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El Gobierno aprueba el sistema para reconocer oficialmente a las víctimas de maltrato sin necesidad de denuncia

La Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este miércoles acuerda el modelo de acreditación que a partir de ahora reconocerá a las víctimas de violencia machista independientemente de que denuncien o no

Es un papel que podrán expedir los expertos y expertas de servicios sociales que confirmará que la mujer "ostenta la condición de víctima de violencia de género"

Así, podrá acceder a determinados derechos laborales y de la Seguridad Social hasta ahora restringidos a las víctimas que hubieran denunciado

Las mujeres recorren el centro de Madrid contra la violencia de género

Las mujeres recorren el centro de Madrid contra la violencia de género el pasado 25N. Olmo Calvo

Las víctimas de violencia machista serán reconocidas oficialmente sin necesidad de interponer denuncia. El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado el sistema de acreditación en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada este miércoles, en las que además han armonizado los criterios de reparto de los 100 millones de euros para las autonomías previstos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se trata de un papel expedido por servicios sociales que confirmará que la mujer "ostenta la condición de víctima de violencia de género".

A partir de ahora, no será obligatorio para las víctimas acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o los juzgados para acceder a determinados derechos de carácter estatal: fundamentalmente, una ayuda económica para mujeres de bajos ingresos, derechos laborales y de la Seguridad Social. Entre ellos, el derecho a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto o a la justificación de las faltas de puntualidad.

Hasta ahora, la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 establecía como requisitos para acceder a este reconocimiento haber denunciado y contar con sentencia condenatoria, orden de protección y, excepcionalmente, informe del Ministerio Fiscal. 

A partir de ahora, tal y como han acordado el Gobierno y las comunidades tras las negociaciones fructíferas de varios meses, también servirá con el informe motivado y elaborado por expertos y expertas de Servicios Sociales en el que se confirmará que la mujer se encuentra en una situación de violencia de género. Este informe dará lugar a la acreditación, un papel oficial en el que se reconocerá esta particularidad y que incluirá los datos de la mujer, pero no los del hombre. Fuentes de la Secretaría de Estado de Igualdad aluden a que los menores, en caso de haberlos, no aparecerán puesto que las prestaciones para las que habilita el título "son derechos laborales y de la Seguridad Social a los que accede la madre".

El sistema, que ya se aprobó en una primera fase el pasado 20 de marzo, es parte del decreto aprobado el pasado mes de agosto por el Gobierno, que incluye la ampliación de los mecanismos de acreditación de la violencia de género. La norma, que incorporaba una batería de medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado, fue después convertida en proposición de ley para posibilitar las aportaciones del resto de grupos políticos, pero ha caído tras la convocatoria de elecciones generales.

El objetivo de la medida, sintetiza el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en una nota de prensa, "es mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales  de las víctimas sin supeditarlos a la judicialización del caso". Y es que la mayor parte de víctimas nunca denuncian, tal y como acredita la Macroencuesta elaborada en 2015: el 65% de las mujeres no lo hacen. En lo que va de año, solo una mujer de las 15 asesinadas por sus parejas o exparejas había denunciado.

La Conferencia Sectorial, presidida por la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, también ha acordado el reparto de los 100 millones de euros del Pacto de Estado entre las comunidades autónomas atendiendo a criterios territoriales y poblacionales (porcentaje de mujeres). En esta distribución, se tiene especial atención a la presencia de mujeres mayores, con discapacidad, con trabajo temporal o en desempleo, la población rural y la densidad de población.

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