Sevilla logra a la tercera permiso para 700 pisos junto al crematorio del cementerio ante las dudas por su impacto en la salud

A la tercera ha ido la vencida: el Ayuntamiento de Sevilla ha logrado todos los permisos para cerrar el expediente que permitirá levantar un nuevo barrio de 700 viviendas en la zona norte de la ciudad, pegado al cementerio de San Fernando. De hecho, tan cerca del mismo que la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha expresado hasta en dos ocasiones dudas con respecto al proyecto, que el gobierno local del PP ha solventado con una documentación con la que finalmente ha logrado convencer a las autoridades sanitarias de que los hornos crematorios del camposanto no tendrán un impacto negativo en la salud de los futuros residentes.

Los dos informes desfavorables previos se apuntaba que los análisis aportados por la promotora no recogían ciertos contaminantes asociados a la cremación, como dioxinas y furanos. Estas lagunas hacían que “no se puedan descartar a priori efectos crónicos en la salud en la futura población residente así como riesgos derivados del posible incremento de la incidencia por cáncer como consecuencia de la exposición” a estos tóxicos, dudas que Sanidad sí considera ahora que han quedado despejadas.

La promoción en concreto ocupa los suelos de lo que en su día fue la fábrica de Cross San Jerónimo, a caballo entre el polígono industrial de este barrio y Pino Montano, a tiro de piedra del asentamiento chabolista de El Vacie. Ahora, una vez obtenidas todas las bendiciones administrativas, la propuesta se remitirá a la Consejería de Vivienda para que apruebe una operación urbanística que obligará a un cambio del PGOU, para recalificar como urbanizables unos terrenos que ahora tienen la consideración de industriales.

La VPO, a precio casi de vivienda libre

El paso previo ha sido su enésima votación en el pleno municipal, imprescindible para su remisión al Gobierno andaluz. La propuesta salió adelante con el respaldo de PP y Vox, mientras que PSOE y Podemos-IU votaron en contra expresando no sólo dudas ambientales, sino también cargando contra la decisión de reducir a 280, un 60% menos, las VPO de la promoción, que en principio iba a ser íntegramente de pisos protegidos en alquiler.

Para justificar que de repente más de 400 viviendas hayan pasado a ser de renta libre, se esgrimió en el informe de turno que la nueva propuesta “aumenta la ratio de dotaciones de espacios libres y reduce la edificabilidad total”, de 720 a 686 unidades que incluyen las referidas 280 VPO. “Un nuevo pelotazo urbanístico” y “una barbaridad”, apuntó en el pleno la concejal Susana Hornillo (Podemos).

La cosa no ha quedado ahí, ya que el propio expediente urbanístico justifica este volantazo con el argumento de que en la actualidad el encarecimiento del precio medio por metro cuadrado de la VPO hace que las tarifas de los pisos libres se muevan en horquillas que “se enmarcan en el rango de los precios actuales para vivienda protegida”. La venta de estos hogares a precio de mercado, además, son los que permiten afrontar las cargas del correspondiente desarrollo urbanístico.

“Evita la negativa segregación”

De hecho, se llega a apuntar que al proyecto le interesa este cambio radical, ya que “posibilitar la vivienda libre en el ámbito no menoscaba en absoluto la capacidad de acceso a una vivienda, sino que más bien la facilita dadas las menores exigencias para el acceso a una vivienda libre que protegida”. Incluso se ensalza que “la incorporación de vivienda libre a la modificación evita la negativa segregación que puede producir una alta concentración de vivienda protegida”, con la idea de que “son las soluciones mixtas las que resultan más favorables para la convivencia”.

Pero al margen del brusco giro que se le ha dado a este proyecto de urbanización, la madre del cordero ha estado en si la cercanía de los hornos crematorios implica un riesgo para los que serán nuevos vecinos. En la propuesta de los promotores, se recoge que algunas de las viviendas estarán a sólo 120 metros de estas instalaciones.

El gobierno local subraya que, más que poner reparos, las autoridades sanitarias lo que han hecho es reclamar “aclaraciones” y más documentación. Tras informes desfavorables sobre el impacto en la salud que se emitieron en enero y septiembre de 2025, finalmente en enero de 2026 se daba el visto bueno.

La ampliación de los crematorios

“Se valoran positivamente el conjunto de medidas de protección y corrección propuestas”, señala el documento, que considera que las acciones propuestas “garantizarán una adecuada integración ambiental de la actuación”. Así se validó con la publicación en julio en el BOJA de la declaración ambiental estratégica, lo que ha dado pie a su aprobación en el pleno municipal antes de que la Consejería de Vivienda culmine el proceso.

Esto no ha convencido a la oposición de izquierdas, especialmente a Podemos-IU, que por medio de Susana Hornillo denunciaba en el último pleno que el informe aportado por la promotora “no habla de la futura reforma de los crematorios”, que se ampliarán y aumentarán así la emisión de contaminantes. En última instancia, la concejal admitía que no se fía de una autoridad autonómica que ha autorizado nuevos vertidos mineros al Guadalquivir que llevarán al río “85.500 millones de litros de aguas contaminantes”.

El proyecto original para dar uso a una parcela de 101.000 metros cuadrados que llevaba 20 años sin uso fue anunciado por el entonces alcalde socialista, Juan Espadas, en septiembre de 2021, aunque no recibió el visto bueno en sesión plenaria hasta marzo de 2023. Nada más aterrizar el PP, con José Luis Sanz como regidor, negoció con los propietarios del suelo (constituidos en una junta de compensación) una reforma radical de la propuesta que se anunció en diciembre de 2024 como un desbloqueo de la iniciativa.