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Cifuentes creará una tarjeta sanitaria especial para inmigrantes sin papeles

La presidenta regional anuncia una tarjeta específica muy similar a la idea avanzada por el ministro de Sanidad Alfonso Alonso en marzo pasado y que aún no se ha puesto en marcha

La tarjeta ampara la atención primaria y especializada pero no podrá emplearse fuera de la región

La medida no supone una restitución de la sanidad universal como las implantadas en comunidades como Andalucía y Valencia

Madrid dará a los indocumentados un documento sanitario de uso solo en la región

Madrid dará a los indocumentados un documento sanitario de uso solo en la región

Madrid pretende hacer una copia adelantada de la sanidad para inmigrantes en situación irregular anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace casi 6 meses. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha avanzado este viernes que la administración regional entregará en los próximos meses a estas personas un documento para que puedan recibir atención primaria y especializada en Madrid que no podrá emplearse fuera de la región.

Es casi la misma idea que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso avanzó en marzo pasado pero que el Gobierno central no ha puesto todavía en marcha. Entonces, el ministro primero y el presidente Mariano Rajoy después, adujeron motivos de "sentido común" para ofrecer una sanidad limitada a los inmigrantes irregulares: cuestión de "salud pública" y el "colapso de las urgencias" fueron los argumentos para crear esta suerte de servicio de segunda categoría. Una sanidad que podía no llevar aparejado el derecho a recetas y que tampoco habilitaba al portador a ser tratado fuera de su lugar de residencia.

La exclusión sanitaria de inmigrantes que supuso el decreto gubernamental de abril de 2012 eliminó la atención primaria y el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas al colectivo de inmigrantes sin regularizar. La única puerta de entrada al sistema fueron las urgencias hospitalarias (además de la atención a menores y embarazadas además de enfermos en tratamiento previo a la entrada en vigor del documento).

De ahí la idea del colapso lanzada por el Ejecutivo. Sin embargo, casi medio año después de este anuncio, el Ministerio no había acordado con las Comunidades Autónomas cómo poner en marcha este documento. En julio, el ministro Alonso contó que se pediría un año de empadronamiento para dispensar este documento. La presidenta de Madrid, tambíen del PP, parece querer adelantarse.

Cifuentes ha explicado este viernes que entregar una tarjeta ordinaria de sanidad obliga a contraer "determinadas obligaciones a España con el país donde recibe la prestación". Por eso, la alternativa que ha planteado la Comunidad de Madrid es que se entregue a los inmigrantes otro tipo de documento, "diferente" a la tradicional tarjeta sanitaria, que permita su uso únicamente dentro de la región, según Efe.

El Gobierno de la Comunidad ha especificado que esta tarjeta específica será únicamente válida en la región y permitirá el acceso a la atención primaria y especializada. Es lo mismo que contó el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en marzo al detallar algo el proyecto esbozado por Alonso. Según su relato, la tarjeta ideada por Sanidad sería operativa para la comunidad en la que viviera el portador y tendría una caducidad de un año, aunque en principio será renovable.

Tras la reunión del Consejo Interterritorial celebrado durante el mes de julio, Moreno explicó que el documento permitiría a los beneficiarios tener la asistencia sanitaria primaria y quedaría a criterio del facultativo derivarles a un especialista, quien ha precisó que deberían pagar el 40% de los medicamentos en la farmacia". Este jueves el secretario general de Sanidad  amenazó con "multas millonarias" por parte de la Unión Europea si las comunidades autónomas retornaban a facilitar tarjeta sanitaria a los inmigrantes.

La tarjeta sanitaria normal de los diferentes sistemas sanitarios autonómicos permiten la atención primaria, la prescripción de recetas financias por el sistema público, la derivación a especialistas y la atención en caso de desplazamiento dentro de España. Luego las diferentes comunidades hacen cuentas y balances para que cada sistema financie, es decir, abone, el tratamiento que sus empadronados han recibido en otras regiones. Un documento especial circunscrito territorialmente, teóricamente, no permitiría esa atención .

"Madrid es una comunidad solidaria y no se va a dejar de atender a una persona por el hecho de que tenga o no papeles", ha zanjado la jefa del Ejecutivo madrileño.

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