El Consejo de Ministros aprueba la reforma con la que pretende acabar con la precariedad en la Universidad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con la que el Gobierno pretende acabar con la precariedad que asola los campus desde la anterior crisis. Con la actividad parlamentaria a punto de suspenderse por el verano, el trámite parlamentario ya queda para septiembre. El ministro, Joan Subirats, sostiene que cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante porque su propuesta “es mejor que la alternativa, que es seguir con la ley actual”.

La aprobación del texto por parte del Gobierno se ha retrasado respecto a lo previsto inicialmente por el cambio de ministro que se dio hace seis meses. El nuevo titular, Subirats, anunció al tomar posesión que quería darle su toque personal a la ley, y ha incluido algunas modificaciones respecto al texto que recibió de Manuel Castells.

Con carácter general, la ley pretende acabar con la precariedad de los profesores asociados, fija un mínimo de inversión en la Universidad y aspira a revolucionar quién acude a los campus y para qué: la apuesta pasa por romper la “rigidez” de la oferta académica actual –limitada a los grados y posgrados– impulsar la formación continua a lo largo de la vida con microformaciones más flexibles e incluso coquetear con la Formación Profesional, además de incrementar la “internacionalización” de los centros atrayendo a estudiantes y profesionales extranjeros.

Las principales novedades que ha incluido el nuevo equipo ministerial en el documento son rebajar la temporalidad máxima permitida en los campus desde el actual 40% hasta un 8%; se simplifica la carrera docente, tanto funcionarial como laboral, limitando y acotando los diferentes escalones; se pretende “transparentar” el proceso de contratación para romper con la endogamia, según explicó Subirats en una entrevista reciente con este diario; se le reconocen al estudiantado derechos como el del paro académico y se ha incluido la obligatoriedad de que todos los nuevos docentes tengan que realizar un curso de formación docente en su primer año.

Hacia un 8% de temporales

La quizá principal apuesta de la reforma universitaria –que sustituirá, si se aprueba, a la actual LOU, de finales de 2001– es la rebaja de la temporalidad máxima permitida hasta un 8%, aunque se excluye de este cómputo a los ayudantes doctores (el primer escalón en la carrera). Este dato está actualmente en el 40% y ni siquiera se cumple en el conjunto del sistema. Para esto el problema está en el profesorado asociado, una figura pensada para usos temporales pero de la que se ha abusado en la última década ante los problemas financieros y de contratación que han tenido las universidades, que han confiado su docencia a estos profesionales a 300 euros al mes.

Para rebajar esta temporalidad, el ministerio da dos años a sus universidades para estabilizar a 25.000 personas contratadas bajo esta figura, que pasarán a ser indefinidas. Con esta medida estos profesionales dejarán atrás la incertidumbre de renovar cada año y ganarán en derechos como generar antigüedad u optar a complementos salariales. También se reserva para ellos un cupo en los procesos de contratación y podrán acceder, en función de su nivel formativo y acreditación, a la carrera universitaria. Otras cuestiones relacionadas con la precariedad laboral, como salarios y condiciones de trabajo, quedan fuera de la ley para ser negociadas en un futuro cercano a través del esperado Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI).

Además, la LOSU simplifica la carrera docente simplificando las figuras de contratación y el paso de unas a otras para hacer la carrera más privisible: habrá profesor ayudante doctor (durante un máximo de seis años y con 180 horas lectivas por año para que no se abuse de ellos y puedan investigar también), profesor titular y catedrático, tanto en versión funcionario (excepto los ayudantes doctores, que no pueden serlo) como laboral.

La otra gran apuesta es dar transparencia a los procesos de contratación para reducir la endogamia universitaria, que se traduce en que un 77% del profesorado universitario ejerce en el mismo lugar en el que se sacó la tesis. Para ello, el texto propone crear un registro centralizado de las ofertas públicas que van saliendo para facilitar el acceso, que las comisiones de selección estén formadas por una mayoría de miembros de fuera de la universidad convocante y que estas se seleccionen por sorteo y no por designación directa.

Más financiación y diferentes formaciones

El anteproyecto de ley también contempla fijar la financiación del Sistema Universitario Español (SUE) en un mínimo del 1% del PIB. Actualmente esta cifra es del 0,7% y el Gobierno tendrá que convencer a las comunidades autónomas de esta subida. La propia ley da un año de margen para que empiecen estas negociaciones.

Además, por primera vez se ligará parte de la financiación de los centros a objetivos. Dice la propuesta de ley que “dichos objetivos estarán vinculados, entre otros, a la mejora de la docencia, la investigación, incluyendo los programas de Ciencia Abierta y Ciencia Ciudadana, la transferencia e intercambio del conocimiento, la innovación, la formación a lo largo de la vida, la internacionalización, la cooperación interuniversitaria y la participación en proyectos y redes, la igualdad de género, el reconocimiento de la diversidad y la accesibilidad universal”.

Otro de los grandes cambios que pretende introducir el Gobierno es la inclusión de nuevos perfiles de estudiantes en los campus. Explica Subirats que la caída de la natalidad va a provocar un descenso del grupo poblacional de entre 18 y 25 años de un 20%. Añade el ministro que las universidades están muy limitadas. Para revertir esta situación, Universidades quiere ampliar el uso de sus centros para crear nuevas modalidades formativas que atraigan a personas de más de 30 años, “incluidas microcredenciales, microgrados u otros programas de corta duración”.

En esta línea de ampliación del tipo de alumnado, la ley abre la puerta a que personas que no cumplen los requisitos previos para estudiar un grado pero cuentan con la experiencia laboral necesaria para ello (que tendrán que acreditar mediante algún tipo de prueba) puedan hacerlo. También pretende ahondar en la “internacionalización” del sistema, atrayendo a más estudiantes extranjeros, con un mención especial para los europeos y latinoamericanos.

Por último, también se introducen cambios en la gobernanza de las universidades. El más llamativo es que se suprime la obligatoriedad de que los rectores tengan que ser catedráticos y además se limita su mandato a seis años no prorrogables, con el doble objetivo de que tengan más tiempo para desarrollar sus proyectos y además se vean liberados de la tentación de tomar medidas destinadas a asegurarse su reelección.