IU estudia “nuevas acciones” para que la Fundación Francisco Franco entregue todos los documentos secretos
Izquierda Unida está estudiando si el Gobierno “vulnera la ley de Secretos Oficiales” por no exigir a la Fundación Francisco Franco la entrega de toda la documentación clasificada como secreta que maneja, tal y como reconoce el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al portavoz de la formación en el Congreso, Alberto Garzón.
Garzón alertó al Gobierno a través de una pregunta por esta vía de que la Fundación Franco tiene en su poder documentación de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno hasta junio de 1973, cuando se nombró presidente al almirante Luis Carrero Blanco. Esos documentos, recordaba la iniciativa, “deberían estar en la institución correspondiente y no en una entidad privada”.
La fundación aportó documentación digitalizada y la depositó en el Centro Documental de la Memoria Histórica como consecuencia de las ayudas que se le concedieron al organismo a principio de los años 2000. Vista dicha documentación, dice Garzón, “se aprecia que buena parte de los documentos están clasificados, muchos de ellos como secretos”.
El Ejecutivo asegura en la respuesta que “se adoptaron las medidas oportunas encaminadas a retirar de la consulta pública todos aquellos materiales que se consideran afectados por la normativa sobre secretos oficiales” y se solicitó a la fundación que remitiera la oportuna información a los organismos competentes “a los efectos de la protección de la información de los documentos mencionados y contra la eventual divulgación de su contenido”.
IU dice, tras conocer la respuesta, que el Gobierno “no explica nada del destino final de la documentación original” y “estudia si podría estar incurriendo en una clara dejación de sus funciones al no exigir la entrega de toda la documentación original que entra dentro de esa categoría de secreto oficial”.
“El Gobierno muestra desde hace años una pasividad cómplice frente a los flagrantes incumplimientos de una fundación que actúa en contra de la legalidad vigente”, denuncia Esther López Barceló, responsable de la Secretaría de Memoria Democrática de la formación.
