Cifuentes suspende el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid que adjudicó Ignacio González
El contrato para construir y gestionar la Ciudad de la Justicia de Madrid ha quedado suspendido. El 15 de junio, en el último aliento de su mandato, el Gobierno en funciones de Ignacio González (PP) anunciaba la empresa escogida para recibir el contrato de 1.121 millones de euros y 30 años de duración: OHL-Acciona era la ganadora. 24 días más tarde, la presidenta de la región, Cristina Cifuentes (PP) ha anunciado que se suspende el proceso para revisarlo.
La suspensión no implica que se haya evaporado el proyecto, ni siquiera el concurso tal y como lo diseñó, redactó y llevó a cabo el anterior Ejecutivo. Según ha pormenorizado el consejero de Presidencia de Cifuentes, Ángel Garrido, la decisión no implica la extinción: “La adjudicación realizada por la mesa de contratación se mantiene. Lo que haremos es pedir una ratificación de las ofertas que concursar durante tres meses”.
Las ofertas fueron dos: la ganadora de OHL-Acciona y otra presentada por un consorcio liderado por ACS (con la unión de empresas de Iridium y Ferrovial) cuyo montante económico era muy parecido, unos 1.118 millones, pero, a juicio de los evaluadores, bastante más pobre en lo ténico. De los seis criterios que se revisaron, Iridium-Ferrovial sólo obtuvo mejor puntuación en uno.
Lo que pide ahora Cifuentes es que las cosas queden como están sin pasar a la ejecución y mirarse otra vez los papeles del concurso. Un concurso exprés publicado oficialmente en febrero de este año (tras anunciarlo públicamente Ignacio González en septiembre de 2014). Los aspirantes tuvieron poco más de 40 días para preparar sus proyectos (incluida una ampliación de plazo de ofertas que abarcó la Semana Santa).
Tras un par de retrasos en la fecha de apertura de ofertas debido a la “complejidad” de la documentación, según expuso la mesa de contratación, el calendario apretó tanto que los sobres se abrieron el 12 de mayo pasado. Y la propuesta de adjudicación se materializó el 15 de junio. Para entonces, ya no existía la lista de diputados regionales que habían elegido a González como presidente.
La revisión, de momento, no significa una corrección al 100%. Una marcha atrás completa abriría la posibilidad a que la contratista que ganó el proceso, OHL-Acciona, pudiera pedir una indemnización económica no sólo por que la Administración renunciara a formalizar el contrato (el último paso antes de cerrar el concurso) sino también por los gastos en los que hubiera incurrido para la preparación de su oferta.
