Los casos de un cura acusado de violación y otro de acoso a una expareja ponen en duda la continuidad del obispo de Málaga

¿Pueden los casos de curas denunciados y detenidos por violaciones o acoso provocar la caída del obispo de Málaga? Expertos en Derecho Canónico y Procesal consultados por elDiario.es apuntan a esta posibilidad, aunque matizan que no creen que la Iglesia llegue a dar ese paso, al menos por el momento. “Con la ley canónica en la mano, Jesús Catalá tendría que ser depuesto de su cargo. Y siguiendo la normativa civil, incluso podría ser acusado de encubrimiento”, dice uno de ellos, que prefiere no dar su nombre por la “delicada” situación que plantea el asunto en la Iglesia española.

“Otra cosa sería si se produce una imputación del obispo. Si no, me temo que la institución acabará haciendo lo mismo que ha hecho en este caso: protegerse a sí misma”, añade un reputado abogado del Tribunal Romano de la Rota, que también pide que no se revele su identidad. Igual que uno de los trabajadores del Obispado de Málaga que ha seguido de cerca la polémica surgida en torno al cura que permanece en prisión desde hace casi un mes, acusado de haber drogado, violado y grabado a varias mujeres, además de mantener una relación con una mujer –tal vez varias– rompiendo la norma eclesiástica del celibato.

A este escándalo se ha sumado, esta misma semana, el caso de otro religioso detenido por la Guardia Civil tras romper la orden de alejamiento impuesta por acoso a otra mujer tras, supuestamente, haber roto ésta la relación. “Lo estamos haciendo todo mal. Hemos respondido tarde, mal, sin preocuparnos por las víctimas y, encima, echando la culpa a la prensa”, cuentan en la diócesis, añadiendo que el obispo, Jesús Catalá, “no escucha a nadie”.

La denuncia por acoso está siendo investigada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga, que informa de que “el denunciado permanece en libertad provisional y contra él no se ha dictado ninguna orden de alejamiento por parte de este órgano judicial”. “Por otro lado, el mismo Juzgado de Vélez acordó archivar la denuncia por robo que el sacerdote había presentado contra la mujer”.

Las críticas a la actuación de Catalá han llegado incluso desde Roma. Aunque el portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, no quiso pronunciarse sobre lo que en la Iglesia ya se llama el 'caso Málaga', el cardenal Cobo, que acaba de ser nombrado, sorprendió con una respuesta contundente: “Hay que ponerse siempre en el lugar de la víctima y efectivamente, a pesar de todas las malas prácticas que hayamos tenido en el pasado, tenemos que aprender del dolor”.

Objetivo: proteger al sacerdote

“Tantos años trabajando por la tolerancia cero, por crear espacios seguros y, al final, resulta que no hemos aprendido nada”, lamenta un cura que lleva años trabajando en la zona con víctimas de abusos a menores y que reconoce que en este caso se han aplicado las mismas (y lamentables) prácticas que en el pasado. A saber: ocultar, trasladar para evitar el escándalo, y ningunear a la víctimas (que pidió, hasta en dos ocasiones, reunirse con el obispo, sin ser atendida) para proteger al sacerdote, al que sólo se retiraron las licencias eclesiásticas dos días después de que estallase el escándalo, y no ocho meses antes, cuando la diócesis conoció los primeros detalles, y procedió al traslado del padre Fran.

La normativa canónica es tajante y, en este caso, muestra a las claras que la diócesis no ha actuado como debía. Es más: ha podido entorpecer la investigación, pues con el traslado del sacerdote en enero desde Melilla a Málaga el implicado tuvo entre siete y ocho meses (no fue detenido hasta septiembre, pero ya conocía que su secreto no estaba a salvo) para borrar posibles pruebas, algo que todavía está investigando la Policía. “Y Dios quiera que no haya pasado nada con ninguna mujer durante esos meses”, expresa un obispo español que explica, de manera reservada, que en la pasada Comisión Permanente (que se celebró la misma semana en que se conoció la detención del padre Fran) se pidieron explicaciones al obispo de Málaga, y que éste aseguró que se había enterado al mismo tiempo que ellos. Algo que repasando los sucesivos comunicados de la diócesis, se demuestra falso.

