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Lengua de signos, un derecho por conquistar en las aulas españolas

Más de 9.000 alumnos con discapacidad auditiva comienzan estos días el nuevo año escolar con la incógnita de saber si van a contar durante todo el curso con un intérprete de lengua de signos.

EFE

Madrid —

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Más de 9.000 alumnos con discapacidad auditiva comienzan estos días el nuevo año escolar con la incógnita de saber si van a contar durante todo el curso con un intérprete de lengua de signos, que para ellos es la herramienta principal para formarse en igualdad de condiciones.   

Según los datos recopilados por la Confederación Estatal de Personas Sordas en el pasado curso 2018-2019 había un total de 36 especialistas en lengua de signos para 66 centros de seis comunidades autónomas (Aragón, Canarias, Cantabria, Madrid, Galicia y Ceuta).

En otras 8 comunidades (Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Melilla y Murcia) recurren a intérpretes para infantil y primaria, mientras que en Navarra, Cataluña o País Vasco se limitan a priorizar que el personal de sus centros tenga algún conocimiento de lengua de signos.

Así, la ratio de intérpretes en educación se sitúa en uno por cada 143 personas sordas y esto supone que cada mes de septiembre los alumnos de prácticamente toda España comienzan el curso sin un intérprete o con profesionales que no cubren todo el horario lectivo.

“Es muy frustrante para los niños y chavales llegar al colegio el primer día de clase y encontrarse con que no hay un intérprete. Se sienten como un mueble, no se enteran de nada”, explica a Efe la vicepresidenta de la Asociación Bilingüe de Padres y Madres de Hijos Sordos (Abipams), Antonia Espejo, con motivo del Día Internacional de las Leguas de Signos que se celebra el 23 de septiembre.

Espejo es madre de una chica sorda, que ya ha finalizado los estudios superiores, pero que de niña se enfrentó a estos problemas. Por eso considera fundamental que los intérpretes estén presentes en las aulas desde el primer día lectivo y con todas las horas cubiertas, incluso en el recreo.

Pero la realidad es bien distinta. “No hay garantía de acceso a la educación para los alumnos sordos, porque si necesitan un intérprete de lengua de signos y no lo tienen, no pueden acceder a ese derecho básico”, señala a Efe la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Concha Díaz, tras participar en un Congreso de Lengua de Signos celebrado este jueves en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

“Nosotros queremos que nuestros hijos sean independientes y para ello necesitamos una herramienta fundamental, como son los intérpretes, que van a permitir su plena inclusión. Esa herramienta no puede faltar”, subraya Espejo.

La ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas establece que las familias con hijos sordos tienen derecho a elegir una educación con lengua de signos.

“Esto realmente no se ha cumplido nunca y en España hay muy pocos centros que ofrezcan la oportunidad de una educación con lengua de signos”, lamenta Díaz, que indica que la mayoría de estos colegios se encuentran en las grandes ciudades.

Algunas comunidades cuentan con centros de referencia para el alumnado sordo -públicos y concertados- y las familias pueden elegir el centro al que llevar a sus hijos, pero sólo pueden optar por aquellos en los que existan servicios de lengua de signos, logopedia, etc.

Así, muchas familias ven limitada su capacidad de elección del centro educativo.

La Confederación ha identificado un total de 110 escuelas en las que se incluye la lengua de signos de alguna manera y tan sólo cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Madrid y Galicia) concentran el 70 % de esta práctica.

En este sentido, Espejo recuerda casos de familias que han tenido que trasladarse de su ciudad a otra más grande porque no había ningún colegio que prestara estos servicios a los alumnos sordos.

Para Díaz, se trata de un problema económico, de dotación de los recursos suficientes para cubrir las necesidades de los niños y jóvenes y apuesta por que sea el Ministerio de Educación y no las comunidades autónomas las que asuman la contratación de los profesionales de lengua de signos.

También Espejo cree que esto permitiría solucionar el problema y reclama, además, una continuidad de los profesionales en los centros educativos. “Es muy importante que se mantengan en los mismos coles por la relación que se establece con los alumnos y profesores. Cambiar continuamente de intérprete perjudica al alumnado”.

En la actualidad, cada comunidad tiene una forma de seleccionar a los intérpretes. En algunas son funcionarios, en otras es por concurso, etc.

“Llevamos muchos años trabajando por una escuela inclusiva, pero si falta el recurso principal no hacemos nada”, advierte Espejo.

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