La agenda de Bolsonaro en 100 días de Gobierno amenaza la Amazonía, advierte una ONG

La organización Greenpeace dijo este martes que los temas ambientales en Brasil sufrieron un “retroceso” durante los cien primeros días de Gobierno de Jair Bolsonaro, con una agenda que promovió la deforestación, atacó a los pueblos indígenas y que amenaza el futuro de la Amazonía.

De acuerdo con la ONG, durante los primeros tres meses, el Gobierno del ultraderechista “se empeñó solo en una agenda antiambiental” y adoptó medidas que ponen en riesgo a la Amazonía y que pueden fomentar la violencia en la región.

“Los criminales que destruyen el bosque y roban nuestras riquezas, los vendedores de agrotóxicos que contaminan nuestra comida y los que quieren tomar las tierras de las poblaciones indígenas son los únicos que tienen algo que celebrar”, señaló Marcio Astrini, coordinador de Políticas Públicas de Greenpeace, citado en un comunicado.

Según Greenpeace, desde que asumió como presidente de Brasil, el mandatario no ha tomado ninguna medida para combatir la deforestación en la Amazonía y “destruyó” la cartera de Medio Ambiente, al poner al mando a Ricardo Salles, condenado por la Justicia por irregularidades en un plan ambiental, que al parecer favoreció a empresas mineras, cuando tenía un cargo público regional.

La ONG acusó a Bolsonaro de iniciar un “ataque sin precedentes a los pueblos indígenas” al trasladar al Ministerio de Agricultura la responsabilidad por la demarcación de tierras, una gestión que antes estaba bajo la coordinación de la cartera de Justicia.

Para la organización, la decisión del ultraderechista de revisar “todas las demarcaciones que pueda” y “abrir tierras indígenas para explotación agropecuaria y minería”, “estimularán” más invasiones y violencia en el campo.

El deseo de Bolsonaro de explotar la región de la Amazonía conjuntamente con Estados Unidos, manifestado por el ultraderechista el lunes durante una entrevista radial, fue considerado por Greenpeace como un “insulto” a la soberanía nacional.

“Además de ilegales, tales actos también insultan la soberanía nacional, ya que áreas protegidas y tierras indígenas, que hoy pertenecen a la Nación, podrían ir a parar en manos de empresas extranjeras”, señaló Greenpeace en el comunicado.

La organización ambientalista también denunció que en estos tres meses ya se ha autorizado el uso de 121 nuevos agrotóxicos, de los cuales el 41 % se clasifica como “extremadamente tóxicos” y al menos cuatro de ellos han sido prohibidos en varios países por ser considerados nocivos para la salud humana.

De acuerdo con Greenpeace, de continuar el rumbo actual, el Gobierno de Bolsonaro puede “botar al piso décadas de esfuerzos en el combate a la deforestación, poner en riesgo la salud de la población y traer un incalculable perjuicio económico y de imagen al país”.