“Clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad, vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes maltratan el derecho a la Universidad pública”. Arranca la semana del paro, el miércoles y el jueves, en los seis centros públicos madrileños contra la “asfixia” a la que las somete el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Contra la infrafinanciación, contra la nueva ley “impuesta” y su régimen disciplinario, contra la amenaza a la autonomía de los rectorados.
“La asfixia sigue: [lo que proponen los presupuestos de la Comunidad de Madrid] no es una 'subida' [como vende el Gobierno regional] es un estancamiento”, han denunciado en la mañana de este lunes frente a la sede de la Consejería de Educación representantes de las universidades públicas. El Ejecutivo regional ha anunciado que subirá el presupuesto que destina a las universidades un 6,5%, cifra que supone pasar del 0,44% al 0,46% del PIB de la Comunidad, ni siquiera la mitad del 1% que propone la ley estatal como referencia.
Con este pequeño acto se ha dado pistoletazo de salida a cinco días de actos, encierros, pasacampus, clases en la calle y, por supuesto, la manifestación que el jueves recorrerá de Atocha a la Puerta del Sol y que las seis plataformas en defensa de la universidad pública esperan suponga un punto inflexión en su enfrentamiento contra el Gobierno.
Por el momento, los convocantes esperan que la Comunidad de Madrid les reconozca como un agente más y les incluya en una hipotética negociación futura, han explicado este lunes Eva Alcón y Jorge Pérez, de la plataforma de la Complutense, y Hugo Pascual, de la Politécnica.
La Comunidad de Madrid es la que menos dinero invierte en sus universidades públicas en euros por alumno (entre 2008 y 2024 es la única que ha bajado la inversión, que ha caído de 6.425 a 6.184 euros mientras algunas como La Rioja rozan los 11.000), la que más ha reducido las plazas públicas que ofrece (un problema silencioso que afecta a casi todo el estudiantado), la que más alumnos y profesionales ha perdido en favor de la privada, la que peor paga a sus empleados en términos relativos. Es, por supuesto, la que más universidades privadas tiene en su territorio, con 14 frente a las seis públicas.
La comunidad universitaria también se manifiesta contra la ley de universidades que prepara el Gobierno regional. La LESUC estipula, en su redactado actual, que la Comunidad de Madrid no aportará más del 70% del presupuesto de la universidad, lo que obligará a los rectores a salir a buscar financiación. Además, según un cálculo teórico realizado por los profesores Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente, y dos de los principales expertos en contabilidad universitaria en España, el resultado de aplicar la norma será que los campus perderán, en su conjunto, 200 millones de euros.
También supone la ley una amenaza para la autonomía universitaria, según un análisis realizado por catedráticos de Derecho de la Universidad Carlos III. El de momento borrador de ley propone la creación de una especia de cuerpo de supervisores que tendrá que validar cada gasto que se haga en los campus (desde la contratación de un profesor hasta la creación de un nuevo laboratorio, por ejemplo) y que controlarán los Consejos Sociales, regidos actualmente por empresarios, consejeros de las universidades privadas o incluso expolíticos del PP.
Las plataformas confían en un seguimiento “masivo” porque, argumentan, la huelga cuenta con el respaldo de todos los sindicatos con presencia en la universidad, de muchos decanos –la semana pasada se manifestaron ante la sede de la Comunidad en un acto inédito, pero no han apoyado la huelga como colectivo–, estudiantes y personal de administración y servicios. Y han instado a la comunidad a acercarse a los campus. “Huelga no es no ir a clase. Pedimos que la gente vaya a los campus” y participe de las actividades –pasacampus, talleres, encierros– que allí se realicen para dar visibilidad al movimiento.
Este primer bloque de protestas finalizará con una concentración frente a la Asamblea de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de diciembre, día que se debaten las enmiendas a los presupuestos del Gobierno regional. A partir de ahí, las plataformas evaluarán dónde están y futuras acciones, según han explicado sus portavoces.