La crítica de los jueces a una viñeta feminista termina en retirada: ¿cancelación en nombre de las víctimas?

Viñeta retirada de la exposición de Diana Raznovich

Las viñetas de Diana Raznovich acompañaban a quienes cruzaban la Estació Intermodal de Palma desde el 14 de marzo. Lo hacían como una exposición enmarcada en la conmemoración del 8 de marzo y organizada por el Institut Balear de la Dona con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Es por eso que en todos los carteles y viñetas aparecían los logos de varios organismos públicos, también del Ministerio de Igualdad. La exposición llevaba varias semanas en marcha cuando la difusión en redes de una de las viñetas –la de un juez que no cree a una mujer que denuncia maltrato– llevó a todas las asociaciones judiciales y a representantes de otros organismos y administraciones a poner el grito en el cielo. La polémica y la presión hicieron que, finalmente, el Institut de la Dona retirara esa viñeta de la exhibición, que continuará hasta la fecha prevista de clausura, dentro de dos semanas.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y el Foro Judicial Independiente lanzaron un comunicado conjunto en el que mostraban su rechazo por una ridiculización de la justicia que consideraban injusta y también contraproducente para las víctimas. También lo hacía la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y el propio Consejo General del Poder Judicial. La ministra de Justicia, Pilar Llop, dejaba constancia en Twitter de su “rechazo enérgico a una imagen injusta de jueces y juezas que día a día luchan contra la #ViolenciaMachista”. Aunque nadie pedía explícitamente la retirada de la viñeta, el efecto terminó siendo ese. La propia Diana Raznovich ha denunciado lo que considera censura.

La jueza especializada en violencia machista y miembro de la Asociación de Mujeres Juezas, Lucía Avilés, considera “desafortunado” el modo en que esa viñeta trata a la justicia. Aunque no se tratara de una campaña institucional propiamente dicha, Avilés cree que es una acción de un ente público “que carga las tintas sobre una parte de las instituciones, la justicia”. “Una parte que obviamente tiene mucho peso y que en muchas ocasiones tiene bien ganada la fama de justicia patriarcal pero en violencia de género a lo mejor no es lo más adecuado mostrar esta imagen de esta manera. No es una crítica a una actuación concreta, la crítica es sana y nos hace avanzar, pero esto es decirle a las mujeres que están viviendo eso, sobre todo a las personas que están dudosas, que la justicia es ineficaz, y ese mensaje es muy dañino”, reflexiona.

Mensaje inadecuado o reflejo de la realidad

Ese argumento, que la viñeta sea un mensaje perjudicial para las mujeres que sufren violencia machista, ha sido muy repetido en los últimos días. La experta en atención directa y diseño de políticas públicas en violencias de género Laura Macaya lo rechaza con contundencia: “La violencia institucional de los jueces, juezas y operadores jurídicos está más que constatada, por lo tanto, que una campaña lo refleje lo que hace es poner en evidencia algo que es conocido por mucha gente e incluso para las propias víctimas. La falta de reconocimiento a las víctimas, el trato vejatorio, el racismo institucional, la desprotección de las víctimas ”incorrectas“, por ejemplo, no hablando a la mujer agredida cuando es de origen cultural distinto, o dudando especialmente de su testimonio o de la continuidad que la mujer va a darle al proceso. Esto lo constatan las asociaciones y las personas que acompañamos procesos de recuperación desde el ámbito de la garantía de derechos: educadoras, juristas, psicólogas, etc”.

Macaya recuerda un informe hecho por Amnistía Internacional para evaluar los primeros diez años de funcionamiento de la Ley de Violencia de Género en el que la organización constataba, por ejemplo, deficiencias en las investigaciones de oficio, la falta de protección adecuada a las víctimas o los prejuicios a los que se enfrentan cuando deciden denunciar.

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herrero, insiste en que el mensaje de la viñeta era “muy inadecuado”. “Cuando hablamos de violencia de género hablamos de la vida de las mujeres y de sus hijos e hijas. Como lo que está en juego es tan grave no me parece bien mandar un mensaje que desacredita un trabajo y que puede conducirlas a no denunciar”, agrega. Herreros subraya que en los últimos años se ha avanzado mucho en el ámbito judicial y legislativo y que España está a la vanguardia de la lucha contra la violencia de género, aunque hay aspectos que “pulir y mejorar”. “Hay muchos compañeros que hacen un trabajo excepcional. Lo que nos preocupa es también lo que puede suponer como desincentivo para que las mujeres vayan a denunciar”.

Para la periodista feminista June Fernández, la idea de que esa viñeta es inadecuada porque minará la confianza de las mujeres en la justicia es “perversa”. “Hay sobrados ejemplos de sentencias machistas y cualquier abogada, psicóloga o trabajadora social especializada o cualquier víctima puede confirmar que hay discursos que avalan que si la violencia machista no se ejerce de forma física y extrema es muy difícil acceder a mecanismos de protección y encontrar magistrados que entiendan que eso es violencia”, explica. Las periodistas especializadas, apunta, dan con este tipo de historias con mucha frecuencia.

