapp o cómo, me manda el teléfono [de Carlos Martínez-Almeida]”.

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Nuestros lectores fueron los primeros en conocer este nuevo caso de corrupción porque fueron los periodistas de elDiario.es quienes destaparon esta exclusiva, una semana antes de que todos los demás medios se hicieran eco. No es la primera vez que ocurre: ya pasó con el contrato de mascarillas por el que el hermano de Ayuso cobró una comisión. También entonces elDiario.es fue el primer medio que lo contó.

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