“Tú y nuestros amados hijos pagarán las consecuencias”
A pesar de haber ganado, las amenazas de muerte siguen: “Nuestros amados hijos pagarán las consecuencias”. V. S. tendrá que devolver a los dos menores a su padre, que reside en Chile, después de haberle denunciado por violencia machista y haber huido a España junto a ellos hace dos años “para escapar del maltrato”. Un juzgado de Alicante ordenó la restitución de los niños en octubre de 2015. La sentencia ha sido ratificada por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.
S. ha pedido amparo al Constitucional y ha denunciado que su expareja “ha redoblado la presión”: “Yo te amaba más que nada en este mundo”. “Te voy a matar. Ya me da lo mismo todo” son frases que aparecen escritas en un correo electrónico el 2 de enero, ya con los fallos a favor en el bolsillo, según ha denunciado ella en sede judicial. Después llegaron más emails amenazantes.
En un segundo –fechado el 6 de enero– y otro tercero –de 2 de febrero– supuestamente asegura que ha llegado a España. “A ver si me la muestras cuando llegue a Alicante” [la denuncia]. “Tú y nuestros amados hijos pagarán las consecuencias”. “Es la última oportunidad que te doy o van a lamentar todos una tragedia... y tu serás la culpable”, prosigue en los correos adjuntados a las denuncias que ha visto eldiario.es.
S., de 30 años, asegura que la violencia comenzó seis meses después de la boda, en 2005. “La situación se hizo cada vez más insostenible”, lo que le llevó a denunciar por primera vez en 2009. La mujer recibió protección la mayor parte de las veces que denunció, pero los procedimientos acabaron sobreseídos.
El juzgado que ha establecido que los menores deben volver a Chile sentencia que “no cabe darle valor a las meras denuncias” y considera que al no constar “condena alguna del padre como autor de alguno de estos delitos” no se puede estimar “que sea un delincuente o un maltratador”.
Requerimiento a Google
S. ha denunciado los tres correos amenazantes al mismo tiempo que ha solicitado una orden de protección debido a la declaración referida a que su exmarido podría estar en el país. Los dos juzgados que han llevado los casos –Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 y nº2 de Alicante– han rechazado la medida, ya que no hay datos de que el hombre haya entrado en España: “Por no existir indicio del posible traslado del denunciado a España”, dicen.
Aunque uno de los autos especifica que “no existe constancia de la procedencia de los correos electrónicos” otro de ellos establece: “Debe tenerse en cuenta que la denuncia interpuesta continuará su cauce, acordándose las diligencias de investigación que se estimen oportunas, entre ellas remitir los mandamientos a Google. Cuestión distinta es que la denuncia conlleve automáticamente a la adopción de la medida”. Es decir, seguirá indagando las amenazas aunque no le costa que el exmarido haya viajado.
El procedimiento internacional
El procedimiento en el que está inmerso V. es el mismo al que se enfrenta Juana Rivas, una mujer a la que la justicia obliga a devolver a sus hijos a Italia con su padre, condenado por violencia machista. Está basado en el Convenio de la Haya y pretende garantizar “la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado”.
La normativa resalta como punto fundamental “el interés del menor” y contempla excepciones a la restitución, entre ellas, si expone a los menores a un peligro grave físico o psicológico. La sentencia que obligaba a Rivas a devolver a sus hijos a Italia –y que ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Granada– obvia este requisito y elude que los menores son víctimas directas de la violencia machista sufrida por su madre, tal y como especifica la ley española desde julio de 2015.
S. no cuenta con sentencias condenatorias hacia su exmarido, pero el fallo que le obliga a devolver a sus hijos a Chile tampoco nombra a los menores como posibles víctimas. Solo lo hace para asegurar que “no tienen un grado de madurez que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones, dada su edad de siete y seis años”.
La mujer denuncia que los tribunales no han aceptado un informe elaborado por un psicólogo infantil que contempla riesgo para los menores si son restituidos. Al contrario que en el de Rivas, en este caso los menores no han sido evaluados por ningún psicólogo adscrito a los juzgados.
“Te sientes como una delincuente perseguida, pero solo intentamos proteger a nuestros hijos. A los menores no se les ha escuchado. A ellos nunca les ha golpeado, pero la violencia no es solo eso”, sostiene S. “No somos las únicas, hay muchas mujeres en nuestra situación. No es un secuestro, lo que estamos haciendo es salvaguardar la integridad de nuestros hijos”.
