Amnistía Internacional exige que se depuren responsabilidades por las 35.000 muertes en residencias de mayores durante la pandemia

Casi tres años después del inicio de la pandemia y del decreto sobre el estado de alarma, Amnistía Internacional denuncia el abandono y la ausencia de justicia tras el fallecimiento de 35.000 mayores en las residencias.

“Las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias, como exige la normativa internacional, así como el acceso de las víctimas y sus familiares a un recurso judicial efectivo”, expone en un informe publicado este miércoles.

“El abandono sufrido por las familias y la impunidad son patentes en seis instituciones del estado. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados”, explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Para la organización de defensa de los derechos humanos, es necesaria la reapertura de los casos archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas las víctimas.

“Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir”, indica Mercedes Huerta, familiar de una de las víctimas de las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia y miembro de la Plataforma Verdad y Justicia.

Para Amnistía, la ausencia de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en los centros continúa hoy en día y no hay perspectivas de que vaya a cambiar, ni siquiera las instrucciones y protocolos que impidieron que miles de personas recibieran asistencia sanitaria.

“Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes y nadie ha rendido cuentas por ello. En concreto, por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y el derecho a una muerte digna. Es más, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma”, asevera Beltrán.

La organización denuncia la opacidad de la Fiscalía General del Estado ante la inexistencia de datos de acceso público del total de diligencias penales en las que ha intervenido, ni sobre lo que ha consistido su actuación. Destaca que el único paso positivo fue el oficio de la fiscalía el pasado mes de octubre para garantizar que las familias fueran escuchadas en las investigaciones aún abiertas, aunque debería incluir a los casos archivados.

También, expone algunos avances en fiscalías provinciales, como la de Mataró (Barcelona) que presentó una querella en abril de 2022 por homicidio imprudente, lesiones y maltrato contra responsables de una residencia, o la decisión de un juez de Madrid de solicitar la comparecencia como testigos del exconsejero Alberto Reyero y de Carlos Mur, firmante de los protocolos de exclusión de la derivación a hospitales.

El informe lamenta los obstáculos por parte de las autoridades autonómicas para esclarecer los hechos y señala que solo en el Parlamento de Catalunya haya activo un Grupo de Trabajo para analizar lo sucedido y debatir sobre un nuevo modelo residencial.

Amnistía Internacional recuerda que ha pedido al Defensor un monográfico de investigación sobre las muertes que incluya recomendaciones para autoridades y que el Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre el acceso de las víctimas a la Justicia.

Tras el acuerdo alcanzado sobre un nuevo modelo residencial, señala que corresponde a los gobiernos autonómicos implementarlo, garantizando que se respetan los derechos humanos de las personas residentes y asegurando una adecuada dotación de recursos económicos y humanos. “Las autoridades pretenden pasar página sobre lo sucedido, sin tener en cuenta que la verdad, memoria, justicia y reparación son imprescindibles para que algo similar no vuelva a suceder y se garanticen los derechos humanos”, concluye Beltrán.