CEAR pide que se cumpla con los refugiados porque la obligación no prescribe

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado “el gran fraude” que ha supuesto el proceso de acogida de refugiados en la UE y ha reclamado a España y al resto de los Estados que cumplan con sus compromisos porque las obligaciones “no prescriben” mañana.

En vísperas de ese 26 de septiembre de 2017, la fecha que se fijó la UE para cumplir con los acuerdos de reubicación desde Grecia e Italia y de reasentamiento desde Líbano y Turquía de refugiados, la media de acogida europea ha sido el 25 por ciento de las cuotas, mientras que en España apenas supera el 11 por ciento.

España asumió con la UE a través de dos acuerdos la acogida de 17.337 solicitantes de asilo y refugio, de los que ha trasladado a 1.983 personas.

Uno de esos compromisos era para reubicar a las personas que habían llegado a Grecia e Italia, en el que España acordó acoger a 15.888 personas, de las que 9.323 eran de obligado cumplimiento y el resto quedaba pendiente de determinar. De este programa han llegado 1.279 desde Grecia (1.089) y Italia (190).

En el segundo acuerdo, los países europeos se comprometían a reasentar a refugiados que llevan varios años viviendo en campos habilitados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en países como Líbano, además de migrantes que están en Turquía. España acordó traer a 1.449 y han llegado 704.

“Todo este proceso ha sido un gran fraude a la ciudadanía, a las personas refugiadas y a los derechos humanos”, ha dicho la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, quien ha recordado que la Comisión Europea no cierra definitivamente ese plazo, sino que los países deben seguir con los procedimientos de acogida después de esa fecha, porque las obligaciones “no prescriben y deben cumplirse con la mayor eficacia”.

Además, ha criticado que la Comisión no “haya apretado suficientemente” a los Estados para que agilizaran este proceso y pudieran llegar a las cuotas acordadas.

“España tiene herramientas en su propio marco legal para cumplir con sus compromisos”, ha dicho Galán, quien ha recordado que, según la Ley de asilo, podría facilitar estos traslados y peticiones de asilo desde embajadas y consulados.

CEAR ha lanzado una “petición desesperada” para que se reimpulsen los programas de reubicación y reasentamiento con una revisión inmediata de los criterios, como el de que solo son reubicables personas de tres nacionalidades (siria, eritrea e iraquí), dejando fuera y “discriminando” a otras personas que huyen de la guerra en sus países y que también tendrían derecho a protección internacional.

Entre los motivos que explican el fracaso, ha expuesto CEAR, están “el proceso restrictivo, descoordinado e inflexible”, que han llevado a cabo muchos de los Estados, además de “lleno de obstáculos, para hacer imposible su cumplimiento”, ha indicado la responsable de esta organización.

“Se han cambiado las reglas de juego en medio del partido, en un proceso que no ha fijado las consecuencias de no cumplir; la impunidad ha sido una constante desde el inicio, en la que se han apoyado los Estados para incumplir los compromisos”, ha añadido Galán, quien ha opinado que el acuerdo de la UE con Turquía, que permitía la devolución a ese país de refugiados que llegaban a Grecia, “empeoró aún más las cosas”.

La jurista y directora de campañas de CEAR, Paloma Favieres, ha explicado que “los acuerdos adoptados por el Consejo Europeo son vinculantes” y ha recordado que “todas las personas que cumplan los perfiles y nacionalidades y que lleguen hasta el 26 de septiembre” entran dentro de estos programas y por tanto pueden ser reubicables.

“El cumplimiento no termina mañana, incluye a las personas que lleguen hasta mañana”, ha insistido, “al igual que las personas que llegaron después del acuerdo de la UE con Turquía” y no hacerlo sería “ilegal y contrario a los acuerdos del Consejo”.

La jurista ha explicado que las ONG no tienen legitimidad para acudir al Tribunal Europeo de Justicia a exigir las responsabilidades a los Estados por el incumplimiento de los acuerdos y tan solo pueden instar a la Comisión Europea “a que abra procedimientos exigiendo” esas responsabilidades.

“No se han establecido previamente -las sanciones-, porque, cuando se hace una ley de obligado cumplimiento, no se incluye si existe o no un procedimiento sancionador”, ha lamentado la abogada, aunque considera que podrían enfrentarse a multas o a reducción de fondos estructurales“ por ejemplo, entre otras opciones.

CEAR ha presentado hoy el proyecto audiovisual “Muro de mentiras”, con testimonios de personas que siguen esperando la acogida para visibilizar las consecuencias del incumplimiento de los países de la UE.