Convertir España a la energía limpia cuesta menos que la indemnización por el almacén Castor
Renunciar al carbón y la energía nuclear en el año 2025 cuesta 1.181 millones de euros. Es mucho dinero, pero está por debajo de los más de 1.700 millones de euros que cuesta el fiasco del almacén de gas submarino Castor.
Los cálculos para que el sistema eléctrico español abandone fuentes sucias de energía los ha realizado el Instituto de Investigación Tecnológica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Comillas de Madrid, a petición de la organización Greenpeace. “Cuando hay voluntad política, esa cantidad se incluye en los presupuestos del Estado. No es un problema técnico, ni tampoco lo es económico”, cuenta Raquel Montón responsable del proyecto de la ONG tras recibir el informe de los ingenieros. ''Además, la factura de la luz no subiría como amenaza el Gobierno siempre que se habla de abandonar el carbón o las nucleares'', explica Montón.
El trabajo ha consistido en prever varios escenarios en la España de 2025: uno en el que la demanda de electricidad ha crecido mucho, otro en el que el crecimiento es medio y otro bajo. Y mezclarlos con un panorama con diferentes niveles de producción con renovables o manteniendo las fuentes más sucias. Y se le somete a un test: ¿Aguantaría sin lo que producen las centrales térmicas y nucleares? ¿A qué precio?
Las conclusiones para un año en el que haya poco viento y poca lluvia (fuente de energía eólica e hidroeléctrica) pero se haya apostado por energías renovables y la demanda de electricidad se contenga (con ahorro energético) son que el coste económico estaría en esos 1.181 millones que Greenpeace pide que cubra el Estado a cambio de los “beneficios sociales y ambientales” de acabar con esas centrales “sucias”. Y añade: cada año, las eléctricas abonan 1.497 millones de euros por el impuesto de producción eléctrica que supone el 7% del total así que “el sobrecoste económico de eliminar el carbón y las nucleares es el 5,5% de los ingresos directos de estas empresas”.
En todo caso, lo que el estudio siempre subraya es que España necesita un sistema de producción de electricidad más flexible para echar mano de diferentes fuentes de energía con más facilidad –las nucleares, por ejemplo son muy poco flexibles, no se apagan o encienden sencillamente–. También se apunta a la importancia de ahorrar electricidad y que los aparatos que la usan sean más eficientes: menos consumo para hacer lo mismo.
2025 es un horizonte cercano. Un sistema más limpio impone una previsión y un plan. Lo que la ONG ha querido probar ''con números'' es que ''técnicamente'' es posible.
La eliminación del carbón es un objetivo al que ya se han comprometido, al menos, una veintena de países firmantes de la Alianza para el abandono del carbón. Encabezados por Gran Bretaña y Canadá, a la lista se añadieron Francia, Italia, Dinamarca, Austria, Letonia, Luxemburgo, Suecia o Portugal, de la Unión Europea. Su fecha es más lejana, desde luego, y se situó en 2050. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, no ha contemplado un compromiso gubernamental en ese sentido para España. De hecho, Nadal ha anunciado este lunes que el Gobierno tramitará una ley para frenar cierre de plantas. Las centrales térmicas son un fuerte emisor de gases de efecto invernadero, origen del cambio climático, además de las consecuencias de la polución del aire por otros contaminantes como los óxidos de nitrógeno el dióxido de azufre o en la salud.
La energía nuclear en España produce, más o menos, el 20% de la electricidad. El parque está compuesto por siete reactores de los que seis verán caducar su autorización entre 2020 y 2021. Las empresas dueñas de la plantas, Iberdrola, Endesa y Gas Natural, han expresado su deseo de que las centrales obtengan el permiso para el denominado funcionamiento a largo plazo que implica alargar su vida útil más allá de lo previsto en su diseño y llevarla a los 40 años de servicio. Justifican esta petición por las inversiones de mantenimiento y renovación que han llevado a cabo en sus instalaciones.
La prospección de los ingenieros de la Universidad de Comillas calcula que desenchufar los reactores atómicos de la red eléctrica implicaría un aumento de emisiones de CO2. “Pero sería inferior al 10% de los compromisos de emisiones de España para 2030”, argumenta Greenpeace. Y, a cambio, explican, España se libraría “de los problemas debidos a los riesgos de accidentes y los residuos radioactivos”.
Pago millonario por los desechos
Sobre el tema de los desechos, España se ha visto obligada a pagar 500 millones de euros a Francia por almacenar los residuos nucleares de Vandellòs desde su clausura en 1989. Desde julio de 2017, se abona una multa diaria de 67.000 euros por mantenerlos allí más allá de la fecha acordada mientras se lidia con la construcción del Almacén Temporal Centralizado en Cuenca. El proyecto del ATC no para de recibir el impulso del Gobierno a pesar de las deficiencias geológicas derivadas de la ubicación elegida (que han ido aflorando según se avanzaba en los trabajos). Su retraso ha hecho que algunas centrales hayan comenzado a tramitar sus propios basureros radioactivos particulares. La empresa pública ENRESA también ha abonado casi 100 millones para que el almacén británico de Sallefield custodiara y finalmente se quede con los residuos de la central de Garoña.
El Gobierno está en proceso de elaboración de una ley de cambio climático y transición energética. En una fase aun preliminar, la ONG entiende que el articulado debería incluir el objetivo de abandonar el uranio y el carbón en siete años. Sin embargo, puede servir de pista el hecho de que el Ejecutivo utilizara su capacidad de veto por motivos presupuestarios de la proposición de ley presentada por Unidos Podemos ahora hace un año sobre el fin del parque nuclear español en 2024. En los últimos 12 meses, el 65,8% de la electricidad española provino de fuentes no renovables, según Red Eléctrica Española. El 22,4% fue nuclear y el 16,5% del carbón. La hidroeléctrica y la eólica se quedaron en un 27% entre las dos.
