La Junta de Andalucía cree que el seguimiento de la huelga del 13,5% no responde al “ruido” generado

El consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, ha cifrado en un 13,5 por ciento el seguimiento de la huelga en educación convocada por el decreto de escolarización y ha opinado que esas cifras no dan respuesta “a todo el ruido” que se ha generado con un “sesgo ideológico” para ir contra el Gobierno.

Imbroda, que ha atendido a los periodistas en San Telmo mientras un grupo de manifestantes protestaba ante las puertas de la sede de la Presidencia, ha asegurado que este decreto no supone “ningún tipo de riesgo” para la educación pública, ha criticado a quienes lo están utilizando “para armarse e ir contra el Gobierno” y ha asegurado que habrá mucho diálogo para explicar bien la medida a los colectivos.

“El sesgo ideológico se lo achaco a todos aquellos que han pretendido utilizar este decreto para armarse e ir contra el Gobierno y contra este consejero”, ha dicho Imbroda, quien cree que después de la respuesta del 13,5 % serán esos impulsores quienes deberán explicar “por qué han trasladado algo absolutamente irreal”.

Ha afirmado que “el decreto va a seguir su curso” y que procurarán sentarse con todas las organizaciones y colectivos “porque quizás no han entendido bien el espíritu de este decreto” o se ha podido hacer “alguna malinterpretación”.

Ha manifestado que se trata de un decreto de escolarización y no de planificación, que buscar darle a las familias la opción de elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos, y ha recordado que esa opción ya se reflejaba en el decreto que puso en marcha en 2007 el PSOE “y no pasó absolutamente nada, no hubo respuesta sindical ni nada, todo lo contrario, se sumaron a esta opción”.

El consejero, que ha mostrado en todo momento su respeto al derecho a la huelga, ha expuesto, como argumentos contra la acusación de desmantelamiento de la educación pública, el mayor presupuesto de la historia en Educación, la mayor plantilla docente y el balance positivo en la creación de unidades públicas.

La Junta aprobó en febrero un nuevo decreto de escolarización que, además de cambiar los criterios de admisión y preferencia, permitirá que todas las familias puedan solicitar plaza en un centro concertado, siempre que exista uno en su localidad, al eliminar las zonas de influencia.

Los sindicatos convocantes piden la retirada del citado decreto porque consideran que es un “ataque a la escuela pública” ya que “ahonda en la liberalización y privatización de los servicios públicos” y también alegan que “las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social provocarán un incremento de la segregación escolar”.