Tal y como ha trascendido, según confirma la Policía Nacional, las primeras acusaciones llegaron en enero, cuando la pareja del cura, que entonces vivía en Melilla, entregó los discos duros a la Policía.

En ese momento, la investigación puso en conocimiento de la diócesis la situación, lo que provocó el traslado de Francisco J. C. a Málaga... pero nada más. De hecho, el cura –porque todavía es sacerdote, no ha sido suspendido, al menos públicamente, del ministerio, ni se le ha abierto una investigación canónica– empezó a celebrar en las parroquias de Yunquera y El Burgo sin que nadie supiera la razón de su llegada. Entonces, el portavoz del Obispado, Antonio Moreno, sostuvo que el clérigo “fue trasladado por un motivo de salud”, algo que desmiente la Policía.

La mujer avisó a los sacerdotes melillenses de que eran pareja, pero el Obispado aseguraba no tener constancia del resto de material ni de los hechos y defendía que ningún eclesiástico había accedido a los vídeos. Solo después, cuando supieron de su existencia, la incitaron a interponer una denuncia. 

Sin embargo, el vicario de Melilla que recibió la denuncia la expuso a la diócesis, y el obispo recibió de inmediato al cura y le trasladó sin que regresara a Melilla. ¿Cuál fue la respuesta a la mujer? Que dejara en paz al sacerdote. Sin escucharla.

Canonista: "El obispo lo ha hecho fatal. Desde el principio, incumpliendo su obligación canónica, primero, y ciudadana, después, de poner en conocimiento de la autoridad los hechos. Esto último lo convierte, a nivel penal español, en presunto encubridor"

Demasiadas preguntas, a las que hay que añadir que se dejara al acusado entrar en el seminario después de haber sido desaconsejada su ordenación por los trinitarios, y sin que mediase, como es preceptivo, una consulta a la congregación. No es la primera vez que le sucede a Catalá, que en más de una ocasión, tanto en Málaga como en su anterior destino, Alcalá de Henares, ha 'acogido' vocaciones no demasiado claras.

Es el perfil del segundo caso, un cura venezolano, ‘acogido’ por la diócesis de Málaga, y que está siendo investigado por acosar a una ex pareja. La diócesis asegura tener conocimiento del “litigio entre adultos” que mantenían el cura y la mujer que le denunció por acoso. La diócesis ha confirmado que el sacerdote ya no ejerce como tal, aunque al no pertenecer orgánicamente al clero de Málaga –depende de la diócesis venezolana de San Felipe de Ature–, no se le puede expulsar del sacerdocio.

Homosexuales, “una anomalía psicológica”

No es la primera vez que está en el foco de la polémica. Ya en 2004, siendo obispo de Alcalá, concedió una extensa entrevista al Diario de Alcalá en la que, con motivo de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, afirmaba que “ser homosexual es una anomalía psicológica”, que si los gays adoptan niños “en un 80% de las probabilidades, saldrá maricón”, o que “Yo conozco a un joven que es homosexual. ¿Sabe por qué? Porque su padre era un borracho y el crío ha dicho yo jamás quiero ser como papá”. El obispo, que en diciembre cumple 74 años (le falta uno para presentar su renuncia al Papa), parece dispuesto a resistir y, lo que es más grave, a echar la culpa a la “virulencia” de los medios de comunicación, en un caso que ya afecta a toda la Iglesia española, pues Catalá es el miembro más antiguo de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal.

 “El obispo lo ha hecho fatal. Lo hizo desde el principio, incumpliendo su obligación canónica, primero, y ciudadana, después, de poner en conocimiento de la autoridad los hechos. Esto último lo convierte, a nivel penal español, en presunto encubridor, de tal manera que cuando comiencen las diligencias, el obispo será llamado a declarar probablemente, en principio, en calidad de testigo, y luego ya se verá si se le puede imputar…”, indica otro canonista, en declaraciones a Religión Digital.

“El obispo –prosigue esta fuente– estaría vulnerando varias leyes, además de la de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, de 2021, por incumplir su deber de comunicar un hecho presuntamente delictivo. Aparte de que ha pasado por alto el hecho de que se trata de un clérigo que está viviendo en concubinato público, irrelevante para la jurisdicción estatal, pero no para la canónica”.

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