Deniegan a los presos independentistas un permiso para confinarse en su casa

Las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas han denegado a los líderes independentistas presos un permiso para pasar el confinamiento del coronavirus en sus casas, una decisión que JxCat y ERC han atribuido a las “amenazas” del Tribunal Supremo a los funcionarios de prisiones.

La Generalitat anunció el martes que estudiaría los resquicios legales para poder acordar el confinamiento domiciliario de presos con el 100.2, pero el Tribunal Supremo advirtió de que si se enviaba a casa a los líderes del 'procés' los funcionarios de las juntas de tratamiento podrían incurrir en un delito de prevaricación.

Finalmente, las juntas de tratamiento han denegado a los presos independentistas un permiso que sí ha sido concedido a una quincena de reclusos de segundo grado que tenían salidas amparadas por el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

En concreto, se ha decidido conceder dicho permiso a cuatro internas de la prisión de mujeres de Wad-Ras (Barcelona) y a once reclusos de Quatre Camins (Barcelona), mientras que el resto de centros penitenciarios “han descartado todos los casos que se han evaluado”.

Los quince internos a quienes sí se ha permitido confinar en sus domicilios representan el 15 % de todos los presos con el 100.2 en Cataluña y ninguno de ellos estaba en centros abiertos.

Tras el anuncio, la consellera de Justicia, Ester Capella, ha acusado al Supremo de haber querido “condicionar” la decisión de los funcionarios de las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas, lo que ha tachado de “inaudito, vergonzoso e inapropiado de un Estado de derecho”.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrado también su indignación. “No sé por qué tanta crueldad, no sé por qué tanta injusticia, amenazas”, ha afirmado, antes de añadir: “No entiendo cómo se puede haber endurecido tanto el corazón de los hombres”.

“La represión también es esto: que las amenazas del Supremo venzan al sentido común y a la propia ley. Los presos políticos se acogían a permisos penitenciarios con todo su derecho”, ha escrito en Twitter la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs.

Tras conocer la decisión, ERC ha anunciado que denunciará ante la Unión Europea y Naciones Unidas lo que considera “amenazas y coacciones” del Supremo a los funcionarios de prisiones de Cataluña.

En un tuit dictado desde la cárcel de Lledoners, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha denunciado la situación: “Volvemos a ver y a sufrir cómo el Tribunal Supremo desobedece los dictámenes y recomendaciones de Europa. Esta vez añade amenazas a funcionarios. La 'justicia' española prevaricando. Ninguna novedad”.

“Con amenazas y coacciones, así ha intentado el Supremo condicionar a los funcionarios de prisiones. Todo por evitar el confinamiento en casa de los presos y presas políticas. Es inaceptable”, ha dicho el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès.

Por su parte, Blanca Bragulat, mujer del exconseller preso Jordi Turull, ha cargado contra el departamento que dirige la republicana Ester Capella: “La conselleria de Justicia aprueba el confinamiento domiciliario de 15 presos con un 100.2 (y no son los presos políticos). A partir de ahora quizá que cuando los mencionen hablen de políticos presos”.

A su vez, Òmnium Cultural ha denunciado que “los poderes del Estado utilizan el miedo y la amenaza para vulnerar los derechos fundamentales de los presos”.