La Corte Suprema suspende un decreto de Bolsonaro criticado por los indios brasileños

La Corte Suprema de Brasil suspendió este jueves todos los efectos de un decreto por el que el presidente Jair Bolsonaro transfirió las decisiones sobre la demarcación de reservas indígenas al Ministerio de Agricultura, una medida que había generado la protesta de los indios en el país.

El pleno del Supremo Tribunal Federal (STF), en una decisión unánime de sus once miembros en su primera sesión tras el receso judicial, respaldó una decisión cautelar que había sido dictada en junio pasado por el magistrado Luis Alberto Barroso.

En esa cautelar ya se había devuelto la responsabilidad de delimitar las reservas indígenas a la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai).

La sentencia del Supremo supone otra derrota para Bolsonaro, el líder de la ultraderecha brasileña, ya que algunas de sus medidas, por lo general polémicas, han sido rechazadas por la Corte Suprema o por el Congreso.

El decreto que la Corte Suprema suspendió este jueves por inconstitucional fue firmado en junio pasado luego de que el Congreso rechazara una decisión inicial de Bolsonaro de transferir al Ministerio de Agricultura las decisiones sobre demarcaciones de reservas.

En sus primeros días de Gobierno el militar de la reserva firmó el polémico decreto que facilitaba el uso de tierras indígenas para actividades de la agroindustria.

La medida le otorgaba la responsabilidad de identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas al Ministerio de Agricultura, una cartera en manos de Tereza Cristina Correa, una hacendada que coordinaba la bancada de los propietarios rurales en el Congreso.

Esta responsabilidad había sido históricamente de la Funai, una entidad encargada de las políticas indígenas vinculada al Ministerio de Justicia y que, por determinación constitucional, creó reservas para los indios que se extienden por cerca del 13 % del territorio brasileño.

Para que el decreto inicial firmado por el jefe de Estado se convirtiera en Ley tenía que ser aprobado por el Congreso, pero el legislativo no lo aprobó y devolvió las funciones de demarcación a la Funai.

Bolsonaro, no contento con la decisión del Congreso, publicó un nuevo decreto en junio alterando la decisión del legislativo y devolviéndole nuevamente la responsabilidad a la cartera de Agricultura, que ahora perdió efectos por decisión de la Justicia.

En su decisión inicial, respaldada por todos sus colegas, Barroso alegó que la Constitución prohíbe expresamente al Gobierno reeditar en un mismo año legislativo un decreto ejecutivo ya rechazado por el Congreso.

En su pronunciamiento este jueves, el magistrado alegó que la Constitución establece que la última palabra en la definición de una ley es del Congreso y no del Ejecutivo.

El decano del Supremo, el magistrado Celso de Mello, afirmó en su voto que la decisión de Bolsonaro de reeditar una medida ya rechazada por el Congreso constituye no sólo una violación a una prohibición constitucional sino un “resquicio de autoritarismo”.

“El comportamiento del actual presidente traduce una clara e inaceptable trasgresión a la autoridad suprema de la Constitución y representa inadmisible y peligrosa transgresión al principio fundamental de separación de Poderes”, agregó De Mello.

Desde que asumió su mandato, el 1 de enero pasado, Bolsonaro ha dicho que no pretende delimitar nuevas tierras indígenas y que pretende legalizar la minería artesanal en las reservas debido a que, en su opinión, los indios tienen que ser considerados ciudadanos brasileños como todos los demás, con derecho a aspirar al progreso, y no pueden ser mantenidos atrasados en sus aldeas.

“Lógico que las organizaciones no gubernamentales de otros países no quieren eso. Ellos quieren que los indios sigan presos en un zoológico animal, como si fuesen seres humanos prehistóricos”, dijo el líder ultraderechista esta semana.

Para Bolsonaro, las demarcaciones de reservas indígenas hacen inviable el crecimiento del agronegocio en Brasil.