Zaplana recurre la prisión al considerarla “desproporcionada” y niega riesgo de destrucción de pruebas
La defensa del exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana ha recurrido el auto de prisión del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia tras su detención en la 'operación Erial' al considerar la medida “innecesaria y desproporcionada” y que no existe “ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas”.
También rechaza el riesgo de fuga tanto por el “arraigo personal y familiar” del exdirigente 'popular' como por la “grave enfermedad” que padece desde hace años, según han informado fuentes conocedoras a Europa Press.
Los abogados entienden que “tras tres años de instrucción judicial en secreto y con la única intervención de la UCO —Unidad Central Operativa de la Guardia Civil— y la Fiscalía Anticorrupción, no existe ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas, máxime cuando se ha procedido a realizar entradas y registros en los domicilios y oficinas, llevándose móviles, dispositivos informáticos, portátiles e ingente documentación”.
Asimismo, rechazan que haya riesgo de fuga, “debido al arraigo personal y familiar y, sobre todo, a su grave enfermedad, que requiere cuidados continuos y periódicos”.
Estas razones llevan a los abogados a considerar la prisión provisional y sin fianza “desproporcionada y lesiva a los derechos del ser humano, de quien no es un condenado”.
“La prisión provisional no puede suponer un anticipo de una hipotética pena”, subrayan, y añaden que “en el peor de los casos es factible porque lo prevé la ley, que tal privación provisional de libertad pueda ser el arresto domiciliario, en casa de una hija suya, cerca del hospital, donde vivía”.
Eduardo Zaplana ha ingresado en la prisión de Picassent (Valencia) tras acordar la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia su encarcelación provisional, comunicada y sin fianza en el marco de Erial.
En esta operación, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana.
