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Dudas jurídicas sobre la cartilla COVID y el registro en los bares

Dudas jurídicas sobre la cartilla COVID y el registro en los bares

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Madrid, 28 jul (EFE).- El proyecto de la Comunidad de Madrid de implantar una "cartilla Covid" y un registro de clientes de las terrazas para facilitar los rastreos ha suscitado dudas, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también en el campo de la privacidad y la protección de datos.

La presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que pondrá en marcha en septiembre un proyecto piloto de 'cartilla Covid' para que quienes tengan anticuerpos o se hayan sometido a una prueba PCR tengan registrada esa información en la cartilla.

Una medida que se une al uso obligatorio de las mascarillas desde este jueves y al registro, a través del DNI, a los clientes de terrazas y centros de ocio para facilitar los rastreos.

Poco después de conocerse el anuncio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que ningún organismo internacional apoya medidas como esa cartilla, y también el doctor José María Molero, experto en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, ha subrayado a Efe "los riesgos que conlleva", entre ellos una "falsa sensación de seguridad", además de problemas de "índole ética y moral", profesionales y legales.

También en el campo de la protección de datos y la privacidad, apunta Eduard Blasi, profesor de posgrado de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), la iniciativa presenta "algunos interrogantes" y ha sido acogida con cierta sorpresa.

Aparte de no dar suficientes "garantías" desde el punto de vista sanitario, este experto en derecho digital y protección de datos destaca varios "puntos de riesgo claros" en la cartilla covid: el tratamiento de los datos sobre la salud, una información con "importantes implicaciones en la intimidad", y las "potenciales vulnerabilidades" del sistema que los almacene.

Si éste no es lo suficientemente robusto, los datos podrían correr peligro y estar "incluso al alcance de ciberdelincuentes", explica Blasi, quien además opina que se debería plantear una "evaluación de impacto" antes de implementar estas medidas.

Blasi no duda de la licitud del registro de clientes de establecimientos de ocio a través del DNI dado que "existe un interés general de proteger la salud de los ciudadanos", pero considera que puede haber medidas "menos intrusivas" en el ámbito de la protección de datos.

Subraya que, a través de esta medida, se van a "recabar y tratar" también datos de personas "sanas" sin que posiblemente exista una "necesidad imperiosa" de hacerlo porque "no presentan ningún riesgo".

Borja Adsuara, abogado especializado en protección de datos, admite que aún hay muchos detalles por conocer y que deberían plasmarse en un texto normativo como la base legal del tratamiento (si es voluntario u obligatorio, y en este último caso si es por el interés vital del individuo o por un interés público esencial) y las garantías de la protección de los datos personales recabados -como el período de tiempo en el que se suprimirán estos-.

A falta de conocer los pormenores, Adsuara declara que "le chirría" que se vaya a pedir el DNI cuando lo que es necesario es un teléfono de contacto, ni siquiera un nombre: "Hasta que no vea la norma no puedo pronunciarme pero lo que me dice el sentido común es que pedir el DNI, incluso te diría que el nombre, por el principio de minimización de datos, me parece exagerado".

En este sentido, recuerda que la app europea de rastreo por proximidad solo solicita un número de contacto y se pregunta por qué ahora en algunas comunidades autónomas se quieren pedir más datos y por qué en lugares de ocio y no, por ejemplo, en peluquerías.

Sin entrar en valoraciones políticas o sanitarias, el experto Joaquín Muñoz recuerda que el reglamento de protección de datos prevé el tratamiento especial de datos, como los de la salud, en situaciones excepcionales como una pandemia.

Ahora bien, recuerda este abogado de Ontier, los datos deben ser tratados por las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones y el tratamiento “no es absoluto”.

Es decir, se tienen que cumplir las medidas de transparencia y proporcionalidad. Esta última debe justificarse en la necesidad, la idoneidad (que entre todas las medidas la escogida sea la mejor) y la proporcionalidad propiamente dicha (que no sea abusiva la recopilación de datos en relación al bien que se quiere generar).

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Publicado el
28 de julio de 2020 - 20:14 h

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