Universitarios sin universidad: la otra cara de la reforma educativa en Perú

A Jordy Cueva le llegó la noticia de que a su universidad le habían denegado la licencia institucional el día de Navidad. Precisamente a puertas de iniciar el que debía de ser su último año como estudiante de Enfermería de la sede limeña de su universidad.

“Mi Navidad fue lamentable”, refirió a la agencia Efe sobre ese momento. La evaluación del expediente de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) sobre las condiciones en las que opera la Universidad Alas Peruanas, en sus 17 filiales y sede en Lima, arrojó que no cumple con las mínimas exigidas para seguir operando, por lo que como otras 35 universidades del país, deberá cerrar en dos años.

Por ello, Jordy podrá culminar sus estudios, aunque no sabe cuánto valor tendrá su título universitario. “¿Con qué prestigio vamos a egresar de una universidad que no está licenciada?”, se preguntó a las afueras de la sede de la Sunedu en Lima, hasta donde llegó este martes para protestar contra lo que siente ha puesto en riesgo sus sueños profesionales.

LA REFORMA UNIVERSITARIA

El licenciamiento institucional forma parte de la reforma universitaria que el Perú puso en marcha en 2014, con la creación de una nueva ley donde se estableció la creación de la Sunedu, ente encargado de evaluar, bajo filtros básicos de calidad, a los 145 centros de educación superior del país.

“Son condiciones esenciales para el servicio universitario”, explicó a Efe en octubre pasado el superintendente de la Sunedu, Martín Benavides, sobre los ocho puntos exigidos por este ente regulador para otorgar la licencia funcionamiento a las universidades.

Entre estos, que toda universidad tenga objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio; oferta educativa compatible con los instrumentos de su planeamiento; e infraestructura y equipamiento adecuados.

También líneas de investigación y disponibilidad de personal docente calificado, servicios educacionales complementarios básicos, mecanismos de inserción laboral y la condición complementaria de una gestión universitaria con transparencia.

SITUACIÓN CRÍTICA

Desde la promulgación de la nueva ley, las universidades conocían que habría un plazo para cumplir con las condiciones básicas y presentar su expediente, y en el caso de no cumplir con las ocho exigencias básicas, tendrían que pasar por un plan de adecuación que les permita subsanar sus deficiencias.

No obstante, alrededor del 24 % de las universidades peruanas no lograron cumplir su plan de adecuación en los cinco meses establecidos, ni en las prórrogas que en la práctica, según informaron a Efe fuentes de la Sunedu, esta institución les brindó.

De las universidades con licencia denegada 35 son privadas y una es pública, sin embargo aún quedan alrededor de cinco universidades públicas en espera de conocer el resultado de su evaluación.

Ante el peligro de dejar sin acceso a la educación a los estudiantes del Estado, el Gobierno promulgó en diciembre pasado un decreto de urgencia para declarar en reorganización e intervenir la universidad pública con licencia denegada, a fin de que esta cumpla con ejecutar el Plan de Emergencia del Ministerio de Educación, con miras a una segunda solicitud de licenciamiento ante la Sunedu.

PIDEN UNA OPORTUNIDAD

Una segunda oportunidad que las universidades públicas, a partir de este decreto de urgencia tendrán, y que las universidades privadas con licencia denegada, cuya población estudiantil en total supera a más de 140.000 estudiantes, también reclaman.

“A las universidades estatales se les está dando dos años más y a nosotros no se nos da. Para mí eso va contra la constitución e igualdad de peruanos ante instituciones y Gobierno”, señaló Francisco Pérez Expósito, rector de la Universidad Alas Peruanas, en medio de la protesta frente a la sede de Sunedu a la que llegó junto a docentes universitarios y personal administrativo.

“Estamos unidos, en pie de lucha. Queremos que ese decreto de urgencia que el presidente sacó sea igualitario, y que no solo sean dos años de prórroga para las universidades públicas, sino también privadas”, señaló a Efe Max Aguilar, otro estudiante de la misma casa de estudios, de la filial de Ayacucho, quien cursa el cuarto año de Derecho.

Para Aguilar, su universidad, que en 2018 estuvo en el ojo público debido a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra su fundador, exgerente y exrector Fidel Ramírez, por las que se vio obligado a separarse del centro de estudios, “ha hecho mucho en un año”.

Él está seguro que “con dos años de prórroga” podrían lograr los cambios que exige Sunedu y él podría así continuar con sus estudios, con una pensión de alrededor de 110 dólares al mes.

Una esperanza que no viven las decenas de estudiantes que ya forman colas en los exteriores de la oficina de trámite documentario para solicitar su certificado de estudios, sus sílabos impresos y su certificado de conducta, requisitos para inscribirse en otra universidad.

“Está bien lo que ha hecho la Sunedu con esta universidad”, señaló a Efe un egresado de Estomatología de Alas Peruanas que prefirió no dar su nombre. Él señaló que ha visto cómo la universidad incumple con condiciones de infraestructura y que sus autoridades muestran desinterés ante las necesidades de su población universitaria.

“Nosotros hemos estudiado aquí toda la carrera y sabemos que las condiciones han sido demasiado deficientes”, agregó.

Este egresado acudió junto a sus compañeros de promoción a dicha oficina para solicitar abran un curso que les permita obtener su título universitario antes de que la universidad cese en sus actividades.

Al frente de la Sunedu, en tanto, Aguilar ni Cueva piensan aún en la posibilidad del traslado porque aseguran han visto “el dolor” de sus amigos, quienes en ese proceso han tenido que resignarse a ser retrasados en sus años de estudios, además del costo económico que representa y que no están seguros que sus familias o ellos mismos puedan asumir.

BECAS PARA ESTUDIANTES DESTACADOS

Las autoridades del Ministerio de Educación han reconocido que muchos de los estudiantes tendrán dificultades económicas para trasladarse a otras universidades con licenciamiento, por lo que el Gobierno ha establecido la creación de becas para asegurar la educación de los estudiantes con mejor rendimiento académico y de escasos recursos económicos.

Asimismo, anunció una partida extra de dinero a las universidades públicas para que puedan ampliar sus vacantes para recibir a estudiantes provenientes de las instituciones que no han sido licenciadas.

Mercedes Palomino