“Censura”

La consecuencia del malestar judicial y de la presión fue la retirada de la viñeta. “Es la primera vez que me censuran una viñeta. Puede haber habido gente que se haya sentido más o menos afectada por una viñeta u otra, pero no son más que episodios que les pasan a todos los humoristas. Pero que censuren una viñeta hasta el punto de descolgarla, me ha sorprendido muchísimo y me ha dolido”, decía la autora, Diana Raznovich. La escritora pedía la restitución de su viñeta y aseguraba que aludía a un juez, pero no a todos los jueces.

A la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I Marisa Cuerda Arnau, la retirada del cartel le parece “un dislate”. “Por mucho que el Institut de la Dona esté detrás, no es un cartel de publicidad institucional (en cuyo caso habría que matizar; sobre todo, en tanto que puede disuadir de la denuncia). Pero es una exposición artística , ¿van a ser estos a partir de ahora los límites del humor y del arte gráfico?”, se pregunta.

“Muchas veces se relaciona la actitud censora y los ataques a la libertad de expresión con lo políticamente correcto y se nos acusa a las feministas de practicar esa cancelación. Lo que vemos, sin embargo, es que en otros sectores esta actitud es mucho más limitante y al final fiscalizan lo que se hace desde posiciones feministas y se trata de dinamitarlo”, argumenta June Fernández, que aboga por la premisa feminista de que el humor vaya “de abajo a arriba en las jerarquías sociales” y sirva para apelar y desafiar a quien tiene el poder, también el poder simbólico. “¿Con qué vara de medir medimos qué chistes o viñetas son aceptables?”, plantea la periodista.

La pregunta sirve para la viñeta de Raznovich, el chiste de Chris Rock sobre la calvicie de Jada Pinkett y muchas otras obras y expresiones artísticas que pueden llegar a merecer el reproche social o el de un colectivo. En el caso de la imagen exhibida en la exposición de Palma, el reproche terminó en una retirada. Macaya dice: “La cancelación por motivos ideológicos me parece problemática para nuestra salud crítica, intelectual y democrática, pero es que además en este caso, ni siquiera me parece que se censure una opinión, sino que se censura la denuncia de un hecho que está sobradamente contrastado y objetivado. Que lo haga una institución me parece un ejercicio de salud democrática”.

Una exposición con fondos públicos

Inés Herreros defiende que esa viñeta exigía una aclaración y que por eso su organización salió para “decirle a las víctimas que estamos ahí para ayudarlas, porque donde más vidas se salvan es en los juzgados de violencia machista”. La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales no se pronuncia sobre su retirada, que la asociación no pidió en el comunicado que publicó esta semana. Sí cree que los logos oficiales y las campañas que se hagan bajo su amparo deben ir encaminadas “a mejorar la calidad de vida de las víctimas” y esta acción, considera, no lo hacía.

De muy distinta opinión es Macaya: “No puede convertirse a la justicia y sus representantes en miembros intocables de la sociedad, porque eso no solo empeora nuestra democracia sino que además deja el campo abierto a los abusos de poder, muy frecuentes por otra parte, entre el colectivo de jueces”. Que en la viñeta constaran los logos oficiales de los organismos que financiaban la acción no cambia el desarrollo, opina. “Las instituciones deberían ser capaces de intervenir de alguna forma ante los abusos de poder del poder judicial. De hecho, en muchas ocasiones nos encontramos con situaciones de violencia institucional gravísima cuando acompañamos a mujeres a los juzgados a denunciar o seguir un proceso de violencia de género y ante ello a veces reportamos a los responsables políticos municipales o autonómicos, los cuales no disponen de medios para intervenir ante la intocabilidad de los jueces, cosa que puede parecerme razonable si sus propios mecanismos de control funcionaran y fueran accesibles”.

La jueza Lucía Avilés reconoce que en otros momentos la reacción judicial no ha sido tan contundente. No lo fue, por ejemplo, cuando el juez Ricardo González emitió su voto particular en el caso de 'la manada', un texto salpicado de prejuicios y de afirmaciones contra la víctima. Entonces, no hubo consenso entre las cuatro asociaciones de jueces y juezas para emitir un comunicado.

“Es verdad que destila cierto corporativismo, pero me sigue rechinando cómo puede repercutir esto a una víctima. Hay que contextualizar esto, estamos en un momento en el que hay un negacionismo de la violencia de género en auge, y si una mujer tiene dudas y está escuchando que la violencia de género no existe y ve una imagen como esta, de una campaña pagada con fondos públicos organizada por una entidad pública... Eso es lo que me preocupa más allá de la imagen de un juez”, admite Avilés, que reflexiona sobre hasta qué punto puede o debe efectivamente 'protegerse' a las mujeres de este tipo de contenido.

June Fernández se muestra escéptica sobre hasta qué punto lo sucedido es más una preocupación por la imagen de la judicatura “que por la realidad que están contándonos las mujeres”. “Para el feminismo también es una gran contradicción: creemos firmemente en que hay que denunciar la violencia y en que la justicia tiene que ser un elemento de reparación y estar a nuestra disposición, pero eso choca con la realidad de muchas sentencias y jueces, que no son algo puntual”.

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