El Ejecutivo salvadoreño gana pulso al Judicial y libera a una condenada por abortar

El Gobierno de El Salvador demostró quien manda e hizo uso del poder de conmutar una pena que le confiere su estatus sobre el Poder Judicial para poner en libertad a Teodora Vásquez, condenada en el año 2008 a 30 años de cárcel, castigo ratificado por la Justicia hace poco más de dos meses.

Pese a que la conmutación de una pena debe ser aceptada por el poder Judicial tras la solicitud del Ejecutivo, fue este último el que hizo valer sus facultades para presionar a la Corte Suprema de Justicia, que finalmente dio su beneplácito para liberar a la condenada.

No obstante, la libertad recuperada por Vásquez este jueves no significa que sea declarada inocente, ni que vaya a ser resarcida por los casi 11 años que pasó en prisión, más de la tercera parte de la condena que se le impuso.

Pero esta precisión no es algo en lo que piensen hoy las asociaciones, tanto nacionales como internacionales, que solicitaron en reiteradas ocasiones la liberación de la rea, por considerarla injusta y desproporcionada, y que celebran la libertad como un triunfo político y social.

La salida de la cárcel de Vásquez cogió por sorpresa a organizaciones públicas y privadas, ya que el secreto de la conmutación de la pena, firmada el pasado 24 de enero, se mantuvo hasta el último momento.

Muy pocas esperanzas había de que este hecho sucediera, ya que a principios de diciembre del pasado año, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador ratificó la condena durante la audiencia de revisión de pena y que, según organizaciones nacionales e internacionales, era definitiva para lograr la liberación.

En aquel momento, asociaciones por la despenalización del aborto en El Salvador, Amnistía Internacional, activistas de derechos humanos, la defensa de Teodora y la propia familia de la condenada esperaban que esa misma noche durmiera ya en su casa y fuera libre.

Sin embargo, el sueño de unos y otros, especialmente de la propia rea, se rompió, pero continuó la lucha, una pelea contra viento y marea que este jueves pone punto y final a más de 10 años de lo que diversos sectores califican de “injusticia”.

Pero la batalla continúa, tal y como dijo Vásquez a su salida de la cárcel, quien aseguró que ella misma seguirá luchando para que otras 13 mujeres salvadoreñas con condenas similares recuperen la libertad.

“Seguiré luchando y quiero agradecer a mi nación por darme esta gran oportunidad y estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia”, sostuvo la mujer, a quien sus familiares y representantes de las organizaciones sociales que la apoyan esperaban fuera de la prisión.

Por otra parte, los antiabortistas reclaman su sitio a través de las redes sociales e insisten en que la conmutación de la pena y la libertad de Teodora no la convierten en inocente y reclaman cumplimiento íntegro de las penas por abortar.

El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta son los únicos países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto.

En octubre de 2016, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), al frente del Gobierno, propuso al Congreso despenalizar el aborto en los casos en que exista violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, mientras la oposición pidió incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.

El pasado 5 de febrero, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, instó a El Salvador a declarar una “moratoria” para la aplicación de la prohibición del aborto, que a su juicio genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado.