Calvo garantiza que “no hay problema” con pensiones de huérfanos del machismo

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha avanzado hoy que solo 25 huérfanos de violencia de género cuyas madres no cotizaron a la Seguridad Social han solicitado una pensión de orfandad y ha garantizado que “no hay problema” para que la cobren una vez se haya estudiado su caso.

Calvo ha respondido así a preguntas de los periodistas tras clausurar la III Jornada “Huérfan@s de la violencia de género: hacia la protección internacional” organizado por la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla.

Lo ha hecho después de que estas organizaciones denunciara el pasado viernes que el incremento de las pensiones para los hijos de mujeres asesinadas por la violencia machista que entró en vigor el pasado 3 de marzo “todavía no es efectivo” para los casos anteriores a esa fecha.

Esa nueva normativa, avalada por el Congreso un mes antes, prevé para los huérfanos que ya recibían una pensión un aumento del 52 al 70 % el cálculo de la base reguladora de las madres -y al 118 % si hay más de un beneficiario-, con lo que se asegura que reciban ese mínimo de 600 euros al mes.

Además, supone unas mejoras que supondrán una prestación mínima de unos 600 euros para los hijos de víctimas que no hubieran cotizado o no cumplieran los requisitos mínimos (500 días en los últimos 5 años).

Pero según la ministra de Igualdad, “no hay problema” para que lleguen a cobrar esas pensiones.

“Se han recibido 25 peticiones nada más”, ha dicho Calvo, quien ha querido hacer hincapié en que no se trata de prestaciones, sino de “verdaderas pensiones en 14 pagas” y con efectos retroactivos, aunque primero la seguridad social “tiene que mirar ahora cada casuística”, que “es compleja”.

Durante la clausura de la jornada, la vicepresidenta ha recordado que desde que empezaron a contabilizarse en 2013, 28 menores han sido asesinados y otros 243 han quedado huérfanos de madre, una situación “de la que no es fácil salir o de la que no se sale nunca”.

La vicepresidenta ha hecho un recorrido de los nueve meses de Gobierno en los que ha situado este problema como una de sus “prioridades mas rápidas” y para lo que ha contado con el “mejor instrumento”, el Pacto de Estado aprobado en 2017.

Tras poner el foco en que la mayor parte de las mujeres asesinadas, que ya ascienden a 22 en lo que llevamos de año y 997 desde 2003, no denuncian, Calvo ha destacado la importancia de haber devuelto a los ayuntamientos las competencias en esta materia para que las víctimas puedan acudir antes a los servicios sociales.

Y ha vaticinado que “serán 4 años intensos en el desarrollo del pacto” y de “nuevas legislaciones de la igualdad laboral”. “No vamos a parar en esta legislatura”, ha subrayado.

Sin embargo, ha advertido de la presencia de “algunos nubarrones en el horizonte” que quieren poner “en cuestión algunos conceptos” del Pacto de Estado, empezando por el propio de violencia de género que, ha incidido, “tendremos que defender con todas las armas”.

Entre los ponentes se encontraba Pilar Martín Nájera, fiscal de sala sobre violencia de género, quien ha alertado de que los menores que conviven con episodios de violencia acaben “normalizándolos” y “posiblemente los reproduzcan” en el futuro.

Un 65 % de las víctimas, ha recordado, tenía menores a su cargo; “este fenómeno de atacar a las mujeres donde más les duele, sus hijos, se mantiene”, ha lamentado Martín Nájera.

La fiscal ha valorado que se hayan dado muchos pasos, pero ha censurado que aún “falta mucho más por hacer”, empezando por “convencernos de que los niños también son víctimas”. “Las leyes han ido por delante de la mentalidad, sigue existiendo en nuestra sociedad unos roles sociales muy establecidos”, ha criticado.